La Asamblea Nacional aprobó acuerdo que rechaza y condena los hechos violentos ocurridos el pasado lunes 6 de junio por parte de grupos armados en el sector del 23 de Enero, solicitan a las autoridades las investigaciones pertinentes y el desarme de los colectivos que hacen vida en esta localidad.
Nota de prensa
La presidenta de la Comisión de Política Interior Delsa Solórzano presentó el acuerdo, quien en su exposición señaló, haciendo mención del artículo 324 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra, por lo que dijo no entender como estos grupos llamados colectivos usan armas de guerra para amedrentar a la población.
“Cómo es posible que los colectivos y en las cáceles posean armas de guerra y el Estado no de ninguna explicación al respecto. La violencia se siembra en el gobierno y penetra en la población. El pasado 6 de junio hubo un brutal enfrentamiento entre colectivos armados identificados con el partido de gobierno y cuerpos de seguridad del Estado, el cual se llevo a cabo simplemente porque varios miembros de ese colectivo fueron detenidos por estar presuntamente incursos en delitos y por eso fue destituido el jefe de operaciones de la Policía Nacional Bolivariana Eduardo Serrano a petición de estos grupos armados”.
Lamentó que el país lo que impera es la violencia y la impunidad que los organismos del Estado estén a la merced de la delincuencia y recordó que de acuerdo a cifras de la medicatura forense el año pasado levantaron 29 mil cadáveres por la violencia, aunado al 98, 7 por ciento de impunidad según cifras de la fiscalía presentado ante la Asamblea Nacional.
“Cuál es el mensaje que le damos a los cuerpos de seguridad del Estado que quiere cumplir con su trabajo a pesar de las dificultades. Se sienten amarrados de manos porque no pueden reprimir a los grupos colectivos violentos, porque luego son destituidos de sus cargos. Ese ciudadano del 23 de enero se siente preso de un grupo colectivo armado que no le da la gana de desarmarse ante la ineficiencia del Estado, que pareciera que no quisiera aplicar el verdadero desarme que es imprescindible”
Finalmente dijo que los venezolanos de bien están cansados de la violencia y de que sean los delincuentes los que dominen esta sociedad, por lo que considera que estos hechos se deben condenar, se deben investigar, castigar a los culpables como lo establece la ley y asumir con seriedad el desarme de estos grupos o colectivos.
A continuación el acuerdo aprobado:
Acuerdo de rechazo a la violencia generada por grupos armados en la Parroquia 23 de enero
CONSIDERANDO
Que es deber del Estado proteger a todos los ciudadanos frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgos para su integridad física;
CONSIDERANDO
Que solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra, siendo la Fuerza Armada Nacional la institución competente para reglamentar y controlar la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, tránsito, registro, control, inspección, comercio, posesión y uso de otras armas, municiones y explosivos;
CONSIDERANDO
Que los habitantes de la Parroquia 23 de Enero de la ciudad de Caracas, el lunes 6 de junio de 2016, se vieron afectados en su tranquilidad cuando grupos civiles armados trancaron todos los accesos del sector, enfrentándose a funcionarios policiales, poniendo en riesgo la vida de los habitantes de la Parroquia;
CONSIDERANDO
Que estas acciones de protestas y amedrentamiento por parte de estos grupos civiles armados ocurren con total impunidad;
ACUERDA
PRIMERO: Condenar la violencia generada por grupos armados que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos, especialmente los hechos ocurridos en la Parroquia 23 de Enero, el pasado 6 de junio del año en curso.
SEGUNDO: Solicitar al Ministerio Público que, en uso de sus atribuciones constitucionales, inicie la investigación de tales hechos de violencia, a los efectos de determinar las responsabilidades que correspondan.
TERCERO: Instar al Ministro del Poder Popular para la Defensa a que explique cómo llegan las armas de fuego a estos grupos violentos, ya que corresponde a la Fuerza Armada Nacional, de acuerdo con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, controlar el comercio, la posesión y el uso de las armas, municiones y explosivos.
CUARTO: Exigir al Ejecutivo Nacional, en particular al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la aplicación de planes adecuados para el desarme de estos grupos, que ponen en riesgo la seguridad de todos los ciudadanos, y para el desarme de la población.
QUINTO: Requerir a la Comisión Permanente de Política Interior de esta Asamblea Nacional realizar una investigación más profunda sobre estos hechos y sobre la problemática de fondo que subyace a ellos.
SEXTO: Dar publicidad al presente Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los __ días del mes de junio de dos mil dieciséis. Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.