Cinco años atrás, Venezuela nacionalizó buena parte de su minería. Ahora, el presidente Nicolás Maduro está invitando a las multinacionales a que regresen y reactiven una economía en crisis. Sin embargo, entre las empresas y los minerales se interponen unos 100.000 mineros ilegales y bandas armadas, algunas de las cuales mantienen estrechas relaciones con los mandos militares locales.
Maduro anunció en febrero un plan para subastar casi 11 millones de hectáreas de nuevas concesiones en un área conocida como el Arco Minero del Orinoco. El gobierno estima que la zona posee unas 7.000 toneladas de oro, lo que de confirmarse convertiría a Venezuela en el país con el segundo depósito de oro más grande del mundo después de Australia.
Pero en la mina de oro ilegal Arenosa, en el corazón del Arco Minero, Ramón, un líder de una pandilla, tiene otros planes. Recientemente, decenas de sus hombres armados con pistolas, escopetas y ametralladoras hacían guardia en torno a la mina. A su alrededor, cientos de buscadores cavaban fosas con sus palas al ritmo de salsa a todo volumen.
Dejaron en claro que no tienen ninguna intención de regresar a los barrios pobres de donde provienen, que sufren cortes de luz y escasez de alimentos. “El presidente quiere agarrarnos y darnos una patada” dice Ramón (un alias), rodeado de guardaespaldas armados en una improvisada tienda de campaña. “Aquí hay trabajo, afuera sólo hay hambre. La barriga es más fuerte que el miedo”.
Las pandillas organizadas comenzaron a llegar a la mina en 2011, luego de que el gobierno nacionalizara la minería del oro, aunque no explotó el área confiscada. El derrumbe de la economía multiplicó el arribo de trabajadores en los últimos dos años.
Luego vino la violencia, conforme las distintas pandillas luchaban por territorio. El circundante estado Bolívar es uno de los más peligrosos en un país con la segunda mayor tasa de homicidios del mundo.
Una de esas bandas asesinó el 4 de marzo a 17 mineros al norte de Tumeremo, según el procurador público de Venezuela. La zona había sido adjudicada a la china Yankuang el mes previo; el gobierno y la empresa se negaron a revelar la ubicación exacta de la concesión.
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