La dirigencia de la Unidad Democrática consignó este miércoles un recurso de amparo, en oposición a la medida cautelar que restringe el derecho de los ciudadanos a desplarzarse hacia las sedes del Consejo Nacional Electoral, dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia, en medio de la exigencia ciudadana para que se respete el procedimiento que permitirá el referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro y un posterior cambio de gobierno para salir de la crisis en Venezuela.
Nota de prensa
“Nosotros estamos promoviendo una solución constitucional, obviamente, estamos en defensa de la Constitución, no violando la Carta Magna. Lo que busca el gobierno nacional es usar al Poder Judicial para frenar la petición del pueblo, su derecho a movilizarse”, manifestó el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, al encabezar el trámite cumplido durante la fecha – el documento respectivo fue entregado por el diputado Rafael Guzmán- , al calor de una nutrida concentración que tuvo lugar en las adyacencias del referido recinto jurídico, en la urbanización El Rosal, en Chacao.
“Yo le hago un reto al Ejecutivo: ojalá decretara zona de seguridad a toda Venezuela porque la violencia crece cada día, ojalá y todo el despliegue militar y policial que se realizó en Caracas con el cierre de varias avenidas, ojalá y dejaran a todos esos funcionarios porque el municipio Libertador es la zona más violenta del mundo”, dijo el mandatario regional, al referirse a la nueva activación de un amplio plan de seguridad en el Área Metropolitana para la presente fecha.
El también líder del partido Primero Justicia aseguró que el mecanismo referendario perfectamente puede cumplirse este año. “El objetivo de hoy se ha cumplido, que era entregar un escrito. La mayoría del pueblo quiere un cambio en paz. No hay sentencia que nos impida ir al CNE a exigir respeto al artículo 72 de la Constitución. Ya Maduro está a punto de salir en pijama. Obviamente, él no quiere ningún proceso electoral, no quiere revocatorio, no quiere que el pueblo se exprese. A lo único que un político no puede negarse es al escrutinio popular”, afirmó, asegurando, de paso, que cualquier disposición de la Contraloría contra el despacho mirandino no lo amedrentará en su cruzada.
“Nadie quiere estallidos ni golpes de Estado, sino una solución constitucional”, aseveró.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba, llamó al régimen a ubicarse en la realidad. “En este momento en que estamos nosotros acá, hay ciudadanos en Petare protestando por la falta de agua; ayer estuvieron los venezolanos protestando en Carapita por la falta de comida, los médicos están en huelga de hambre en Mérida y en Lara están en conflicto”, enumeró.
“Lo que se está comiendo vivo al gobierno es el descontento popular y ese descontento popular no lo van a parar con sentencias, no lo van a parar con maniobras burocráticas, no lo van a parar cuatro rectoras retrasando el referendo revocatorio”, destacó el también comunicador popular.
“Lo que le estamos diciendo al gobierno es que dejen de estar jugando carrito porque lo que está pasando en Venezuela es demasiado grave: el hambre no se resuelve con sentencias judiciales, la falta de medicinas no se resuelve con sentencias judiciales, la indignación de la gente por el hampa asesinando venezolanos no se resuelve con sentencias judiciales que limiten la protesta, la protesta está en la calle y la protesta va a seguir hasta que logremos el referendo revocatorio, y a través del referendo revocatorio un nuevo gobierno que atienda realmente las necesidades del venezolano”, enfatizó el titular de la alianza política.
Estado de Derecho vulnerado
Para Gerardo Blyde, alcalde del municipio Baruta, el ente tribunalicio en cuestión no tiene competencia para dictar la polémica medida. “Emplea unos alegatos pueriles muy poco jurídicos. Esta corte no puede meterse con derecho constitucional y tiene que declinar a la Sala Constitucional del TSJ. Además, el presidente de la República en su estado de excepción no suprimió o restringió el derecho a la manifestación pacífica”, explicó el burgomaestre, experto en Derecho.
“El abogado de los recurrentes es nada más y nada menos que el socio de Maikel Moreno en su escritorio jurídico, lo cual hace evidente la vinculación política, en este caso. Los derechos constitucionales no se suplican, se exigen y se ejercen y nosotros los vamos a ejercer. Esta decisión vulnera garantías como el libre tránsito y el derecho a la protesta”, comentó, a su vez, la diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano.
“La Cota Mil está prácticamente cerrada por tres piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana, los alrededores del Tribunal Supremo de Justicia como si hubiera una guerra nuclear, la plaza Venezuela llena de militares, el tráfico colapsado, y uno se pregunta, mientras ayer en Carapita la caían a tiros a la gente por protestar porque no hay comida, en la noche un cacerolazo ensordecedor en los barrios capitalinos, y el hampa mata a la gente en la calle, ¿qué hacen los cuerpos de seguridad para evitar que la gente reclame en la calle un derecho que está en la Constitución?”, expresó el también legislador Tomás Guanipa.
“El que limiten que un manifestante llegue a la puerta de una institución, ¿acaba el reclamo? No lo acaba; el que un magistrado no quiera recibir a un manifestante o un documento, ¿resuelve el problema? No lo resuelve: es parte de la miopía del poder”, acotó el parlamentario Miguel Pizarro.
Para su colega en la bancada mayoritaria, Stalin González, “la gente necesita y quiere vivir mejor, que no haya más colas, que le salga el agua limpia cuando abre el chorro, que no se vaya la luz, con los militares en la las calles no van a cambiar las ganas de un pueblo de vivir mejor”.
“Este despliegue de seguridad es para distraer al pueblo del verdadero concepto de hoy: decirle al TSJ que ninguna personalidad se puede imponer sobre una institución, porque está ahí para garantizar los derechos del pueblo”, opinó, entretanto, la diputada Marialbert Barrios.
En consideración del alcalde de la jurisdicción anfitriona de la jornada, Ramón Muchacho, es importante que la gente se mantenga en la calle movilizada. “Activar el revocatorio no es un evento, es un rosario de actividades que se acumulan, una tras otra, para sumar fuerza en la protesta; hoy, además, con un componente adicional que es el rechazo a una sentencia nefasta”, apuntó.
El pueblo conoce sus garantías
La ciudadanía acudió a la convocatoria de la Unidad no solo para apoyar las gestiones de los abanderados opositores – algunos caminaron desde la plaza Brión, en Chacaíto, hasta el perímetro de la protesta -, sino también para demandar que se concreten las facultades otorgadas por el supremo texto, entre ellas, el referendo revocatorio.
“Maduro se equivoca cuando dice que el referendo es potestativo: es potestativo para los ciudadanos que lo estamos solicitando; una vez que es solicitado el referendo, que van las firmas a revisión y validación, y se constatan las huellas, pues, se convierte en una obligación por parte del Estado y del funcionario sujeto a revocación”, declaró la señora Rosalinda Font, comerciante de 50 años de edad.
“Es inconstitucional que un tribunal diga que no podemos marchar. Esa sentencia es inútil: no podemos dejar que nos priven de nuestro derecho, un derecho que nos ganamos desde el día que nacimos y que nos hacemos llamar venezolanos”, espetó, a su vez, el joven Andrew Quintero, de 22 años.
Finalmente, Carolina Moreno, de 38 años, de profesión estilista, acudió a la cita vestida como un empaque de Harina Pan, aprovechando para abogar por la causa de las Empresas Polar.
“Los venezolanos no podemos aceptar que el gobierno se burle de nosotros diciéndonos que tenemos que comer ‘arepa de ñame’ ”, reclamó, al mencionar uno de los tantos problemas de un pueblo que está pasando hambre y penuria.