En democracia, y particularmente cuando un grupo político no cuenta con las mayorías necesarias para imponer su propia idea de lo que es el bien común, la política es diálogo y compromiso. Democracia y pluralismo ideológico son dos caras de una misma moneda; no hay democracia sin el pleno respeto del pluralismo y de la diversidad de ideas. Eso hace necesario dialogar y transar. Menciono lo anterior en relación con los contactos que ha habido para que, en el marco de la crisis venezolana, Gobierno y oposición intenten llegar a un acuerdo que permita salir de este atolladero. Cada una de las partes tendrá que ceder algo a cambio de algo; pero, obviamente, siempre habrá líneas que no se pueden traspasar y principios que son innegociables.
Se podrá discutir cuáles son las medidas idóneas para restablecer el crédito y reactivar la economía, para crear empleo productivo, para abastecer al país de los alimentos y de las medicinas que la población requiere, o para establecer un tipo de cambio realista, que sea accesible a todos los venezolanos. También se podrá discutir sobre el mecanismo para proceder al desarme de las bandas criminales que amenazan la seguridad de los venezolanos, o la selección por concurso de los jueces, a fin de garantizar una justicia independiente e imparcial. Asimismo, se podrán fijar las bases para restablecer un diálogo civilizado entre los distintos poderes públicos, respetando sus competencias respectivas. Igualmente, esas negociaciones servirán para discutir sobre las medidas necesarias para poner fin a la persecución y a la discriminación política. Pero muchos de los elementos que están en la raíz de la crisis política que vive Venezuela no son negociables, porque forman parte de la esencia misma de una sociedad democrática.
Desde luego, la liberación de los presos políticos debiera ser una condición previa a cualquier negociación. No se puede negociar con quien niega a una de las partes el derecho a tener una visión distinta del tipo de país que queremos, persiguiendo y encarcelando a sus líderes fundamentales. Poner en libertad a quienes han sido encarcelados o condenados con pruebas fabricadas sería un signo claro de la buena fe con que se desea emprender un proceso de negociación.
Por otra parte, un proceso de negociación no puede estar condicionado a renunciar al ejercicio de nuestros derechos legítimos, ya sea que ellos estén previstos en la Constitución o en acuerdos internacionales. El diálogo entre el gobierno y la oposición no puede estar supeditado a que se deje sin efecto (o se suspenda) la realización del referéndum revocatorio previsto en la Constitución y solicitado por un número de ciudadanos mayor al requerido por ella. La mesa de la unidad democrática no puede desistirse del ejercicio de un derecho que sólo pertenece a los ciudadanos que firmaron, solicitando se convoque a un referéndum revocatorio. Con mayor razón, ese diálogo tampoco se puede hacer depender de que la OEA, o cualquier otra organización internacional, ejerza las atribuciones que le corresponden según los compromisos válidamente aceptados por el propio Estado venezolano. Ni gobierno ni oposición pueden cambiar, ahora, el contenido de la Carta Democrática Interamericana o de los tratados de derechos humanos; las reglas del juego son las que son.
Se podrá discutir sobre la eventual amnistía de delitos menores cometidos en ejercicio del poder público, como la intercepción de comunicaciones telefónicas, detenciones arbitrarias o malos tratos; pero ni la Constitución nacional ni el Derecho Internacional permiten que se exonere de responsabilidad a quienes han cometido graves violaciones de derechos humanos como la tortura o la violación de las reglas del debido proceso en juicios que han conducido a la prisión arbitraria de seres humanos.
En caso de delitos graves, como el tráfico de drogas o la corrupción, estos ni siquiera debieran figurar en la agenda de una negociación encaminada a restablecer la gobernabilidad democrática y no a amparar a delincuentes comunes. Como mucho, se podrá convenir en una amnistía respecto de quienes estén involucrados en casos de corrupción, a condición de que se devuelva todo lo robado o defraudado al país.
Se podrá discutir sobre la interpretación correcta de la Constitución en determinados aspectos; pero el pleno restablecimiento del estado de derecho, con un poder judicial independiente e imparcial, no sometido a parcialidad política alguna, no es algo que se pueda transar.
Negociar, dialogar, pactar o buscar llegar a acuerdos mínimos con el adversario político es el camino pacífico y democrático para hacer frente a los problemas del presente y a los desafíos del futuro; cualquiera tarea que se emprenda en esa dirección es loable y necesaria. Pero eso requiere un esfuerzo serio de quienes se reconocen como antagonistas, sin poner en duda su patriotismo o su compromiso con una Venezuela mejor; lo contrario es recurrir a la negociación como una estratagema destinada de antemano al fracaso, o utilizarla sólo para ganar tiempo mientras se crean las condiciones para imponer la paz social y política que se ajusta a la ideología oficial.