El líder opositor y fundador del partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, cumplió este 15 de abril seis meses tras las rejas, acusado de enriquecimiento ilícito y sometido a un juicio carente de pruebas y con testimonios que revelan intenciones políticas emanadas desde el gobierno nacional.
Declaraciones del exmagistrado Eladio Aponte Aponte y la retractación del testimonio acusador de José Luis Pirela, son solo dos elementos que pudieran anular el proceso y traducirse en la libertad plena del dirigente opositor, quien luego de meses sigue esperando por la verdadera libertad de Venezuela.
“Si no existía caso penal tendríamos que inventarlo”
Dicho proceso penal contra Rosales inició por una denuncia interpuesta por el ciudadano José Luis Pirela, ahora diputado. Sin embargo, la causa fue archivada por el mismo Ministerio Público y concluyó que “no se determinó en la investigación un daño al Patrimonio Público”.
El 20 de agosto de 2007, la causa fue reabierta en el archivo fiscal sin que el imputado fuese notificado sobre la activación de la investigación.
Para abril de 2012, el exmagistrado y presidente de la Sala de Casación penal del TSJ, Eladio Aponte, entonces radicado en Costa Rica, confesó la ilegalidad del procedimiento ante la Dirección Nacional de Notariado de ese país y certificó su declaración ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto costarricense.
En sus declaraciones, detalló que en el año 2008 la entonces presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, ordenó impulsar una investigación al exgobernador del estado Zulia y atender directamente las directrices que girara la Fiscalía General de la República sobre hechos ya estructurados por este órgano, donde se le imputaban actos de corrupción en la gobernación de dicho estado a pesar de no existir pruebas.
“Se nos dijo que ya la Contraloría General de la República al mando del Doctor Clodosbaldo Russian tenía adelantado el trabajo, que resultó un sinfín de falsedades. Se dijo que si no existía caso penal tendría que inventarse y en el momento que se archivó la causa se ordenó reabrirla inmediatamente, y así se procedió”, aseguró Aponte Aponte.
En julio de 2015 el ahora diputado José Luis Pirela, denunciante de Manuel Rosales, compareció al Ministerio Público a denunciar el hostigamiento y las amenazas proferidas por Eladio Aponte Aponte. Allí confesó su participación en el amañado juicio Rosales y narró cómo fue utilizado por las autoridades venezolanas, específicamente por Eladio Aponte Aponte, y la participación de los funcionarios judiciales y fiscales que ejecutarían una decisión que enviaría a prisión al dirigente opositor.
Un linchamiento político
Ante este escenario, lapatilla.com consultó a distintos especialistas venezolanos sobre el juicio que se ejecuta contra Rosales y las circunstancias que los rodean, los entrevistados coinciden en que tal procedimiento judicial se trata de un linchamiento político y rechazan la violación de Derechos Humanos que padece el dirigente opositor.
Asimismo, recuerdan que las leyes del país permiten a un acusado ser juzgado en libertad y repudian la negativa del juez ante una posible medida cautelar. “Todo esto no ha sido sino un montaje, es una expresión del linchamiento político contra Manuel y pone en evidencia que ese juicio es nulo”, sentencia uno de ellos.
A continuación, los testimonios.
Alberto Arteaga Sánchez, abogado penalista y profesor universitario
El abogado penalista, profesor y autor de varias obras jurídicas y artículos de opinión en materia jurídico-penal, Alberto Arteaga Sánchez, asegura que el juicio contra el dirigente opositor es el típico caso de persecución política encubierta bajo la apariencia de un delito, en este caso, de enriquecimiento ilícito. “Esta es una figura delictiva a la que se recurre cuando no hay prueba de ningún hecho de corrupción específico y se echa mano de la sospecha de enriquecimiento ilícito a cago del erario público”, dijo.
“Queda claro que es una violación flagrante de los Derechos Humanos, en este caso de Manuel Rosales, usando el recurso de la justicia penal para incurrir en esa persecución, por lo demás contrariando la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo”, declaró.
Asegura que con la retractación del denunciante José Luis Pirela, queda demostrada la falsedad de la denuncia y además deja en evidencia la ilicitud de una orden impartida por el exmagistrado Aponte Aponte
“Todo esto no ha sido sino un montaje, es una expresión del linchamiento político contra Manuel y pone en evidencia que ese juicio es nulo. No es un juicio, es un linchamiento político y moral”, asevera. El abogado expresa que Rosales tiene el derecho a ser juzgado en libertad, de acuerdo a la Constitución y al Código Penal.
Sobre la negación de una medida cautelar por parte del juez por haber considerado que el asilo constituye un peligro de fuga; el abogado asegura que es “un disparate” presumir su fuga cuando Rosales regresó de un asilo político otorgado por Perú en 2009.
Arteaga Sánchez también se refirió a la inhabilitación política del dirigente y afirmó es una pena accesoria que solo procede cuando una persona es condenada. “La inhabilitación es contraria a la Constitución y a los derechos internacionales en materia de DDHH”.
Finalmente, manifestó que a Rosales se le han violado todos sus derechos, incluso el más importante luego de la vida como es su libertad, el derecho a un proceso justo y la presunción de inocencia. “Lo que procedería es anular el proceso y resarcir los daños materiales y morales que han sido causado el señor Manuel Rosales”, culminó.
Magaly Vásquez, abogada defensora de Manuel Rosales
La abogada del fundador de Un Nuevo Tiempo (UNT) y profesora universitaria, asegura que Aponte Aponte no queda exento de responsabilidades a pesar de su retractación. “Él se ha podido negar y eso compromete su responsabilidad, se atribuyó un hecho falso y eso es punible según la legislación venezolana”.
“Estamos hablando de una declaración ante una autoridad costarricense. Eso es un elemento que vicia de nulidad todo el proceso como lo hemos denunciado desde hace mucho tiempo”, afirma.
Recordó que Eladio Aponte Aponte tuvo participación en el proceso cuando la causa fue trasladada a Caracas, por ello su retractación evidencia que se trata de un proceso forjado.
Vásquez coincide con Arteaga sobre la ilegalidad de la medida cautelar, porque el hecho de que una persona renunciara a un asilo evidencia su disposición de enfrentar el proceso penal. “No tiene ningún sentido que regrese para posteriormente fugarse. Sobre eso hay jurisprudencia del TSJ, que ha reconocido que si una persona regresa es porque tiene la voluntad de participar en el juicio”.
La especialista recuerda que la inhabilitación política es una pena condenatoria que solo debe ser impuesta por un juez y ser ejecutada cuando la pena ha quedado firme. Asimismo, afirma que al dirigente le ha sido violado el artículo 49 de la Constitución referido al derecho a la defensa y al debido proceso. También menciona la violación al derecho a comunicarse con sus defensores y a su privacidad dentro de la celda, pues le han sido colocadas cámaras de vigilancia.
“Lo que procedería es una sentencia absolutoria”, finaliza.
Héctor Faúndez, abogado. presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Internacional Público
“Es una farsa procesal con apariencia de juicio que no produce ningún efecto o jurídico. Es una privación arbitraria ilícita de la libertad de Manuel Rosales como ha ocurrido con otros presos políticos en Venezuela, como Leopoldo López y los estudiantes”, expresa Héctor Faúndez, abogado. presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Internacional Público y Presidente de la Asociación Civil Consorcio Desarrollo y Justicia.
El abogado califica de “curioso” que el juez alegue peligro de fuga a Rosales y niegue una medida cautelar, pues el dirigente renunció a su asilo político y regresó a Venezuela para ponerse a la orden de las autoridades judiciales. “Eso es propio de Macondo, a menos que el juez esté siendo presionado o extorsionado”, dice.
“Se trata simplemente de perseguir y castigar a todos aquellos que están en contra del régimen chavista o madurista”, afirma.
Al hablar sobre la inhabilitación política del dirigente opositor, explica que esta debe ser el producto de una sentencia firme dictada en contra del acusado, lo que sí constituye una medida accesoria. No obstante, Rosales no ha recibido condena y por ello no puede aplicarse.
Faúndez reitera que Rosales ha sido puesto por el chavismo como un delincuente y le ha costado un trato degradante donde han sido violados sus derechos y garantías procesales. “No ha tenido derecho a un recurso efectivo, sencillo y rápido que permite subsanar la situación. Eso unido a las circunstancias de que es encarcelado sencillamente por mantener una posición política, por manifestar sus ideas”, expresa.
“En una sociedad democrática tendrían que disponer su inmediata libertad y adoptar las medidas contra quienes han fraguado este juicio amañado. Todas esas personas tendrían que estar siendo procesadas”, defiende.
Blanca Rosa Mármol de León, ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
La ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), califica como totalmente válidas las declaraciones de Aponte Aponte ante las autoridades de Costa Rica. “No estuviéramos ni siquiera ante un error inexcusable porque no lo es, fue exactamente premeditado y siguiendo órdenes de la presidencia de la República”.
En este sentido, la exmagistrada puntualizó que Pirela estaría frente al delito de calumnia por imputar a una persona delitos que no cometió.
Para la abogada, no existe legitimidad en el juicio contra Rosales y recordó que un juez que condena a una persona inocente es un acto incalificable. “Es una aberración la inesxistencia de poderes y el control del Poder Judicial por el Ejecutivo”.
Marmol de León coincide con el resto de especialista y subraya de absurda la negativa de una medida cautelar para Rosales, “no tiene ninguna lógica porque el peligro de fuga tiene que basarse en razonamientos válidos. Una persona que renuncia al asilo no puede ser susceptible al peligro de fuga”.
“Indudablemente la inhabilitación es una pena accesoria. Él tiene que estar condenado para eso, de otra manera no se sostiene en derecho”, enfatizó.
Para culminar, la exmagistrada destacó que en buen derecho, el caso de Manuel Rosales debería ser invalidado dandas las circunstancias de falsedad que alegó Aponte Aponte.
Jesús Ollarves, doctor en Derecho, experto en Derechos Humanos
El doctor en Derecho, experto en Derechos Humanos, profesor de la UCV y UCAB y exjuez Superior Penal del Área Metropolitana de Caracas, enfatiza en la violación de Derechos Humanos en el caso de Rosales, debido a que las instituciones del Estado y se han convertido en instrumentos de persecución y condena.
Al igual que los demás especialistas, cataloga como nula la investigación y acusación contra Manuel Rosales, que lo pone bajo la posición la persecución política. “Estamos ante un proceso político amañado”, precisó.
El abogado asegura que “es un monumento al disparate” la decisión del juez de negar una medida cautelar a Rosales, debido a que el asilo anteriormente otorgado en Perú está contemplado en tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos.
El especialista recuerda que el gobierno ha usado el linchamiento para sacar de escena a sus adversarios y cita el artículo 13 del Código Penal que establece como pena accesoria la inhabilitación durante el tiempo que dure la condena, “Manuel Rosales así como otros factores políticos inhabilitados por la Contraloría han sido víctimas al no haber sido condenados por un juez. El Contralor no tiene facultad legítima para inhabilitar a nadie si no existe una sentencia pena”.
Henry Jiménez Guanipa, profesor del Heidelberg Center para América Latina de Alemania
El profesor Henry Jiménez Guanipa de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas y del Heidelberg Center para América Latina de Alemania señala que la conducta del exmagistrado Eladio Aponte constituye un delito de simulación de hecho punible, el cual queda probado con la declaración o retractación pública rendida por ante un notario público en Costa Rica. Constituye además una violación de derechos humanos, ya que de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución “toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”.
Jiménez Guanipa explica que técnicamente por disposición del artículo 25 de la Constitución el juicio contra Manuel Rosales es nulo y así debe declararse, por cuanto se han violado y menoscabado los derechos garantizados por la CRBV. Pero además los funcionarios que lo ordenaron y ejecutaron tendrán que responder penal, civil y administrativamente, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores recibidas.
Asevera que Rosales además deberá ser indemnizado por las violaciones de los derechos humanos de que ha sido objeto, incluido el pago de daños y perjuicios.
En otro punto, agrega que en el caso del dirigente opositor no existe materia sobre la cual decidir, no podría haber un juicio en su contra y menos una decisión que le penalice, de manera que es un exabrupto la aplicación de una pena accesoria como la inhabilitación para MR.
“Aquí se trata de una medida de retaliación política para un líder que significó una amenaza a la mal llamada y farsante Revolución Bolivariana que encabezó el fallecido Hugo Chavéz, señalado como el primer responsable de los desmanes cometidos contra Rosales”. El profesor coincide con los demás especialistas en que se debe declarar la nulidad del juicio iniciado en su contra y el otorgamiento de su libertad plena.
Morris Sierraalta, abogado defensor de Manuel Rosales
“Con el desmentido que hizo José Luis Pirela, pierde eficacia la denuncia original. Pedimos que declarara en tribunales y esperamos que así sea para que aclare por qué denunció. Estamos esperando que el expediente sea remitido al tribunal de juicio”, explica el abogado defensor de Rosales sobre los recientes acciones sobre el caso.
Precisó que la legitimidad del juicio queda cuestionada, debido a que la justicia fue torcida para propósitos diferentes, en este caso por Eladio Aponte Aponte.
Al igual que el resto de especialistas, expresa que la acción de Rosales de volver al país para someterse al proceso destruye y desvirtúa el riesgo de fuga. “Cuando se fue no tenía prohibición de salida del país”, aclara.
Sierraalta detalló que la figura de la inhabilitación no es justa ya que se aparta del concepto sobre ser ejecutada cuando hay una sentencia firme. “Rosales debería permanecer en libertad, que es el derecho más sagrado después de la vida. Debería estar en libertad para tener una defensa a plenitud. Es una persona que regresó al país y que rechazó fórmulas alternativas como la aceptación de los hechos, él dijo que enfrentaría el juicio”.
Expresó que actualmente solicitan continuar el juicio en libertad por no existir motivos para tenerlo retenido.
Finalmente, los especialistas coinciden en que Manuel Rosales, se le han violado los derechos a una justicia transparente establecida en el artículo 26 de la Constitución, al derecho a la libertad citado el artículo 44, el derecho al debido proceso plasmado en el artículo 49, el derecho al asilo y en definitiva se le han violentado derechos políticos como su participación en las elecciones sin existir una condena que lo inhabilite. Al unísono, exhortan al gobierno nacional a otorgarle la libertad plena en la búsqueda de derrumbar la creciente tendencia de los presos políticos en Venezuela. (lapatilla.com)