La intensa crisis política que se ha apoderado de Brasil mantiene en vilo el rumbo económico del país, sumido en una recesión con pocos precedentes y confiado en una hipotética recuperación que dependerá del desenlace de la tormenta institucional.
EFE
Con la presidenta Dilma Rousseff amenazada con la apertura de un juicio político y un Congreso totalmente fragmentado, los analistas auguran que la economía brasileña no comenzará a ver la luz al final del túnel hasta que el proceso contra la mandataria se resuelva.
Aunque incluso entonces, coinciden, la falta de una agenda con medidas a largo plazo compromete el futuro de la que todavía hoy sigue siendo la mayor economía de América Latina.
“El Gobierno no tiene un proyecto con reformas profundas, sino sólo medidas pequeñas, laterales, sobre temas muy específicos”, explica a Efe Marcos Lisboa, presidente del Instituto Insper y exsecretario de política económica durante el primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).
Una opinión compartida por Luiz Carlos Barnabé, profesor y miembro del Consejo Regional de Economía de Sao Paulo (Corecon), que sostiene que el Ejecutivo “nunca propuso un plan económico de inicio a fin, sino que fueron medidas más bien mediáticas”.
El pasado año, el gabinete de Rousseff lanzó un paquete de recorte de gastos y alza de impuestos con el que busca enderezar sus debilitadas cuentas públicas, que acumulan números rojos y que cerraron 2015 con un déficit primario de 111.249 millones de reales (unos 30.936 millones de dólares), su peor resultado en 14 años.
Sin embargo, muchas de estas propuestas están paralizadas en el Congreso, cuya actividad está copada con el juicio político contra la presidenta, lo que ensombrece todavía más el escenario económico.
“No existe la menor conducción política para aprobar ninguna iniciativa”, resalta el economista de la Universidad Federal Fluminense (UFF) André Nassif, quien augura que cualquier escenario posterior al proceso contra Rousseff traerá una “expectativa de mejora de la confianza” de los inversores.
En este sentido, Barnabé también subraya que la aprobación del plan de ajuste en el Parlamento está supeditada a los comicios municipales de 2016, ya que “los congresistas consideran estas elecciones clave para su supervivencia en las presidenciales de 2018”.
Por eso, en su opinión, los parlamentarios no aprobarán las propuestas económicas realizadas por el Ejecutivo, cuyas previsiones contrastan con las del mercado financiero, en quien “confían más”.
La proyección del Gobierno era terminar 2016 con un superávit primario equivalente al 0,5 % del PIB, pero el pasado mes el ministro de Hacienda, Nelson Barbosa, anunció una nueva propuesta que altera esta meta y la convierte en deficitaria, hasta el 1,5 % del PIB.
Barnabé considera que el mercado “no cree” en estos pronósticos por “la falta de fundamentos económicos de las promesas”, que forman parte del proyecto lanzado por el anterior titular de Hacienda, Joaquim Levy, apodado “manostijeras” por su apego a la austeridad.
Levy, sin embargo, renunció a su cargo el pasado diciembre “decepcionado” por la “falta de respaldo” a algunas de las medidas que propuso y fue relevado por Barbosa, de perfil más político que técnico y que ha despertado el recelo de quienes no comulgan con la estrategia del Ejecutivo para llevar el timón de las finanzas.
Con este telón de fondo, Marcos Lisboa alerta: “Cuanto más tardemos en resolver el problema fiscal, más se agravará”.
Y concluye: “El riesgo que corremos en 2016 es repetir una recesión del tamaño de la de 2015”, cuando la economía brasileña se encogió un 3,8 %, su peor resultado en el último cuarto de siglo.