Frente a una administración pública militarizada, los oficiales que ocupan diferentes cargos deben asumir las consecuencias de sus actos administrativos. Los que tienen más poder, tienen más responsabilidad frente al país.
Los señalamientos concretos a militares implicados en delitos de tráfico de drogas o corrupción, no deben verse como una ofensa a la FAN. Por el contrario, lo que se asume es la defensa del honor de la institución frente a los abusos de poder y los hechos de corrupción en los que han incurrido algunos de sus integrantes, quienes deben dar explicaciones y facilitar la investigación que adelanta la Asamblea Nacional.
Por ejemplo, los generales Manuel Barroso, Carlos Osorio Zambrano, Giuseppe Yoffreda y Rodolfo Marco Torres han gestionado miles de millones de dólares para la importación de bienes y servicios, sobre todo de alimentos y medicinas.
Como hemos denunciado y es por todos reconocido, se ha cometido un inmenso saqueo cambiario con empresas de maletín, empresas-espejo, sobrefacturación, pago de sobornos, importaciones ficticias o de mercancía caducada y de ínfima calidad, entre otras fechorías. Como lo solicitó el propio Maduro al asumir la presidencia – para lo cual pidió poderes habilitantes y no ha hecho nada – todo esto debe ser investigado de manera exhaustiva para determinar las responsabilidades individuales y liberar a la FAN del pasivo que representan quienes hoy aparecen señalados y cuestionados por las penurias que sufren todos los venezolanos – incluyendo los integrantes de la propia FAN y sus familiares – debido a la escasez y altos precios, sobre todo de alimentos y medicinas.
La élite militar señalada ha tenido el control casi total del régimen desde sus inicios, hegemonía que se ha acentuado bajo Maduro.
Ministerios, vicepresidencias, direcciones generales, gobernaciones e institutos esta?n bajo control de un mismo grupo de militares que se ha ido rotando en diversos cargos de poder, por cierto, la mayoría de ellos cercanos a Diosdado Cabello.
Algunos sectores estrate?gicos han permanecido por ma?s de una de?cada dirigidos por miembros activos o ex integrantes de la FAN como los ministerios de salud, alimentacio?n, energi?a ele?ctrica, industrias ba?sicas y el denominado arco minero, economi?a y finanzas y seguridad ciudadana, adema?s de las competencias que ejercen por su naturaleza como lo es la defensa de la integridad territorial, es decir, el control exclusivo de las armas, las vi?as terrestres, el espacio ae?reo y mari?timo y las fronteras del pai?s. Esta presencia hegemónica de militares en cargos públicos a todo nivel, la describimos en detalle enEl Gran Saqueo en el capítulo denominado El partido militar y las redes del Capitán.
En el campo de las finanzas pu?blicas, el militarismo impuesto como doctrina poli?tica, se ha apoderado de las instituciones financieras, de las poli?ticas de recaudacio?n de impuestos, del disen?o y ejecucio?n de los presupuestos pu?blicos, de las tesoreri?as de ministerios, de las compras y adquisiciones de todos los niveles de la administacio?n y hasta de las importaciones privadas, como es el caso del poder que ostenta el Mayor General Giuseppe Yoffreda, quien actualmente preside la Corporacio?n Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex).
La casta militar tiene bajo su mando directo el manejo de los fondos pu?blicos, como la Oficina Nacional del Tesoro, la Banca Pu?blica, la Superintendencia de Bancos, Cadivi-Cencoex y el Seniat, reforzado ahora con la alianza que ha establecido el general Rodolfo Marco Torres con Nelson Merentes y Erik Malpica Flores.
Es tan evidente la hegemonía militarista que hasta el discurso político está contaminado por su vocabulario: en vez de adversario se habla de enemigo. En lugar de organizaciones de base, unidades de batalla y patrullas, y así sucesivamente. El lenguaje coloquial se ha poblado también de expresiones militaristas usadas como herramientas de dominación y amedrentamiento en todos los ámbitos, incluyendo en los escenarios y redes sociales, donde actúan las llamadas milicias bolivarianas y los patriotas cooperantes.
Todo ello quedó expuesto de manera grotesca en la caricatura de ejercicios militares del sábado pasado, los que – para estupor de los venezolanos tanto civiles como militares – fueron dirigidos por un cuestionado general Carlos Osorio que, en uniforme de campaña, trataba de ocultar el temor que siente ante la investigación de la Asamblea Nacional que ya emitió en su contra un voto de censura. Los detalles y las evidencias del caso están a la disposición en el portal cuentasclarasdigital.org.
De manera que no existe ninguna campaña contra la FAN como institución. Se trata de que los militares que han ocupado altos cargos públicos se sometan al escrutinio contralor de la opinión pública y de las instituciones propias de un Estado democrático, aunque en la actualidad se haya impuesto la impunidad debido a que el Estado de Derecho ha sido sustituido por un estado delincuente.
Sin embargo, debemos recordar que, de acuerdo al artículo 271 de la Constitución Nacional, los delitos contra el patrimonio público no prescriben.
