La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) está preocupada ante la posibilidad de que las “circunstancias de inestabilidad” que, según este organismo, se viven en Brasil, pudieran “trasladarse de manera peligrosa a la región”, dijo hoy el secretario general del organismo, Ernesto Samper.
EFE
Samper, en conferencia de prensa en Quito, sede permanente de la Unasur, se pronunció así después de que el Senado de Brasil decidiera abrir un juicio político en contra de la presidenta de ese país, Dilma Rousseff, y dijo que en esa nación hay actores políticos “que están haciendo política sin responsabilidad política”.
Para la secretaría general de la Unasur, agregó, esos actores “están comprometiendo la gobernabilidad democrática de la región de una manera peligrosa”.
El representante del bloque suramericano reiteró que no existen imputaciones sobre la conducta de la mandataria brasileña y en cuanto a los “cargos administrativos” que se esgrimen en su contra, estimó que no justifican “un proceso de destitución como el que se ha iniciado”.
Si se aceptara que tales cargos tienen valor para ello, cualquier presidente podría ser destituido “por una simple actuación administrativa que se considere equivocada”, declaró.
El que fuera presidente de Colombia entre 1994 y 1998, consideró que, además, el procedimiento abierto en Brasil podría violar “el principio de separación de poderes” al otorgar a los Parlamentos “la posibilidad de criminalizar actos administrativos”.
En Brasil, dijo, “unas mayorías políticas parlamentarias, de alguna manera, han desafiado las mayorías ciudadanas que se expresaron de manera clara” en favor de Rousseff.
Según él, en la Cámara de Diputados de Brasil se expresaron “reclamos políticos” que no tienen cabida en los requisitos que son necesarios para el juicio contra un presidente.
“Nosotros creemos que mientras que este proceso sigue adelante ella sigue ostentando el título de presidenta constitucional del país”, apostilló Samper, quien solicitó, en nombre de la secretaria general de la Unasur que se garantice el derecho de defensa de la mandataria y que sea juzgada con las garantías propias de un Estado de Derecho.