“Las amenazas y acusaciones contra el dirigente nacional de Voluntad Popular y diputado al Consejo Legislativo del estado Zulia (Clez), Lester Toledo, forman parte de la acciones emprendidas por el gobierno para perseguir, intimidar y reprimir a la dirigencia opositora que está empeñada en rescatar la democracia y lograr la salida del presidente Nicolás Maduro por la vía pacífica y constitucional”.
Nota de prensa
Así lo expresó el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Armando Armas, al expresar su total respaldo y solidaridad al parlamentario zuliano, quien en las últimas semanas ha sido víctima de una brutal campaña de descalificación por atreverse a pedirle cuentas al gobernador de esa entidad Francisco Arias Cárdenas, en lo que pudiera considerarse una nueva versión del refrán del ladrón que dice: “allí va el ladrón, para ocultar sus fechorías”.
“El régimen sabe que Lester Toledo lo desenmascarará y por eso le teme. No se trata de un hecho fortuito que voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) traten de enlodar la investigación sobre presuntos hechos de corrupción en Zulia y vincularlo con el paramilitarismo, fórmula que suele usar el gobierno para justificar la represión. Nadie debe poner en duda de que saldrán a la luz pública pruebas y evidencias contundentes”.
Armas también condenó las agresiones de que han sido objeto activistas de VP en el estado occidental y que este miércoles sufriera el coordinador de Juventudes de la Universidad Católica Cecilio Acosta (Unica), Johans Vizcaíno, quien fue sometido a torturas en rostro y cuerpo, y cuyos maleantes advirtieron que se trataba de una retaliación contra Toledo y amenazaron con asesinar a su hija si no cesaba las denuncias.
Este martes, Toledo solicitó a la Comisión de Contraloría de la AN investigar seis obras presupuestas, pagadas y no ejecutadas por Arias Cárdenas, entre ellas el Aula Magna de la Universidad del Zulia (LUZ), el distribuidor del kilómetro 4, el complejo polideportivo Sierra Maestra, el Museo de los Niños, el oncológico del hospital General del Sur y el hospital de Cabimas.
“En VP no nos oponemos a las averiguaciones que busquen esclarecer la verdad, pero igual aspiramos que quienes ocupan cargos de gobierno y manejan fondos públicos, asuman con gallardía la responsabilidad de rendir cuentas, tal como lo establece la ley”.