La cárcel en el norte de México a donde las autoridades transfirieron repentinamente al líder narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán es considerada por autoridades de derechos humanos como la peor del sistema penitenciario federal.
Por PETER ORSI, Associated Press
Un reporte de 2015 elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNHD) dio al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 9 una calificación de 6.63 en una escala del cero al 10. Es la calificación más baja para cualquiera de las 21 prisiones federales del país.
En comparación, la instalación de máxima seguridad en el Altiplano —en el centro del país— donde estaba Guzmán era la décima en la lista con una calificación de 7.32.
La cárcel del Altiplano es considerada la de mayor seguridad del país y muchos pensaban que era a prueba de fugas. Esa creencia se vino abajo cuando Guzmán se escapó en julio de 2015 a través de un sofisticado túnel de 1,5 kilómetros de largo (una milla). Fue cavado por sus cómplices y llegaba hasta la zona de ducha en su celda. El pasaje estaba equipado con una motocicleta modificada para correr sobre rieles.
El Cefereso 9, localizado en Ciudad Juárez, fronterizo con Texas, calificó bien en “condiciones de gobernabilidad”, posiblemente un indicio de que las autoridades creen que aquí pueden controlar el entorno del capo y reducir el riesgo de que se fugue por tercera ocasión.
La cárcel está cerca de la autopista Panamericana, a unos 23 kilómetros (14 millas) al sur del centro de Ciudad Juárez, en medio del desierto de estado de Chihuahua y prácticamente rodeado de nada.
El gobernador de Chihuahua César Duarte dijo en conferencia de prensa que la transferencia de Guzmán no representa riesgo para el estado y que hay señales de mejoras en materia de seguridad.
El líder del cártel de Sinaloa —quien está peleando para no ser extraditado a Estado Unidos, donde enfrenta cargos por drogas en varias jurisdicciones— fue transferido el sábado en la madrugada en un operativo sorpresivo y en medio de fuertes medidas de seguridad.
Las autoridades dicen que es rutina rotar a los internos por cuestiones de seguridad, pero analistas han dicho que tal vez también querían sacudir el entorno de “El Chapo” para frustrar cualquier plan de fuga que pudiera estar en progreso.
De acuerdo con el reporte de la comisión de derechos humanos, el Cefereso 9 tuvo bajas notas en la garantizar una estadía “dignificada” y en el manejo de reos con necesidades especiales. Tuvo calificaciones medias en garantizar la seguridad de los prisioneros, así como en bienestar y rehabilitación.
También menciona que está un poco sobrepoblada, con 1.012 internos viviendo en esa prisión del estado de Chihuahua que tiene capacidad para 848 reos. Las autoridades reconocen que la sobrepoblación es un problema extendido en el sistema penitenciario mexicano.
En general, el Cefereso 9 obtuvo una evaluación “amarilla” en 2015 en el sistema de evaluación de la CNDH. Además, mejoró desde la calificación “roja” que tuvo en 2014, aunque su nota numérica fue la más baja del país.
En “gobernabilidad” fue la única categoría donde la prisión recibió color “verde” (aprobación). La prisión del Altiplano también obtuvo color verde en condiciones de gobernabilidad.
“El Chapo” se fugó por primera vez de una prisión en 2001 y pasó más de una década como uno de los más buscados del mundo. Fue recapturado en 2014 y escapó al año siguiente. Elementos de la Armada mexicana lo arrestaron en el estado de Sinaloa en enero de 2016, después de escapar por el drenaje desde una casa donde se ocultaba.
Guzmán regresó al Altiplano —de donde se fugó en 2015— y las autoridades aumentaron las medidas de seguridad para él. Estaba bajo constante conservación con una cámara sin puntos ciegos, mientras que las paredes y piso de la celda estaban reforzados con barras de metal y una capa de concreto de 40 centímetros (16 pulgadas). Las autoridades también restringieron sus visitas.
Un abogado del capo confirmó el sábado que su defensa sigue peleando judicialmente para evitar la extradición y que las autoridades han dicho que podrían pasar meses o hasta un año para tener un fallo. AP