La crisis política en Venezuela evoluciona como la crónica de una muerte anunciada, con altas dosis de realismo mágico garcíamarquiano, y un silencio cómplice de la mayor parte de la comunidad internacional. En anteriores reflexiones expresamos que si el régimen se negaba a aceptar la voluntad popular y las reglas del juego institucionales, en abierto desafío al Estado de Derecho, como corresponde a su naturaleza totalitaria, la oposición no tendría otra opción que declararse en desobediencia cívica y resistencia no violenta, con base en claros preceptos constitucionales. Algunos dirigentes mundiales han exhortado al régimen gobernante para que abra espacios de diálogo nacional con tolerancia, pero ello ha caído de nuevo en terreno árido.
También expresamos en nuestro última entrega que la Asamblea Nacional (AN) electa el 6D con amplia mayoría opositora, tenía el deber de garantizar el cumplimiento del mandato popular y de defender sus atribuciones, por encima del impúdico Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designado de manera ilegítima en diciembre pasado por la AN saliente. Es así como la Sala Constitucional del TSJ, convertida en el brazo político de la dictadura, bloquea todos los actos legales aprobados por la AN y cercena sus atribuciones, hasta el punto de dejarla sin margen de acción, pese a que el Poder Legislativo y el Presidente de la República, son los únicos de elección popular, en tanto que los otros son poderes derivados. No se trata así de un conflicto de poderes, sino de la anulación del Poder Legislativo por parte del Ejecutivo y de uno de sus apéndices: el Poder Judicial.
Tal ha sido el caso de la ley de amnistía, la reforma a la ley del Banco Central de Venezuela, la de titularización de la propiedad de viviendas populares a sus beneficiarios, la censura al Ministro de Alimentación, la ley que otorga un bono a pensionados o jubilados, el aval del TSJ a la emergencia económica previamente negada por la AN, y el bloqueo a las facultades de la AN para investigar o interpelar a altos funcionarios del gobierno, entre otros. Los Diputados oficialistas y el gobierno se regodean burlándose de la bancada opositora, y a las entradas de la AN grupos violentos oficialistas agreden a los Diputados, mientras el TSJ convierte actos legislativos o de control político, perdonen la expresión, en papel sanitario. Eso sí, con la habitual doble moral olvidan deliberadamente que cuando eran mayoría hicieron uso y abuso de la AN para defenestrar a parlamentarios o funcionarios de elección popular, designar funcionarios a su antojo, y violentar las mayorías requeridas para ciertas decisiones, entre ellas la aprobación de leyes orgánicas o la cesión de facultades al Ejecutivo para hacer y deshacer a través de leyes habilitantes. No olvidemos tampoco que en la etapa democrática, en la “malhadada cuarta República”, el Congreso llegó a destituir por causas no probadas a un Presidente constitucional en ejercicio, como fue el caso de Carlos Andrés Pérez, quien acató cívica y democráticamente la decisión para evitar conflictos institucionales, en una infeliz decisión, que ha tenido costosas secuelas políticas para el país.
La cereza del postre la ha constituido la reciente decisión de la Sala Constitucional del TSJ de modificar el reglamento interior y de debates de la AN, en un acto de naturaleza supraconstitucional que configura otro golpe de Estado más, orientado a sujetar los actos legislativos de la AN al visto bueno previo del Poder Ejecutivo, y a mecanismos de asambleísmo popular. El jurista Allan Brewer Carías, quien ha analizado el tema, considera que “con esa sentencia, la Sala Constitucional se colocó por encima de la Constitución, primero estableciendo con evidente usurpación de funciones una normativa para el funcionamiento de la Asamblea Nacional que solo esta puede dictar al aprobar su Reglamento Interior y de Debates; estableciendo obligaciones al Poder Ejecutivo que solo la Asamblea Nacional puede sancionar mediante ley, todo con el objetivo de eliminar totalmente la función legislativa de la Asamblea Nacional, al someter inconstitucionalmente la sanción de las leyes al visto bueno previo por parte del Ejecutivo Nacional”. Concluye Brewer afirmando que con esa sentencia del TSJ, “la Asamblea Nacional ha quedado incinerada por obra del Juez Constitucional”.
Otro interesante informe del jurista José Amando Mejía, afirma que la Sala Constitucional a través de sus sentencias “ha tenido el propósito de provocar una degradación constitucional, al generar un vaciamiento y deterioro de la institucionalidad de la AN”. Por ello afirma que la AN “tiene el deber de desconocer a la Sala Constitucional del TSJ”, como mecanismo de rescate de la propia Constitución, la cual está siendo violada abiertamente por el TSJ. Expresa Mejía que el desconocimiento de la Sala Constitucional a la nueva Asamblea Nacional constituye un mecanismo constitucional legítimo, jurídicamente incuestionable y políticamente necesario, y que la AN tiene la obligación de activarlo para restablecer la efectiva vigencia de la Constitución, y que si no lo hace quebrantaría a su vez la Constitución, al someterse a una autoridad que como órgano del poder público ha violado gravemente la Constitución que estaba obligada a garantizar y respetar. Por tanto considera que el TSJ ha incurrido en una clara violación de la Constitución, y ello es una prueba fehaciente de que la Constitución del 99 perdió su efectiva vigencia. Mejía concluye en que: “La Sala Constitucional violó la Constitución al quitar y arrebatar la fuerza normativa de la Constitución para asumirla como propia y subyugar el texto constitucional para acomodarlo a su libre albedrío y a los intereses del Presidente de la República. La Constitución no es un una norma complaciente ni acomodaticia a los intereses del Poder Ejecutivo, ni un paraíso normativo donde el Presidente de la República como jefe del gobierno puede hacer lo que le da la gana, actuar sin control e ignorar las competencias de los otros poderes del Estado. La fuerza normativa de la Constitución es la misma que obliga a la Sala Constitucional, a los demás poderes públicos y a todos los venezolanos”.
En otro plano, la iniciativa opositora de convocar a un referéndum revocatorio del Jefe de Estado está siendo objeto de torpedeos para evitar que se concrete este año, mediante la dilación en la entrega de las planillas por parte del CNE, con lo cual ganó dos meses, y para el proceso de verificación de firmas el gobierno designa a una comisión de integristas presidida por el inefable Jorge Rodríguez, expresidente del CNE y hermano de la Canciller Delcy Rodríguez, la misma que declaró esta semana en la OEA que la crisis en Venezuela es mediática y obra del imperialismo, dejando boquiabierto al planeta entero. Es obvio que pese a los esfuerzos de la oposición y la entusiasta respuesta del pueblo en la recolección de firmas, el gobierno está convirtiendo el referéndum en una carrera de obstáculos, a lo cual Maduro añade sin rubor que los revocatorios constituyen una opción y no una obligación, mientras el inefable Diosdado amenaza e intimida al pueblo y a los funcionarios públicos que firmen, como si se tratara de un acto delictivo.
Dada la simultaneidad de tales hechos con la crisis política brasileña, comparemos cómo las instituciones de ese país no han vacilado en adelantar el juicio político contra la Presidenta Dilma Rouseff, cumpliendo todas las etapas previstas en la Constitución, sin dejarse arredrar por las denuncias de golpe y presiones de un régimen agonizante, envuelto en actos manifiestos de corrupción y desviación de fondos. Lo de Brasil no es ni la milésima parte del saqueo y malversación de recursos protagonizado impunemente por el régimen venezolano, agravado por delitos de abuso de poder, atropello a los Derechos Humanos y anomia a los cuales se ha conducido a la nación.
Sea por las razones expuestas, por la nacionalidad no demostrada de Maduro, por la desbordada corrupción, la debacle económica, la crisis humanitaria, o por los golpes continuados contra el Estado de Derecho, ha llegado el momento de levantarse pacífica y constitucionalmente ante el totalitarismo, para hacer prevalecer la voluntad democrática de la mayoría del pueblo venezolano, y desconocer con determinación a la tiranía imbricada entre el gobierno, el TSJ y el Poder Electoral. Mañana será quizás demasiado tarde, so pena de que el pueblo tome en sus manos caminos impredecibles, y no necesariamente deseables.
“Para la verdad, el tiempo; para la justicia Dios”