Después de 36 años enseñando inglés en una escuela católica cerca de la capital de Puerto Rico, Norma Cardoza tenía previsto retirarse con una modesta pensión que confiaba recibir de la archidiócesis de San Juan.
Por DANICA COTO, Associated Press
Su esperanza no se ha cumplido.
Los responsables de la archidiócesis informaron en las últimas semanas a Cardoza y otros cientos de profesores actuales y retirados de que sus pensiones se eliminarán porque los pagos superan a las contribuciones. El alumnado de las escuelas católicas de Puerto Rico se ha desplomado por la marcha de muchas familias de la isla hacia el territorio continental estadounidense, en medio de la crisis económica de la isla.
Ha sido un golpe devastador para los profesores de colegios católicos, que contaban con esas pensiones para complementar los cheques de la seguridad social que van a recibir.
La Iglesia señaló en su carta que su contrato con los empleados le permite poner fin al plan de pensiones en cualquier momento, y dijo que el dinero restante se repartirá entre los profesores retirados. El texto terminaba con las palabras “Que Dios les bendiga a todos”.
“Tengo 62 años. ¿Cree que puedo conseguir un plan de pensiones en cuatro años? No hay manera”, dijo Cardoza, que esperaba recibir 930 dólares mensuales de la Iglesia al retirarse, algo que tenía previsto hacer en mayo pero que ahora ha pospuesto. “Por eso lo encuentro tan espantoso”.
Mientras el gobierno de Puerto Rico bordea la quiebra, el sombrío destino de este grupo de profesores retirados y en activo podría apuntar a más penurias para otros trabajadores que esperan recibir pensiones, y no sólo de instituciones privadas como la Iglesia, sino también en el renqueante sector público de la isla.
Por el momento, los trabajadores del gobierno no han recibido esa mala noticia sobre sus pensiones. Pero el gobierno de la isla, sumido en una profunda crisis económica, ha empezado a suspender pagos en deudas por valor de miles de millones de dólares. Muchos expertos financieros, allí y en el territorio continental estadounidense, señalan que es probable que las deficitarias obligaciones de pensiones, que suman más de 41.000 millones de dólares, acaben en la picota.
Si se acaba el dinero, también podrían recortarse las pensiones para profesores de escuelas públicas, policías, bomberos y otros miles de empleados del gobierno.
Vicente Feliciano, economista y consultor de empresas en San Juan, predijo que varios sistemas de pensiones públicas no podrán hacer frente a sus pagos completos en dos años. “Cuando se acabe, ‘then what’?”, dijo, empleando la expresión en inglés para “entonces, ¿qué?”. “¿Dejamos a los pensionistas en la calle?”.
En Puerto Rico hay unos 120.000 empleados del gobierno y miles de jubilados más del sector público. Muchos, como profesores y policías, tienen planes jubilatorios que son una alternativa al Seguro Social (la jubilación normal), de modo que si se recortan sus pensiones, no recibirían ni siquiera los cheques de ese seguro. Se supone que el fondo general del gobierno debería cubrir las obligaciones de pensiones si es necesario, pero incluso ese dinero se está acabando.
“Estamos sumamente preocupados porque el gobierno ha sido totalmente negligente”, dijo Pedro Pastrana, que representa a un sindicato de profesores retirados.
El gobernador Alejandro García Padilla, que fue elegido con el apoyo de sindicatos del sector público, aprobó en 2013 cambios del sistema de pensiones del gobierno como elevar la edad de jubilación, que depende del empleo y del número de años trabajados, o requerir contribuciones de los empleados.
Sin embargo, el gobierno empezó a incumplir pagos de deuda el año pasado y se espera que no cubra un pago de 422 millones de dólares que vence en mayo. El Congreso estudia una ley que cree una junta supervisora federal, con poderes que podrían incluir los despidos y recortes de pensiones que piden algunos inversores en bonos puertorriqueños.
Mientras las autoridades en Washington y San Juan debaten qué hacer con las pensiones públicas, los profesores retirados de las escuelas católicas empiezan a vivir con estrecheces.
Isabel Casanas, ex directora de una escuela católica y que llegó a Puerto Rico desde Cuba en la década de 1960, estudia trabajar como tutora privada, pero teme que su edad pueda ser un problema.
“La gente cree que porque tengo 83 años, que ya estoy del otro lado”, comentó Casanas, que se jubiló el año pasado. “Toda mi vida he trabajado. Nunca he dependido de nadie”.
Los profesores de escuelas católicas que están perdiendo sus pensiones dicen que la noticia los tomó por sorpresa.
La archidiócesis creó el plan de pensiones en 1979, en parte para atraer a los profesores que se apuntaban al sistema de escuelas públicas por su plan de pensiones. Pero la población de la isla ha descendido hasta un 10% en la última década, en el mayor éxodo registrado en muchos años.
“No deja de sorprender que venga de una entidad católica que se supone que ayude a los demás”, comentó Ana Pérez, profesora de educación física de 53 años. “¿Y esos 25 años que nosotros trabajamos? Lo perdimos”.
No está claro cuánto dinero hay en el fondo de pensiones. Las autoridades católicas no respondieron a peticiones de Associated Press de comentarios sobre la eliminación de las pensiones, o si el fondo estaba asegurado.
Cardoza tuvo que cancelar sus planes de hacer un crucero y visitar a sus hijos y nietos en el territorio continental. La profesora se enfada cuando habla de cómo las autoridades no respondieron a sus preguntas.
“Treinta y seis años de mi vida dedicados a enseñar, ¿y esto es por lo que trabajé?”, dijo Cardoza con la voz quebrada. “Me despierto en mitad de la noche diciendo ‘No, esto no puede ser cierto”’. AP