Durante la visita a Cuba el Presidente de Barack Obama, quizás con excesiva prudencia, afirmó reiteradamente que los problemas de Cuba debían ser resueltos por los cubanos. Ello es en gran medida correcto. Los pueblos, sea el cubano o el venezolano, tienen el derecho de decidir su destino, sin la injerencia o imposiciones de otros y cuando digo elegir su destino, me refiero a la decisión que tome la mayoría, de ejercer su derecho a la autodeterminación política, por la vía electoral.
La comunidad internacional, sin embargo, no puede ignorar los procesos internos, sobre todo cuando una minoría intenta imponer por la fuerza un sistema político rechazado por la mayoría. Más aun cuando ese sistema que se trata de imponer se basa en la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos, cuando el régimen que intenta imponerse persigue, discrimina, encarcela injustamente, tortura y trata de manera inhumana y degradante a quienes disienten o son simplemente críticos de sus políticas, como es el caso de Venezuela y Cuba.
La sociedad internacional ha evolucionado y con ella, desde luego, el Derecho Internacional que regula las relaciones entre sus sujetos y actores, disciplina que considera hoy que hay materias que van más allá de las jurisdicciones nacionales, materias que se ubican en el ámbito internacional, en ese espacio común que sería el orden público internacional, entre las cuales las relativas a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, a la democracia. Sin duda, la soberanía no es más absoluta como lo había sido hasta hace poco, cuando no se habían definido los espacios comunes, entre ellos, la defensa de la persona.
Del derecho de los pueblos a escoger su destino y a vivir en democracia surge la obligación de los gobiernos y de las instituciones internacionales e incluso de la sociedad civil internacional, de velar por el respeto y a la promoción de esos derechos inherentes a la persona que no pueden ser derogados bajo ningún concepto. Estamos, sin duda, ante normas imperativas inderogables.
La situación en Cuba o en Venezuela exige del apoyo y la solidaridad de la comunidad internacional que lejos de intervenir en los asuntos internos puede promover de conformidad con el Derecho Internacional y los principios fundamentales de las relaciones internacionales, la democracia y el respeto de los derechos humanos que en definitiva es un patrimonio común que estamos obligados a defender, cada uno desde su propia trinchera.
Solicitar a la OEA que considere la situación en Venezuela y adopte las medidas que considere necesarias para restablecer el orden en Venezuela, restaurar la democracia y el Estado de Derecho, en virtud de la Carta Democrática Interamericana, es un derecho de todos los venezolanos, representados hoy en una Asamblea Nacional democrática, elegida libremente por los venezolanos el pasado 6 de diciembre.
La Carta Democrática Interamericana es un instrumento jurídico fundamental que regula la vida política de la región y que como tal debe ser observada por los Gobiernos y las instituciones regionales. Su aplicación es hoy fundamental para que la paz reine en el país y en la región.
No se trata de ninguna manera, de injerencia en nuestros asuntos internos, se trata de proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos que no pueden ser más vistos como de la exclusiva responsabilidad de los venezolanos. Los venezolanos exigimos hoy de la comunidad internacional, de la regional en particular, la mayor solidaridad y la cooperación de todos, como una vez lo hicimos ante las dictaduras que desgarraron el continente.
@CarmonaBorjas