De igual modo, esta semana la gente salió masivamente a las calles a estampar su firma para allanar la ruta del referendo revocatorio, y con ello adelantar un poco más el reloj del cambio constitucional que se activó el pasado 6D. Un cambio que el oficialismo ha querido desconocer, obstaculizar, retrasar, pero que, al igual que con las elecciones parlamentarias, al final no podrá desactivar. Y es que esta semana se evidenció que la indignación nacional está alcanzando cotas verdaderamente inmanejables, que la voluntad ciudadana para movilizarse políticamente está intacta y que al régimen solo le queda un cartucho: la amenaza de reprimir (solo la amenaza, porque reprimir masivamente como tal ya no puede). Lo cierto es que a Maduro le restan, a lo sumo, unos doscientos días en el gobierno, de aquí a la jornada del revocatorio, y digo a lo sumo porque a lo interno del oficialismo ya se atisban algunos destellos de lucidez y es posible que se acojan a la enmienda constitucional o presionen por la renuncia.
Por su parte, esta semana la Asamblea Nacional adelantó otro tanto su reloj, poniendo en su sitio la irrita sentencia del TSJ que pretendía meterle mano a algo tan básico para el funcionamiento del Poder Legislativo como su Reglamento de Interior y de Debate. Queda claro que a la Asamblea le corresponde seguir cumpliendo con sus funciones constitucionales y avanzar en la búsqueda de soluciones a los problemas concretos de la gente, pues la agenda de saboteo en la que se ha enfrascado el TSJ no es sostenible en el tiempo. Zanjado el intento por neutralizar al Legislativo y activados los mecanismos constitucionales para el inevitable relevo político, corresponde también adelantar los tiempos en materia económica. En tal sentido, esta semana la Asamblea presentó una serie de propuestas que, si este Gobierno no quiere implementar, quedarán para la consideración de ese nuevo Gobierno que, por la vía del voto, se dará el pueblo venezolano en los próximos meses.
El informe de la subcomisión, conformada por representantes de ambas bancadas, contiene diez propuestas elementales, sobre las cuales existe un alto grado de consenso entre los especialistas y que ponemos a la consideración de todos. Oído al tambor, porque para allá vamos: (1) garantizar la seguridad jurídica y el derecho de propiedad; (2) disminuir la inflación y mejorar los ingresos de la población; (3) apoyar la producción nacional; (4) estimular la diversificación de la economía; (5) flexibilizar el control de precios; (6) unificar gradualmente los tipos de cambio; (7) diseñar una nueva política petrolera; (8) establecer una verdadera política social que reduzca los niveles de pobreza de manera permanente; (9) refinanciar el perfil de la deuda externa; y (10) adelantar políticas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Ya habrá ocasión de comentar cada una de ellas en detalle, pero por lo pronto es importante ratificar al país que sí existe salida a esta grave crisis económica que atravesamos y que la alternativa democrático tiene toda la disposición para el dialogo y la concertación en torno a una agenda de trabajo común. El reloj del cambio ya está andando: tic, tac, tic, tac.