El secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitó este martes la activación de la Carta Democrática, recurso amparado en este organismo cuando el gobierno de alguno de sus países miembros rompe los hilos constitucionales y se aparta de un sistema democrático.
El documento especifica que el actual gobierno venezolano se ha separado de los preceptos constitucionales. Esto ha significado el potenciamiento de la crisis y de vulnerabilidad de la población, afectando derechos como la salud y la alimentación.
“En Venezuela se perdió la finalidad política. Se olvidó defender el bien mayor y colectivo a largo plazo sobre el bien individual a corto plazo”, se lee.
En la Situación humanitaria el documento abarca la grave crisis que vive el país en cuanto a pobreza, violencia en las calles, falta de medicamentos y deterioro del sistema de salud público.
Puntualiza el crecimiento de la pobreza hasta 76% en 2015 de acuerdo a Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi). Según el estudio, la pobreza de 2015 supera el nivel de pobreza del año del Caracazo de 1989 (58,9%). Sobre la violencia, señala que la tasa de homicidios es de 90 y 73 personas por cada 100.000 habitantes según el Observatorio Venezolano de Violencia y el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
Reseña también la falta de alimentos y productos tras el deterioro de la producción nacional por el férreos controles económicos del Estado, las enormes deudas calculadas en millones de dólares producto de las importaciones, el subsidio estatal que no guarda relación con los precios reales, más el acaparamiento y el consecuente bachaqueo.
Largas colas, ausentismo escolar, mala alimentación, son algunas consecuencias de este aspecto, que pone a los venezolanos a recorrer varios expendios en busca de alimento para sus familias.
“Las largas filas para conseguir productos a precios subsidiados han dado lugar también al incremento de la conflictividad a baja escala (…) Se producen trifulcas, incluso ya se registraron algunos muertos”, añade.
En los Indicadores sobre corrupción, indica que Venezuela necesita definitivamente un operativo de limpieza al estar al fondo de en los indicadores internacionales. De esta manera cita a diferentes organizaciones que se refieren al tema, a propósito de una investigación de la Asamblea Nacional por 69.000 millones de dólares.
Señala que el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público contribuyen al hermetismo y a la corrupción por su negativa para investigar casos como el del presidente de la Sala Penal del TSJ, Eladio Aponte Aponte; del exministro de Planificación, Jorge Giordani y del Capitán de Corbeta Leamsy Salazar.
En Contradicción entre Democracia y existencia de presos políticos, el informe señala que los manifestantes son oprimidos debido a la polarización existente. Califica también de Estado opresor a aquel que criminaliza las protestas, el acoso y el encarcelamiento de opositores, presos de conciencia por el gobierno de Maduro.
“Llamar vende patria a los opositores es un control a la disidencia de sus opiniones y de sus manifestaciones”, insiste tras señalar el informe elaborado en 2009 por la CIDH, llamado Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, donde se expresa la preocupación por la situación venezolana.
Reseña el informe de Human Rights Watch del 5 de mayo de 2014 titulado Castigados por Protestar donde se habla de evidencias de graves violaciones de los derechos humanos de parte de fuerzas de seguridad del Estado, en total son 45 casos de más de 150 personas.
En Separación e independencia de los Poderes Públicos del Estado, se contemplan los impedimentos del gobierno de Nicolás Maduro al trabajo de la Asamblea Nacional desde el Poder Ejecutivo con anuencia de la Sala Constitucional del TSJ.
Asegura que esta disfuncionalidad hace que se atente contra la imparcialidad y continuidad necesaria para que el TSJ pueda brindar garantías básicas del debido proceso judicial, indispensables en los sistemas democráticos. Por los puntos expuestos, Almagro pide el testimonio del presidente de la AN, Henry Ramos Allup, ante el Consejo Permanente de la OEA.
Para demostrar la erosión de la democracia y la independencia de Poderes, enumera el nombramiento de miembros del Poder Judicial de manera arbitraria, el uso injustificado de Estados de emergencia, el permanente acoso y la violación de los Poderes.
Declaraciones de la rectora del CNE, Tibisay Lucena y de distintos actores políticos, sentencias del TSJ y demás recursos documentales, son reseñados en el informe.
En la sección de Referendo Revocatorio, se resalta que respetar la decisión del pueblo es la función primaria de los y las políticos / as. El marco jurídico, es ampliamiento explicado y detallado en cada página sin dejar vacíos ante argumentos que pretender evadir el proceso.
“Nadie está por encima de la Constitución, cuestión que asumimos que tendrán presente el Presidente y el CNE”, argumenta.
Finalmente, se refiere a las declaraciones de Delcy Rodríguez en su reciente visita al Consejo Permanente de la OEA, al resumir cada uno de los puntos declarados por la funcionaria, donde principalmente a responsabiliza a la oposición venezolana y a otros países de crear una campaña contra el gobierno de Maduro.
Para culminar, Almagro recuerda que su persona tiene como principal función la de velar por el cumplimiento de las normas interamericanas, comenzando por las establecidas en la Carta y las resoluciones de la Asamblea General. En especial debe ser guardián del respeto a los derechos humanos, la promoción y fortalecimientos de la democracia, y las relaciones de cooperación entre sus miembros. (lapatilla.com)