La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió hoy a los Gobiernos de El Salvador y Venezuela que respeten los derechos humanos en las operaciones de seguridad en marcha para frenar la creciente violencia en ambos países.
La CIDH, con sede en Washington, abrió hoy la semana de audiencias públicas de su primer periodo de sesiones de este año con casos de El Salvador, Venezuela, Ecuador, Puerto Rico, Estados Unidos, Paraguay y Costa Rica.
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el Estado salvadoreño haya recurrido a medidas “represivas y populistas” para afrontar la crisis de seguridad y el aumento de la violencia en el país.
Los defensores de derechos humanos fueron muy críticos con el plan del Gobierno “El Salvador seguro”, al considerar que solo se enfoca en la persecución penal del delito y no prioriza la prevención ni la atención a las víctimas.
“Está claro que existe un problema y que hay que encontrar el equilibrio entre seguridad y derechos humanos”, consideró la comisionada Margarette May Macaulay, que presidió la sesión, tras escuchar a las partes.
El canciller Salvadoreño, Hugo Martínez, reafirmó el “compromiso” del Gobierno con el respeto de los derechos humanos y subrayó que el gesto de enviar a un canciller a las sesiones de la CIDH, algo muy inusual, denota el interés del Estado por cumplir con los estándares internacionales.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, agradeció la presencia del canciller y “el mensaje que eso implica”, y propuso que la relatora para El Salvador, la comisionada Macaulay, viaje al país centroamericano y presente allí el informe sobre la niñez para ofrecer orientación.
El canciller aceptó esa visita, que técnicamente no es una visita de la CIDH sino de una de sus Relatorías (la de los derechos de la niñez) y, por tanto, no tiene necesariamente que producir un informe sobre derechos humanos.
La seguridad ciudadana centró también una de las cuatro audiencias que la Comisión dedicó hoy a Venezuela, uno de los países más críticos con la CIDH pero que, a diferencia de Ecuador, siempre asiste e incluso promueve sesiones para defender que respeta los derechos humanos.
El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, Larry Devoe, aseguró hoy que el Gobierno analizará si se han cometido violaciones de derechos humanos en el marco de la Operación Liberación del Pueblo (OLP) y, de haberlas, las llevará ante la Justicia.
“Esta operación busca devolver la paz a esos territorios, vamos a revisar los casos y si se ha cometido una violación de derechos humanos los responsables serán sometidos a la Justicia”, afirmó Devoe.
Esta audiencia la pidieron las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Provea para denunciar casos de detenciones arbitrarias masivas, desalojos forzosos y al menos 20 presuntas ejecuciones extrajudiciales en el marco de redadas policiales y militares en comunidades pobres y de inmigrantes en Venezuela.
En un informe conjunto, HRW y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) afirmaron que los abusos se cometieron durante la Operación Liberación del Pueblo (OLP), iniciada en 2015 y por la que se ha desplegado un gran número de policías y militares en zonas consideradas “violentas”.
Las audiencias de Venezuela llevaron a Washington temas de máxima actualidad en el país como la Ley de Amnistía aprobada por la mayoría opositora en el Parlamento, que Devoe considera “una grave amenaza a los derechos humanos”.
En su opinión, la ley pretende dar “impunidad a una amplia gama de delitos” cometidos desde 1999 hasta su eventual entrada en vigor, e incluye “hechos tan graves” como el uso de niños y adolescentes en la comisión de delitos, el tráfico de drogas, el terrorismo y la corrupción.
En otra audiencia, el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Bernardo Álvarez, cargó también contra la oposición al considerar que es “irresponsable” hablar de que hay una crisis humanitaria en su país y señaló que hay naciones del continente en una situación “muchísimo más grave”.
Álvarez expresó así ante la CIDH su malestar por que la mayoría opositora del Parlamento venezolano decretara a finales de enero que el país vive una “crisis humanitaria de salud”.
Por su parte, el Gobierno de Ecuador volvió a exhibir hoy su postura crítica a la Comisión al no enviar a ningún representante a una de las dos audiencias sobre el país, la dedicada al derecho a la libertad de asociación de los pueblos indígenas.
El Gobierno del país andino sí acudió a la segunda audiencia, que versó sobre el caso individual de la desaparición de Luis Eduardo Guachalá Chimbo cuando estaba internado en un hospital público de la ciudad de Quito.
Entre las recomendaciones que emitió hoy la Comisión están la de que Estados Unidos garantice el acceso a la Justicia de los inmigrantes que llegan al país y la de una visita de su equipo a la isla de Puerto Rico ante la “desoladora” situación humanitaria que está dejando su deuda de más de 72.000 millones de dólares.