Los residentes de muchas de las favelas de Río de Janeiro viven aterrorizados tras la muerte de al menos 11 personas por disparos de la policía desde principios de mes; así lo ha advertido Amnistía Internacional antes de que empiece la cuenta atrás de 100 días para los Juegos Olímpicos.
Sólo en la ciudad de Río, al menos 307 personas perdieron la vida a manos de la policía el año pasado; es decir, uno de cada cinco homicidios cometidos en la ciudad. Mientras, las autoridades no han obligado a los responsables a rendir cuentas y cada vez se inclinan más por planteamientos de mano dura contra protestas callejeras básicamente pacíficas.
“Pese a la promesa del legado de una ciudad segura para celebrar los Juegos Olímpicos, los homicidios cometidos por la policía han ido aumentando de manera constante durante los últimos años en Río. Muchas personas han resultado heridas de gravedad por balas de goma, granadas paralizantes e incluso armas de fuego utilizadas por las fuerzas policiales en manifestaciones”, ha afirmado Atila Roque, director ejecutivo de Amnistía Internacional Brasil.
“Hasta ahora, la mayoría de los homicidios cometidos por policías no han sido investigados, ni se han establecido una instrucción rigurosa así como claras directrices operativas sobre el uso de armas “menos letales”, y las autoridades siguen tratando a los manifestantes como “enemigos públicos”.
“En los próximos 100 días, las autoridades y los organismos encargados de organizar Río 2016 pueden y deben hacer mucho para evitar que se cometan violaciones de derechos humanos en las operaciones de seguridad pública. Esperamos que las fuerzas policiales de Río adopten un enfoque de la seguridad pública basado en la precaución y la consulta en lugar de continuar con su estrategia de ‘disparar primero y preguntar después’.”
Se ha observado un aumento del uso de fuerza excesiva por parte de la policía en el estado de Río de Janeiro en los últimos años, y la mayoría de las víctimas son varones jóvenes y negros de favelas y zonas marginadas.
En 2014, cuando Brasil organizó la Copa Mundial de Fútbol, la policía del estado mató a 580 personas, un 40% más que en 2013. El número en 2015 fue incluso mayor: 645.
Aunque no es posible relacionar directamente este aumento de los homicidios policiales con los preparativos de los Juegos Olímpicos, los datos estadísticos ponen de manifiesto un patrón inequívoco de uso excesivo de la fuerza, violencia e impunidad que empaña las instituciones de seguridad pública. Muchos de estos homicidios se han cometido en el estado de Río de Janeiro, que albergará los Juegos.
En agosto de 2015, Amnistía Internacional presentó el informe “Mataste a mi hijo”: Homicidios cometidos por la policía militar en la ciudad de Río de Janeiro, donde describía con detalle las prácticas policiales de “gatillo fácil” en la favela de Acari en el periodo posterior a la Copa Mundial de Fútbol de 2014. Amnistía Internacional concluyó que, en la inmensa mayoría de los casos de homicidio a manos de la policía militar documentados por la organización en Acari en 2014, había sólidos indicios de ejecución extrajudicial. A pesar de la difusión de los casos y la presión pública, hasta ahora nadie ha comparecido ante la justicia para responder de estos homicidios.
Mientras haya impunidad, persistirá este círculo de violencia y homicidios a manos de la policía.
“Es preocupante ver que la policía sigue cometiendo homicidios a diario en Río y otras ciudades brasileñas y, sin embargo, la respuesta de las autoridades sigue siendo muy deficiente. El precio en términos de dolor y pérdida de vidas lo pagan en su mayor parte los residentes de las favelas y otras zonas pobres, sobre todo los varones jóvenes y negros”, ha afirmado Atila Roque.
La represión policial de las protestas es otro motivo de preocupación en el periodo previo a los Juegos Olímpicos.
Dos años después de la celebración de la Copa Mundial de Fútbol, cuando Amnistía Internacional también denunció casos de uso excesivo e innecesario de la fuerza por la policía durante las protestas, incluido el uso indebido de armas menos letales, no se han adoptado medidas eficaces para impedir que vuelvan a cometerse abusos policiales.
De hecho, la única legislación nueva relacionada con la seguridad pública en torno a los Juegos Olímpicos es una ley antiterrorista que, en la práctica, podría aplicarse para restringir y penalizar las protestas.
DATOS Y CIFRAS CLAVE
Los agentes de policía fueron responsables de uno de cada cinco homicidios cometidos en la ciudad de Río de Janeiro durante 2015.
Al menos 11 personas perdieron la vida en el curso de operaciones policiales en las tres primeras semanas de abril de 2016. El 2 de abril, un niño de cinco años murió y otros dos resultaron heridos durante una operación de la policía militar en Magé, municipio de la Región Metropolitana de Río. El 4 de abril, cinco personas murieron abatidas en Acari, favela del norte de la ciudad, en el curso de una operación conjunta de la policía civil y federal. Ese mismo día, un joven perdió la vida en la favela de Manguinhos durante una operación de la policía militar. El 7 de abril, al menos dos personas resultaron muertas en Jacarezinho, también en el curso de una operación de la policía militar. Entre los días 16 y 17 de abril, una importante operación policial que supuso 36 horas seguidas de intensos tiroteos en Alemão se saldó con dos homicidios y nueve personas heridas. El 23 de abril, el conductor de una mototaxi resultó muerto durante una operación de la policía militar.
En lo que va de 2016, los homicidios resultantes de intervenciones policiales en la ciudad de Río de Janeiro han aumentado un 10%. Los datos corresponden al periodo comprendido entre enero y marzo, en comparación con el mismo periodo de 2015.
Los homicidios resultantes de intervenciones policiales en el estado de Río de Janeiro aumentaron en un 54% en dos años. En 2014, el año en que Brasil organizó la Copa Mundial de Fútbol, hubo 580 homicidios en el curso de operaciones policiales en el estado de Río, lo que representaba un incremento del 40% aproximadamente respecto al año anterior. En 2015 se mantuvo la tendencia, con 645 homicidios cometidos por la policía, un incremento del 54% en dos años desde 2013. Fuente: Informe “Mataste a mi hijo” e Instituto de Seguridad Pública de Brasil.
Legislación antiterrorista: Miles de activistas y manifestantes ahora están expuestos a ser detenidos en aplicación de la nueva legislación antiterrorista de Brasil. La nueva ley federal antiterrorista aprobada en febrero de 2016 pone en peligro a manifestantes y movimientos sociales al penalizar actos relacionados con el ejercicio del derecho a la libertad de reunión.
Personas detenidas en manifestaciones previas a la celebración de la Copa Mundial de Fútbol en 2013: Rafael Braga, detenido en la manifestación del 20 de junio de 2013 y condenado a cinco años de prisión, continúa en la cárcel. Rafael llevaba consigo un producto de limpieza embotellado y fue declarado culpable del delito de portar material explosivo, a pesar del hecho de que el análisis pericial del material indicó que no era explosivo. El caso fue documentado en el informe de Amnistía Internacional “Usan una estrategia de miedo”.
No se ha regulado el uso de las llamadas “armas menos letales” mediante directrices operativas, formación rigurosa y normas de selección y comprobación del material. Estas armas, que incluyen balas de goma, granadas paralizantes, pulverizadores de sustancias químicas irritantes, gas lacrimógeno y otras, han sido ampliamente utilizadas para reprimir manifestaciones pacíficas en Brasil. Su uso abusivo e indebido con resultado de uso excesivo e innecesario de la fuerza así como lesiones, algunas de las cuales cambian la vida de la víctima, ha sido ampliamente documentado por Amnistía Internacional en el informe “Usan una estrategia de miedo” y otros documentos.
Miles de policías militares y soldados destinados a zonas residenciales – En 2014, el ejército brasileño fue desplegado en Maré, complejo de favelas de Río de Janeiro, en torno a los partidos de la Copa Mundial de Fútbol. Miles de soldados y policías militares estuvieron más de un año destacados en la comunidad y hubo informes sobre múltiples abusos, como el caso de Vitor Santiago Borges, que ahora tiene 30 años: el año pasado, el ejército disparó contra él cuando entraba en la favela para ir a su casa acompañado de unos amigos. Perdió parte de la pierna.
Nota de prensa Amnistía Internacional