En la Carta, los países signatarios se comprometen a desterrar del continente las dictaduras militares, los cuartelazos y todas las formas de autoritarismo o autocracia que quebranten los principios republicanos asociados con la legitimidad de origen de los gobiernos fundada en el sufragio universal en elecciones trasparentes y equilibradas, la autonomía, equilibrio y cooperación entre los Poderes Públicos, el respeto a las libertades políticas, la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, el libre albedrío, la prohibición de apresar a una persona por sus ideales políticos, entre otras conquistas civilizatorias que forman parte del desarrollo de la Humanidad.
Con la CDI las naciones de la región dieron un salto gigantesco hacia la civilidad, convirtiendo a la OEA en una instancia al servicio del desarrollo económico en un ambiente signado por la libertad y la democracia. Hugo Chávez suscribió la Carta y luego la invocó en un par de oportunidades: cuando su amigote Manuel Zelaya fue eyectado del poder en 2008, por pretender reelegirse violando la Constitución hondureña; y cuandoFernando Lugo,entonces presidente de Paraguay, fue sometido a juicio político por el Congreso, instancia que lo destituyó. En ambas ocasiones, Chávez se convirtió en un acusador implacable. Blandiendo la CDI exigió la expulsión del sistema interamericano de los gobiernos surgidos con esas crisis.
Ahora el cuadro se invirtió. El gobierno de Nicolás Maduro ha cometido una larga lista de atropellos contra la Carta Magna. Además de los aspectos señalados por Luis Almagro, esas violaciones han sido ampliamente documentadas por los constitucionalistas más importantes del país. Allan Brewer-Carías, Asdrúbal Aguiar, Juan Manuel Raffalli, Luis A. Herrera entro otros abogados, han levantando un enorme expediente de esas violaciones, impunes porque el TSJ, de modo especial la Sala Constitucional, han actuado como cómplices del Presidente para convertir la Constitución en polvo cósmico. Las trasgresiones se han convertido en rutinarias desde que se instaló la nueva Asamblea Nacional el pasado 5 de enero.
Razones para invocar la aplicación de la CDI sobran. Los juristas las han argumentado con argumentos irrebatibles. El mismo gobierno de Maduro ha dado pruebas que la justifican. Basta leer los “considerando” del último Decreto de Emergencia Económica para determinar que en Venezuela se rompió el hilo constitucional y hay que restablecerlo lo más pronto posible. Almagro fue electo Secretario General para velar por el cumplimiento de la CDI. Es lo que está haciendo.
La discusión en la OEA recoloca la atención de la comunidad internacional sobre Venezuela. La crisis sistémica que vive la nación vuelve a ser uno de los temas de la agenda global. La camarilla que rodea a Maduro no saldrá bien librada ni siquiera en el caso de que no se consigan los 24 votos necesarios para aplicar las sanciones políticas y morales contempladas en la CDI. Ahora el mundo refrescará en su memoria que en Venezuela el Poder Legislativo es pisoteado por un Presidente de la República con talante dictatorial, que los parlamentarios representantes de 60% del electorado son amenazados con prisión, que Leopoldo López, Antonio Ledezma y Manuel Rosales, junto a muchos otros políticos, se encuentran secuestrados o exiliados. Recordará que la gente se muere por falta de medicinas porque el Gobierno no acepta la ayuda humanitaria internacional y que la escasez de alimentos se debe a la aplicación de una política absurda basada en la destrucción del aparato productivo nacional.
A Maduro le será más difícil eludir el revocatorio en 2016. Todos los gobiernos, incluidos los que se alíen con él en la votación, sabrán que la consulta popular constituye el único camino para evitar que la violencia se desborde. La presión internacional se elevará. La dictadura roja está cada más aislada y al descubierto.
@trinomarquezc