El diputado de La Causa R y presidente de la Comisión que evalúo el caso de la desaparición de mineros en Tumeremo, Américo De Grazia, presentó el informe final en el que se comprobó que si hubo una masacre, días después de la creación de la empresa Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) en el marco del denominado “Arco Minero del Orinoco”, ante la mirada de las autoridades, cuya investigación aún no ha esclarecido los hechos ocurridos el pasado 4 de marzo en las Minas Las Claritas.
Nota de prensa
De Grazia, quien integró la Comisión conjuntamente con los diputados Luis Silva, Olivia Lozano, Rachid Yasbek y José Hernández, manifestó que tras la reunión con familiares y visitar la zona, “hay evidencias que llevan a deducir que la masacre de Tumeremo fue un acto premeditado”, además la Comisión determinó que se rescataron los cadáveres de al menos 17 víctimas y el Ministerio de Interior y de Justicia corroboró la participación material en los hechos de Jamilton Andrés Suarez Ulloa, alias “El Topo” y sus secuaces cuyas órdenes de captura ya han sido emitidas con el resultado de algunas detenciones.
El dirigente señaló que en el documento se expresa que en las áreas mineras del estado Bolívar se violan los Derechos Humanos de manera sistemática. “Estos hechos se producen además en el contexto de la concesión a la Empresa Gold Reserve. Los mineros artesanales venezolanos son sometidos a la violencia, al miedo, a la extorsión, a la criminalización de su trabajo, con ánimo de inducirlos a la clandestinidad y al tráfico de miseria con consecuencias nocivas en lo social, económico y ambiental. Es inconcebible este estado de cosas en una zona totalmente militarizada sin la complicidad directa de algunos altos mandos de la Fuerza Armada Nacional”.
Se expresa también que “la Comisión concluye que el ciudadano Rangel Gómez en su calidad de Gobernador del Estado, actuó de manera negligente desde los primeros momentos al negar de forma categórica los hechos denunciados, lo que contribuyó a que tantos las autoridades policiales y la Fuerza Armada incumpliesen con sus obligaciones de brindar colaboración inmediata a los denunciantes y se desarrollasen las labores de rescate, así como facilitar el escape del autor material debido a la no actuación de una forma rápida”.
Asimismo, en el texto final los parlamentarios exhortan a que este documento sea remitido a la Fiscalía General de la República y así solicitar a la máxima autoridad judicial se establezcan responsabilidades de todos los involucrados, y se logre la captura y condena de los autores materiales e intelectuales del caso.
De igual forma, se acordó remitir a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a la Contraloría General de la República, al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería y al Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, este informe para que se realicen averiguaciones y así clarificar los hechos ocurridos.