Son verdaderamente sorprendentes las declaraciones del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, al salir de su reunión con la Presidenta, Dilma Rousseff, opinando como un verdadero Jefe del “Sindicato gubernamental” de la Organización de Estados Americanos (OEA), lo asombroso es que fue indebido y claramente injerencista sobre un tema interno y un mecanismo constitucional del Estado del Brasil, con la intención de influir en el proceso político y constitucional (estemos o no de acuerdo con él) que se desarrolla en el Brasil y que no logró cambiar el seguro triunfo del Impeachment, que por cierto, nos parece repite el mismo esquema de lo que ocurrió en Paraguay, que en su oportunidad Brasil con su influencia logro sancionar y suspenderlo del Mercosur, para así aprovechar el ingreso de Venezuela a ese organismo subregional. Es inaceptable y por demás peligroso que los organismos regionales intenten convertirse en jueces supranacionales políticos y desconozcan las constituciones de sus países miembros. Esto hay que verlo con más seriedad.
Todo indica que es un principio de política exterior en desarrollo del Brasil izquierdista que se impone en América Latina, el desconocer los mecanismos constitucionales de los países de la región para “privilegiar los intereses político gubernamentales ideológicos” que hasta ahora han sido en defensa de aquellos gobiernos precisamente con regímenes de la izquierda bolivariana continental, que tiene sus orígenes en el papel fundamental que jugó en su momento Lula en el caso de Honduras y Dilma en el de Paraguay, logrando que Mercosur y Unasur lo suspendieran. En el caso que nos ocupa hoy, curiosamente Almagro cumple al pie de la letra su papel, sin importarle que se violente el principio establecido por el propio organismo regional según el Art 19 de la Carta Organizativa de la OEA de la “no ingerencia en asuntos internos de ningún país miembro” cuando él se extralimitarse en su declaración en Planalto llegando hasta amenazar sibilinamente al Congreso del Brasil con “aplicarle la Carta Democrática dependiendo de su votación”, asumiendo así la tesis del “golpe de Estado” denunciado por la Presidente Dilma Rousseff y Lula da Silva, y calcando al pie de la letra la bullanguería política de Chávez, Maduro, Morales, Correa, Ortega y de todos los izquierdista bolivarianos del continente.
Con respecto a Venezuela, Almagro se contradice política y procedimentalmente, hecho que nos debe llamar a la reflexión. Al Parlamento del Brasil por seguir normas constitucionales lo amenaza con aplicarle la Carta democrática si no le es favorable a la presidenta Dilma Rousseff, como sugiere, mientras que al gobierno Venezolano, que incumple y constriñe todos los principios y normas establecidos en la Constitución Nacional y en la Carta Democrática, Almagro en lugar de aplicarla, más bien insta al Parlamento venezolano, para que solicite a la OEA la aplicación de la Carta Democrática, peor aún, a sabiendas, que los gobiernos son solos los que tienen ese privilegio en ese organismo gubernamental interamericano, a pesar, que el art 20, de la Carta le otorga facultades a él mismo para solicitar “la convocatoria del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación que altere gravemente el orden democrático” como es lo que ocurre actualmente en Venezuela, aún, cuando hay que reconocer que paradójicamente la Carta Democrática tiene como objetivos fundamental, la defensa de los gobiernos frente a los Golpes de Estados.
Esperemos que la oposición venezolana no se entrampe ella misma y menos se embarque en esa inalcanzable empresa política de solicitar la aplicación de la Carta Democrática que por principio, nace para la defensa de los gobierno y no a favor de los pueblos oprimidos precisamente por los gobiernos autocráticos disfrazados de democracia, por lo tanto, en este sentido, es muy difícil que un gobierno solicite la aplicación de la Carta a otro gobierno, sobre todo, porque es un precedente y un combustible peligroso, que pude generar más inestabilidad política en una región que de por sí es inestable.
Si a los políticos y los impacientes seguidores de la oposición, no le son suficientes los argumentos anteriores, los invito a que hagan lo que supuestamente deben saber hacer mejor, como es el “contar votos” y así sabrán si de verdad piensan que van a lograr ganar esta partida política en un club de gobierno al cual no pertenecen, pero que aspiran sin ser invitado, sacar a un gobierno miembro.
Debo recordad, que la última votación para tratar un tema tan sensible para la Comunidad Internacional como lo es la violación de los derechos humanos, fue planteado por Colombia el año pasado, precisamente por la declaración del Estado de Excepción en la frontera venezolana-colombiana por parte de Maduro, en donde en su aplicación el gobierno bolivariano, violento todos los principios y derechos humanos de los colombianos allí residentes. La solicitud del gobierno de Colombia fue para que solo se tocara el tema en el Consejo Permanente de la OEA, sin embargo fue derrotado y eso, que solo se necesitaba una mayoría simple; recordando, que para la aplicación de la Carta Democrática no solo se debe obtener primero esa mayoría simple en el Consejo Permanente sino que posteriormente en la Asamblea General de Cancilleres, nos tocaría la titánica tarea, de obtener las dos terceras partes para la aplicación de la Carta Democrática. Lo que por ahora luce totalmente imposible.
La oposición debe pisar tierra, no engañar a nuestra gente que de por sí ya se encuentra frustrada frente a los insólitos atropellos del gobierno contra nuestra Asamblea Nacional y menos, esperar que la Comunidad Internacional haga lo que nosotros debemos hacer. Lo que si podemos pedirles a la Comunidad Internacional es que se conviertan en un verdadero muro de contención, cuando la crisis política, económica y social llegue a su punto de inflexión, que no tardará mucho, para que ni el gobierno ni los militares intenten salirse del camino constitucional.