Como el hombre primitivo vivía en forma individual, no tenía problemas comunitarios. Pero, al empezar a vivir en sociedad se vio en la necesidad de celebrar un pacto social, que limitó sus derechos individuales a favor del bien común.
Existen varias teorías que explican esta hipótesis del pacto o contrato social. Para Jean-Jacques Rousseau, al vivir en sociedad y resguardar el orden, los ciudadanos acuerdan un contrato con el Estado por el cual admiten y se someten a la existencia de su autoridad, de unas normas morales y de unas leyes, limitando su libertad. Para Thomas Hobbes, los hombres ceden sus derechos individuales a un soberano fuerte a cambio de protección y delegan en esa autoridad la potestad de juzgar y dictaminar el incumplimiento de las leyes.
Pero, en la actualidad existen países cuyos gobiernos no cumplen con ese pacto o contrato social, perdieron la facultad de garantizar las condiciones mínimas de seguridad en su territorio, incumpliendo sus funciones jurídicas, con impunidad y violencia; son llamados “estados débiles” (Francis Fukuyama). Hay también países donde reina la arbitrariedad y están sometidos por milicias, grupos terroristas, narcotraficantes y paramilitares; son denominados “estados fracasados”. Y también hay estados donde por falta de capacidad o voluntad el gobierno no protege a sus ciudadanos, se sitúa al margen del Derecho Internacional y cree que puede actuar impunemente, sus instituciones carecen de auténtica sustancia republicana, ha perdido sus facultades de garantizar el monopolio de la violencia legítima y sus objetivos; son los “estados forajidos” (Noam Chomsky).
En Venezuela, lo que vemos día a día nos indica que estamos ante un estado forajido. Existe una corrupción galopante, se ha politizado a la Fuerza Armada, favorecido el narcotráfico y no se cumple los convenios internacionales, descartando las decisiones tomadas por los organismos encargados de garantizar la paz mundial. Pero sobre todo, no se garantizan los servicios básicos en lo político, social y económico: 1) Pérdida del control físico del territorio: La frontera colombo-venezolana es controlada por grupos terroristas y narcotraficantes, con apoyo del gobierno a la FARC y Hezbolá. El sur del estado Bolívar es controlado por mafias y bandas internacionales del negocio del oro que ha africanizado la zona, secuestrando y masacrando a sus habitantes. Y la zona del Esequibo ha sido totalmente descuidada. 2) Incapacidad de garantizar la seguridad: Existe un vacío de poder, violencia regional y más de 300.000 asesinatos en los últimos 17 años. No se ejerce el monopolio del uso de las armas y se permite la existencia de grupos irregulares armados en barrios y zonas del país (colectivos, pranes, carteles). 3) Incapacidad de proveer los servicios públicos: Crisis eléctrica y racionamiento energético; escases y racionamiento de agua; falta de medicinas y hospitales colapsados e inservibles; el desabastecimiento de alimentos y el deterioro acelerado de la economía. 4) Violación de los derechos humanos: Restricción de la libertad de prensa y de expresión, bloqueo a medios de comunicación y amenazas a periodistas. Criminalización de la protesta, detenciones arbitrarias, torturas y encarcelamiento de opositores. Manipulación de la administración de justicia y carencia de legitimidad democrática.
Pero creemos que la prueba más evidente que caracteriza a nuestro país como un estado forajido, es lo común y frecuente que se ha hecho el tomarse la justicia por sus propias manos, linchando y ajusticiando a delincuentes. Según cifras del Ministerio Público existe un 92% de impunidad donde los delincuentes no son castigados. Por eso la sociedad venezolana no cree en las instituciones, ni en la justicia; siente que no tiene protección, que no hay castigo para los delincuentes y ha retrocedido a ese grado de primitivismo y barbarie.
Por todas estas circunstancias nos atrevemos a calificar a Venezuela como un gobierno malandro y de malandros.
Juan Marcos Colmenares es Abogado
jmcolmenares@gmail.com