La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México reveló hoy que cuenta con un testigo que implica a policías del municipio de Huitzuco y a dos agentes federales en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y planteó la existencia de una nueva ruta de desaparición de los jóvenes en Iguala. EFE
“Hoy damos a conocer información que daría a presumir la participación de elementos de Huitzuco y elementos de la Policía Federal en los hechos ocurridos en el denominado puente del Chipote, en Iguala“, dijo en rueda de prensa el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.
En ese punto, por donde transitaba uno de los autobuses con estudiantes de la Escuela Normal (de magisterio) de Ayotzinapa (Guerrero, sur), llegaron varias patrullas de los policías municipales de Huitzuco, ubicado a unos 30 kilómetros de Iguala, así como patrullas de esta última localidad y de dos agentes federales.
Según la nueva versión, la noche del 26 de septiembre de 2014, día de la desaparición, los policías de Huitzuco podrían haberse llevado los entre 15 y 20 estudiantes que se encontraban dentro del vehículo, lo que daría pie a la configuración de una “segunda ruta de desaparición”.
Dicha hipótesis difiere de la ruta establecida en la versión de la Fiscalía General, que establece que los jóvenes fueron detenidos por policías de Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula, localidad aledaña a Iguala.
El autobús involucrado fue identificado como el número 1531 de la compañía Estrella de Oro, en el que presumiblemente viajaba Alexander Mora, uno de los dos normalistas desaparecidos e identificados por el laboratorio austríaco de Innsbruck a partir de los restos hallados en una bolsa del río San Juan, al lado del vertedero, explicó la CNDH.
El vehículo fue perseguido y tiroteado por la Policía de Iguala hasta que, tras pinchar dos de sus ruedas, paró debajo del puente de Chipote.
A continuación se produjo una reyerta entre los estudiantes y los policías de Iguala que terminó con el sometimiento de los jóvenes.
Ante la falta de patrullas para transportarlos, las fuerzas de seguridad locales afirmaron que recibirían refuerzos de Huitzuco.
“Instantes después llegan tres patrullas presumiblemente de Huitzuco y los empiezan a subir a los normalistas a las camionetas patrulla”, explicó el titular de la oficina especial para el caso Iguala de la CNDH, José Larrieta.
Según la reconstrucción de los hechos, dos patrullas de la Policía Federal llegaron después al sitio, una versión confirmada por dos miembros de la Policía de Iguala, remarcó Larrieta.
Un agente federal preguntó sobre el destino de los estudiantes y uno de los policías municipales le explicó que se los llevarían a Huitzuco, donde “el patrón” iba a decidir “qué hacer con ellos”.
El policía federal aceptó la respuesta y los agentes, ya con los jóvenes, continuaron con su camino.
Según la CNDH, dicho “patrón” podría ser un líder criminal de la zona y el hecho de que los agentes federales se “conformen” con la respuesta denotaría que conocían las intenciones de los policías municipales, lo que los haría cómplices del crimen.
Hasta el momento no se había involucrado a la Policía Federal en el suceso, solamente a los policías municipales de Igualay Cocula.
Tanto padres de los 43 como organismos que investigan el caso, como el grupo de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solo habían pedido entrevistar personalmente a los militares del batallón militar 27, con sede en Iguala, un hecho que les ha sido negado.
La noche del 26 de septiembre de 2014 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados a tiros enIguala por policías corruptos.
En el ataque perdieron la vida seis personas, entre ellos tres estudiantes, y 43 más desaparecieron.