Tenía un aire a repetición. La prepotencia y la falta de respeto del gobierno venezolano eran como antaño. También el abuso del tiempo, la maniquea clase de historia, las conspiraciones imaginarias y el insulto presto, ahora al Secretario General de la OEA. Todo ello en reunión del Consejo Permanente. Ya no estaba Chaderton en la mesa, pero la puesta en escena y el script eran como entonces.
Pero entonces el barril de crudo estaba por encima de 100 y la OEA era un ministerio de Hugo Chávez. Hoy el petróleo está en 40 y en la OEA está Luis Almagro, dedicado a revitalizar el histórico compromiso de la organización con los derechos humanos. Estos mismos principios lo llevaron a reunirse con un grupo de legisladores venezolanos que no pueden legislar, precisamente, impedidos por el Tribunal Supremo de Justicia, apéndice del Ejecutivo que invalida toda ley que no sea del gusto del partido de gobierno.
Ante la falta de separación de poderes, entre tantas otras violaciones de derecho, los diputados le solicitaron la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática. Almagro les pidió mas documentación y dijo que analizaría el tema. Ello fue suficiente para que el gobierno de Venezuela requiriera una inmediata reunión del Consejo Permanente, enviando a su canciller Delcy Rodríguez en el papel de bully.
Llamó la atención la urgencia de la solicitud, realizada el día 3 de mayo, especialmente por no haber dado tiempo a los cancilleres de la región a viajar. Solo la argentina Malcorra lo hizo, quien evidentemente contaba con un par de días disponibles en su agenda que le posibilitaron emprender el viaje a pesar de la premura.
En la presentación de Malcorra también hubo un cierto déjà vu, pero en este caso evocando a Insulza. Al igual que el anterior Secretario General, la canciller argentina se opuso a invocar la Carta Democrática, por ser “apresurado”, y postuló una mediación, sin dejar en claro entre quienes. Si es entre la OEA y el gobierno de Venezuela, no seria pertinente, pues la OEA es justamente un organismo de mediación, el más importante del hemisferio. Y si es entre el gobierno y la oposición, mediar es exactamente la función de la Carta Democrática, instrumento que al mismo tiempo le exige a los Estados miembros respetar los compromisos internacionales.
La canciller presentó un argumento circular, una lógica ya fracasada en 2014. Sus palabras sugerían que el problema venezolano es la falta de diálogo entre las partes. Es muy cierto, pero no debe soslayarse que la falta de dialogo es responsabilidad principal del oficialismo, que viola hasta la institucionalidad diseñada a voluntad en 1999, su propia Constitución. Pensar en términos simétricos entre una oposición que intenta legislar y un gobierno que controla el aparato jurídico y coercitivo—y que los usa para bloquear esa legislación—es una falacia. Tal cual razonaba Insulza.
En diplomacia lo que se obvia decir tiene tanto significado como aquello que sí se dice. No puede ser casual que los términos “democracia”, “derechos humanos” y “presos políticos” no fueran pronunciados por la canciller argentina, ni una vez. Nótese el contraste con la Cumbre de Asunción de diciembre pasado, cuando en similar escena el presidente Macri le pidió a la misma canciller Rodríguez la liberación de los presos políticos, rechazando “la persecución política y la privación de la libertad por pensar distinto”.
Por ello, la desazón era generalizada en el salón Simón Bolívar. El alineamiento de la canciller Malcorra con el gobierno de Venezuela quedó grabado en los oídos y en la retina de los allí presentes. Si ello forma parte de la “estrategia electoral” de Malcorra en pos de la Secretaría General de Naciones Unidas, el problema es que erosiona la coherencia de la política exterior de Mauricio Macri. Por ende, hipoteca su liderazgo regional, forjado alrededor de los derechos humanos en Venezuela y en todo el hemisferio. La sorpresa y decepción de muchos de los asistentes a la reunión de la OEA es el espejo de esa realidad.
Si lo dicho—y, sobre todo, lo no dicho—por Malcorra representa un giro en U en la política exterior de Macri, el propio presidente deberá explicarlo a la comunidad internacional. Se trata de su propia credibilidad.