La diputada opositora argentina Margarita Stolbizer amplió hoy una denuncia por la que solicita que se indague por supuesto cohecho la empresa Los Sauces, participada por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), que la justicia ya investiga por presunta manipulación de documentos públicos. EFE.
La investigación, surgida a partir de una denuncia presentada por la propia Stolbizer en abril, apunta a determinar si los inmuebles que poseía la empresa fueron utilizados para supuestos negocios irregulares con empresarios ligados a la obra pública.
Stolbizer hace referencia en el nuevo documento, divulgado hoy, al modo a su juicio “irregular” en el que se adjudicaba la obra pública a las empresas de Lázaro Báez, principal adjudicatario en la provincia de Santa Cruz, el bastión kirchnerista, y que está detenido en el marco de una causa por supuesto lavado de dinero.
Es así que asevera que “en forma paralela”, Fernández “recibía dinero mediante un acuerdo que tenía la apariencia de un vínculo comercial pero encubría una promesa, en su condición de funcionario público, para otorgar más obra pública y omitir todo tipo de controles por parte del Estado”.
La diputada cree que se utilizó “la pantalla de alquileres de propiedades, entre otras operaciones comerciales”.
Las obras adjudicadas a Báez, añade Stolbizer, tienen como características la “duplicación de los plazos originarios establecidos, aumentos groseros de los costos, falta de cumplimiento de las condiciones de contratación”.
El pasado jueves, el juez federal Claudio Bonadio ordenó allanar varias oficinas en Buenos Aires en busca de datos sobre inmuebles de la empresa Los Sauces.
En concreto, según explicaron a Efe fuentes judiciales, el operativo se ordenó y realizó con el fin de “proceder al secuestro” de toda la documentación relacionada con los propietarios de tres pisos a nombre de la sociedad, “además de toda aquella que se relaciona con el pago de servicios y quienes abonaban las expensas desde el primer pago”.
La causa, surgida tras una denuncia presentada en abril por Stolbizer, busca determinar si los inmuebles que poseía la empresa fueron utilizados para supuestos negocios irregulares con empresarios ligados a la obra pública.
Según Stolbizer, la presunta alteración de los documentos de Los Sauces permitieron también modificar “el contenido de las declaraciones juradas presentadas” por Fernández cuando era presidenta (2007-2015), por lo que también pidió investigar un supuesto enriquecimiento ilícito de la exmandataria.
Es así que el fiscal Carlos Rívolo acusó a la expresidenta y a su hijo, el diputado Máximo Kirchner, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos.
Ahora, si se logran reunir elementos de prueba, el juez deberá decidir si llama o no a declaración indagatoria a la exmandataria.
Fernández está involucrada en otra causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la empresa hotelera Hotesur, también participada por ella.
Según la Justicia, el lujoso hotel Alto Calafate, controlado por Hotesur, habría funcionado como alojamiento “fantasma” para presuntos negocios irregulares con Báez.
Además, el fiscal Guillermo Marijuan pidió investigar a la expresidenta en el marco de la causa por la que está detenido el empresario y que investiga un delito de lavado de activos.
Fernández aparece también acusada en una investigación por irregularidades en el Banco Central que lleva adelante Bonadio, también a cargo del caso Los Sauces.