El director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco se pronunció respecto a las Operaciones para la Liberación del Pueblo (OLP) que fueron denunciadas hace una semana en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras un análisis que hiciera en conjunto con PROVEA, sobre los resultados que estos operativos tuvieron en Venezuela.
En la charla, Vivanco se paseó no solo por las implicaciones en materia de derechos humanos que tienen estos operativos de seguridad, sino también de la situación política actual en Venezuela y la posibilidad que se aplique la Carta Democrática.
¿Cree que hay condiciones para aplicar la Carta Democrática contra Venezuela?
JMV: La Carta Democrática Interamericana de 2001 autoriza a la OEA a responder activamente a amenazas al orden democrático en sus Estados miembros, y estipula que los elementos esenciales de la democracia representativa incluyen “la separación e independencia de los poderes públicos”.
En Venezuela no existe independencia del Poder Judicial, y desde que la oposición ganó la mayoría de la Asamblea Nacional existe un embate constante por parte del Ejecutivo a través del Tribunal Supremo de Justicia para limitar las facultades del Poder Legislativo. Creo que estos elementos deberían ser más que suficientes para que se abra una discusión franca en el marco de la OEA sobre la aplicación de la Carta.
Felizmente la OEA cuenta actualmente con un Secretario General que está a la altura de estos desafíos.
¿Que sucedió en la audiencia de la CIDH sobre las OLPs?
JMV: Sorprendentemente, la reacción del actual representante del Estado, Bernardo Álvarez, no fue, como lo habían hecho en el pasado, desmentir nuestro informe o acusarnos de ser mercenarios del imperio. Esta vez, el embajador ante la OEA sostuvo que los casos que documentamos debían investigarse; y lo mismo dijo luego el Defensor del Pueblo en CNN. Esta actitud es importante, pero para que estas palabras tengan algún valor práctico, deben ser acompañadas por una orden presidencial para terminar con el uso excesivo de la fuerza durante operativos de seguridad pública, y también por medidas que permitan restablecer la independencia judicial, sin la cual es imposible que este tipo de abusos se investiguen y se haga justicia para las víctimas.
En ese sentido, Vivanco junto a Rafael Uzcátegui de PROVEA, coinciden en que el Estado venezolano, a diferencia de otras ocasiones, no ha podido recurrir al cinismo como argumento, creen que esto obedece especialmente a que el secretario general, Luis Almagro, se encuentra al tanto de la crisis venezolana.
Siga leyendo en: El Nuevo País