La mañana de este miércoles se llevó a cabo desde las oficinas administrativas de la Asamblea Nacional, la Comisión Mixta, conformada por las comisiones de Política Interior y Cultos y Régimen Penitenciario, presididas por la diputada Delsa Solórzano y el diputado Richard Blanco, respectivamente. En la referida Comisión, asistieron los parlamentarios Juan Pablo García, Juan José Marín, Teodoro Campos, Mariana Lerín, además de la presencia de diputados de las comisiones antes referidas, a objeto de estudiar el cronograma de la consulta pública del Proyecto de Ley de Limitación de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios. NP
En el desarrollo del encuentro, propiciado por la necesidad de reducir al máximo los índices delictivos perpetrados desde el interior de los centros de reclusión de todo el país, los legisladores convocados para el debate plural de la mencionada ley, expusieron sus puntos de vista en relación a un flagelo que a juicio de los presentes, ha afectado considerablemente el entorno social de las familias venezolanas por la cantidad de secuestros, extorsiones y demás delitos tipificados en las leyes venezolanas, como un asalto a la norma jurídica.
En ese sentido, la diputada Delsa Solórzano con claridad refirió, que aplicarán una consulta pública en lo que respecta al uso de los teléfonos celulares y la internet “hoy nos corresponde aprobar el instrumento de consulta pública que va a ser llevado a las calles, a las universidades, a las escuelas, y a todos los lugares donde los ciudadanos tengan que opinar sobre esta ley”, asimismo informó que ya han sido giradas las comunicaciones a los entes vinculados al caso, “al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, al Tribunal Supremo de Justicia, entre otros, por eso nos mantendremos en el curso para la aprobación de esta ley”, sentenció.
Ante lo expuesto por Solórzano, el diputado, Richard Blanco, enfatizó “la Ley esta contentiva de 15 artículos, cuya importancia recae en el beneficio que le brindará a los ciudadanos. Para nadie es un secreto la incidencia de delitos que se cometen desde las cárceles, lo que compromete no solo la vida de los ciudadanos sino sus bienes, desde el punto de vista jurídico es importante señalar que la Asamblea Nacional cuenta con profesionales que nos han permitido adelantar el trabajo, y ahora con la fusión de las comisiones impulsamos con este instrumento los mecanismos que deben ejecutarse desde los centros penitenciarios”.
Por ello, se determinó que la referida consulta pública, de la mano de cada diputado integrante, será llevada a cada espacio del país, para que sus habitantes hagan uso de esa herramienta a fines de disminuir la ejecución de delitos intramuros. De esa forma, Delsa Solórzano anunció que en un máximo de 25 días continuos debe ser aprobada esta Ley.
Por su parte, Luis Izquiel, abogado penalista, criminólogo y asesor permanente de ambas comisiones y en quien ha recaído las revisión pormenorizada de la exposición de motivos de dicha ley, afirmó “la población que vive cerca de los centros penitenciarios son los que sufren. Esta ley es una respuesta ante ese problema delictivo”.
De igual manera el diputado Richard Blanco, destacó que en los próximos días espera concretar reunión con la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, para tratar temas de interés para estas dos comisiones.
Para finalizar el parlamentario caraqueño informó que próximamente presentarán las resultas detalladas del trabajo realizado desde la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario que dignamente dirige.