Se ha vuelto una pregunta recurrente en casi todas la entrevistas que me hacen. Sorprende a mis interlocutores que afirme que en Venezuela no hay democracia. No se puede hablar de democracia en un país en el que la clase política gobernante no reconoce que se ha convertido en minoría y se empeña en comportarse como si fuese un ejército invasor. Sin ánimo de ser excesivamente formal, revisemos una por una las características de una democracia moderna.
Comencemos con la existencia de una constitución que limita los diversos poderes y controla el funcionamiento formal del gobierno, y constituye de esta manera un estado de derecho. Al respecto se hace evidente que la constitución venezolana no llega ni a libro de referencia. Después de perder el poder legislativo, el ejecutivo se ha agavillado con el resto de los poderes para limitar a la Asamblea Nacional y con ello desconocer la voluntad popular expresada en las urnas el 6D.
Debe constituir un record mundial el que en cuatro meses, la sala constitucional del TSJ haya declarado inconstitucional 12 leyes aprobadas por una amplia mayoría de la AN. Es motivo de vergüenza que ese mismo TSJ reconozca como apegado a derecho el procedimiento mediante el cual se incorporaron jueces que ni siquiera cumplen el requisito formal para desempeñar esos cargos. Más vergonzoso es que se limitara la mayoría otorgada por el pueblo desincorporando a través de chismes y trapisondas a los diputados del estado Amazonas con el fin de evitar que la MUD tuviese la mayoría de dos tercios que le otorgó el pueblo.
El presidente de la república se da el tupé de desconocer la constitución para defender un ministros reconocidamente incapaz por medio de un decreto que pretende protegerlo de la destitución porque nos encontramos en una emergencia económica. Semejante despropósito solo se le ocurre a un individuo que no respeta ninguno de los principios de la democracia.
En el agavillamiento de poderes participa el CNE que no dice nada con respecto al mejor sistema electoral del mundo y el supuesto fraude de Amazonas. Ahora, se empeña en poner trabas al proceso revocatorio. Esta acción, valga la pena recordarlo, va en contra de la doctrina que el propio Hugo Chávez le otorgaba a ese procedimiento constitucional.
La fiscalía amenaza con llevar diputados a juicio por supuesta traición a la patria. El motivo es la molestia que le causa a la clase política gobernante el que la oposición solicite la aplicación de la carta democrática a Venezuela. Ni hablar del defensor del pueblo, ex diputado y ex gobernador por el partido de gobierno y que por supuesto no puede dar la más mínima prueba de la independencia que al titular de este cargo le exige la constitución nacional.
Unos poderes que obedecen a pie juntillas las órdenes de la corrompida cúpula podrida del PSUV y que pone el proyecto político por encima de la constitución, no cumplen con la segunda característica de una democracia como es la separación de poderes.
El derecho a votar y ser votado en las elecciones para una amplia mayoría de la población ha quedado en entredicho con el atropello que sufren los diputados electos por el estado Amazonas. El TSJ, ante la ausencia de caso y cumpliendo ordenes del PSUV, mantiene este caso sin resolver para impedir el correcto funcionamiento de la Asamblea Nacional en manos de la oposición.
La protección del derecho de propiedad y existencia de importantes grupos privados de poder en la actividad económica es motivo de ataque permanente por parte del gobierno de Maduro. No contentos con haber expropiado y expoliado cantidad de propiedades, se dedican a acosar a aquellas empresas que a pesar de un clima hostil a las inversiones se empeñan en seguir operando en Venezuela. Las amenazas constantes contra las empresas más importantes lo único que buscan es diluir la responsabilidad del gobierno por su empeño en mantener un modelo económico anacrónico y fracasado.
La existencia de varios partidos políticos no es una libertad que se encuentre totalmente garantizada en Venezuela. Prueba de ello la pueden dar agrupaciones que se han separado del chavismo y a las cuales se les ha impedido participar en las elecciones legislativas con sus propios candidatos. A esto se une la persecución y encarcelamiento de líderes de la oposición y activistas políticos. La inquina del gobierno contra todo aquel que le presente oposición es vergonzosa. Tienen las cárceles repletas de gente injustamente detenida por ejercer su derecho constitucional a oponerse al gobierno.
Por todos es sabido que la libertad de expresión no es un derecho respetado en Venezuela. La persecución a medios, periodistas y líderes de opinión por parte del chavismo ha sido una constante durante los últimos quinquenios. Con el tiempo, la represión se ha hecho más intensa. Junto con la libertad de expresión, la prensa libre es otra víctima del gobierno de maduro. El solo hecho de que los medios impresos oficialistas tengan acceso al papel y los que se le oponen no, da una idea de la posición del gobierno con respecto a la prensa libre.
El gobierno ha bloqueado a través del CNE cantidad de elecciones sindicales. La CTV no ha podido realizar sus comicios para elegir nuevas autoridades. A través del poder judicial se ha impedido que las universidades realicen sus elecciones de autoridades rectorales. En fin, el gobierno impide el normal desempeño de todo aquello que no se encuentre a su servicio.
Los derechos humanos en Venezuela son una quimera. Pacientes mueren por falta de atención médica, la PNB y la GNB atacan salvajemente a los manifestantes. Cantidad de muertes esperan por la correspondiente investigación y castigo. No hay ante quien recurrir por las permanentes violaciones a los DDHH en Venezuela.
En nuestro país existe un remedo de democracia que no llega a dictadura. Es la ocupación inmoral de una fuerza política que representa intereses extranjeros y que no tiene preocupación alguna por la suerte de los venezolanos.
¿Será por todo esto que Chávez incluyó el artículo 350 de la constitución? El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.