Expertos internacionales dijeron el domingo que no lograron establecer cuál fue el destino de 43 estudiantes desaparecidos y posiblemente masacrados en 2014 en México debido en gran medida a fallas y demoras de las autoridades, al tiempo que expusieron más irregularidades de la investigación.
El llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe final tras 14 meses de dar asistencia técnica a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) debido a los problemas para resolver un caso que dejó en evidencia las grietas del sistema de justicia y la crisis de derechos humanos que vive el país.
En el informe final de su investigación, los expertos denunciaron obstáculos tales como que no pudieron volver a entrevistar a detenidos, obtener declaraciones de líderes políticos ni ex altos funcionarios o que la fiscalía ahondara en líneas de investigación que le propusieron.
“El no suministro de información por parte de las autoridades y por las entidades de gobierno puede generar en términos claves y categóricos una posible obstrucción de información”, dijo la ex fiscal colombiana Angela Buitrago, parte del grupo que no seguirá trabajando en el caso porque el Gobierno mexicano dijo que su participación ya no es necesaria.
Esas dificultades “no pueden leerse como simples obstáculos improvisados o parciales”, señalaron en el informe, sugiriendo que no hubo voluntad política del Gobierno de Enrique Peña Nieto para avanzar en las investigaciones.
“!No se vayan, no se vayan!”, coreaban familiares de los desaparecidos durante la presentación del reporte, al que acudieron más de mil personas.
No llegaron al evento representantes del Gobierno pero el presidente Enrique Peña Nieto agradeció en su cuenta de Twitter las recomendaciones del grupo y dijo que la fiscalía analizará el informe y “seguirá trabajando para que haya justicia”.
Los expertos advirtieron que varios cuerpos policiales, como la Policía Federal, policías del estado de Guerrero y distintos municipales pudieron tener participación en los ataques, que habrían abarcado un amplio radio de acción más allá de la ciudad de Iguala, donde comenzó cuando los jóvenes llegaron a tomar autobuses para participar en una protesta.
Allí, la noche del 24 de septiembre del 2014 cerca de 100 estudiantes de la escuela de magisterio rural de Ayotzinapa, en el empobrecido estado de Guerrero, fueron atacados con armas de fuego por policías municipales y supuestos sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, en un caso que dejó patente la complicidad entre autoridades y cárteles del narcotráfico.
En los ataques murieron tres estudiantes y tres personas de un equipo de fútbol que no tenían que ver con los incidentes.
INVESTIGACIÓN CON FRENOS Y SOSPECHAS
En su primer informe de septiembre del año pasado el grupo, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puso en tela de juicio la investigación del ex fiscal Jesús Murillo Karam, hombre cercano a Peña Nieto quien había dicho que los estudiantes fueron masacrados y quemados en un basurero de Cocula, un pueblo cercano a Iguala.
Esta pesquisa señaló que los restos fueron tirados a un río cercano de donde se recuperaron partes trituradas en bolsas, de las cuales sólo fue identificado el estudiante Alexander Mora por un pequeño fragmento óseo.
Los expertos abrieron más interrogantes el domingo en torno a ese resto al presentar un video que muestra a Tomás Zerón, jefe de la investigación en los primeros meses, en el río el 28 de octubre con funcionarios forenses, un día antes del establecido en el expediente como el día que hallaron lo restos, desatando sospechas de que el hueso de Mora fue colocado.
Pese al malestar que le causó el primer informe de los expertos, el Gobierno accedió a extender su mandato y en noviembre del año pasado inició una nueva fase en la investigación que marchó bien durante los primeros dos meses.
Pero a partir de enero de este año se frenaron un amplio número de diligencias solicitadas por el grupo, tales como ahondar en la posibilidad de que los ataques contra los estudiantes se hubieran desatado porque éstos tomaron un autobús que podría contener un cargamento de droga.
CONFIRMAN TORTURAS
Cerca de 65 solicitudes de declaraciones que fueron pedidas a la PGR en su mayoría en noviembre del 2015 recién se realizaron a mediados de abril, cuando los expertos estaban concluyendo su informe y ya casi no tenían tiempo de analizarlas, señalaron.
Los expertos dijeron que para ellos sigue sin haber un solo indicio de que los estudiantes hayan sido quemados en el basurero de Cocula, que un nuevo peritaje ordenado por la fiscalía carece de rigor científico y que los detenidos que confesaron la versión inicial fueron en su mayoría torturados.
Además, el grupo señaló otras fallas en la investigación, como el hecho de que los teléfonos de los estudiantes estuvieron activos por horas y hasta por semanas después de su desaparición, lo cual indica que podrían haber sido ubicados si esa información hubiera sido analizada de manera expedita.
La versión que presentó Murillo Karam en enero del 2015 indicaba que todos los celulares de los jóvenes habían sido destruidos después de la medianoche.
El grupo lamentó que el Gobierno le haya negado entrevistas a decenas de militares que estuvieron presentes esa noche en distintos puntos de Iguala y que no los haya presionado para entregar fotografías y videos que hubieran ayudado a resolver el complejo caso.
Activistas, así como representantes de familiares de los desaparecidos, creen que la complicidad con Guerreros Unidos no se circunscribía solamente a las fuerzas municipales y hablan de un contexto de “macrocriminalidad”, donde participaron distintas cuerpos de seguridad, incluido el Ejército.
El presidente de la CIDH, James Cavallaro, les prometió que el organismo no dejará el caso aunque los expertos ya no estén. Los familiares y sus abogados dijeron semanas atrás que no confiarán en ninguna investigación que no esté monitoreada internacionalmente. Reuters