Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 condenaron este lunes al gobierno mexicano por rechazar ampliar el mandato de expertos de la CIDH que colaboraron en la investigación y que, sostuvieron, revelaron las “mentiras” de la fiscalía en este caso.
AFP
“Quisiéramos que se quedaran con nosotros (los expertos). Vinieron a descubrir las grandes mentiras del gobierno. Expulsarlos nos hace que ya no confiemos en ninguna autoridad”, dijo una rueda de prensa Mario César González, padre de Julio César, uno de los 43 estudiantes de la escuela normal de maestros de Ayotzinapa.
Este martes se cumplen 19 meses desde la desaparición de los estudiantes en Iguala (sur) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó el domingo su informe final en el que denuncian “obstrucciones” a su trabajo por parte del gobierno, que rechazó ampliar el mandato de los expertos.
Los padres anunciaron que este martes marcharán en la ciudad de México para manifestar su agradecimiento y respaldo al GIEI y su rechazo al gobierno.
Entre la treintena de padres y familiares de los jóvenes, que mostraban imágenes de sus seres queridos, Emiliano Navarrete, papá de José Angel, era de los más emocionados y casi irrumpe en llanto en su intervención.
“Queremos reunirnos con el presidente Enrique Peña Nieto para poner las cosas sobre la mesa, queremos saber la verdad (…). El día que quieran cerrar este caso, el gobierno tendrá que matarme porque no me voy a regresar a casa con una disculpa”, clamó Navarrete.
Como resignados a que el GIEI concluirá su mandato este 30 de abril como está previsto, los padres en sus pronunciamientos pusieron sus esperanzas en el mecanismo que la CIDH se comprometió a crear para dar seguimiento al caso y supervisar que el gobierno cumple sus recomendaciones.
Los jóvenes fueron atacados por policías de Iguala la noche del 26 de septiembre cuando se hicieron de autobuses para sus movilizaciones.
Según la fiscalía, los 43 fueron entregados al cartel de Guerreros Unidos que los asesinaron y incineraron sus cuerpos en el basurero de Cocula.
Los expertos concluyeron que no hay pruebas científicas que hubo un gran fuego en ese lugar.
Los padres subrayaron que el trabajo del GIEI puso en evidencia que “la investigación oficial está sustentadas en dichos presuntamente bajo tortura y no en evidencias” y que “no tuvo condiciones para hacer su trabajo”
Los expertos en su informe final señalaron que al menos 17 de los más de 100 detenidos por este caso denuncian torturas, mientras que según la Procuraduría General, en su respuesta a los expertos, se investigan 31 posibles casos.