La alimentación es un derecho humano que implica que todas las personas tengan acceso a una nutrición adecuada y a los recursos necesarios para disfrutar en forma sostenible de seguridad alimentaria. Impone a los estados obligaciones jurídicas para superar el hambre y la desnutrición y hacer realidad la seguridad alimentaria para todos.
La causa básica del hambre y la desnutrición no es la ausencia de alimentos sino la falta de acceso a los alimentos disponibles. Por ejemplo, la pobreza, la exclusión social, la corrupción, la ineficacia y la discriminación suelen menoscabar el acceso a esos productos.
Con la excusa de enfrentar a los bachaqueros, los cuales no han podido ser identificados ni capturados por los cuerpos de seguridad del Estado, el gobierno implantó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Fueron creados en abril por el presidente Nicolás Maduro, quien explicó a través de una nota en el portal del canal oficial Venezolana de Televisión que se trataba de una “nueva forma de organización popular encargada, junto al Ministerio de Alimentación, de la distribución casa por casa de los productos regulados de primera necesidad”.
Esta política pone de relieve que en Venezuela no existe seguridad alimentaria. Basta con observar y padecer las largas y humillantes colas en los mercados para adquirir los alimentos. Desde hace tiempo el ciudadano no tiene la posibilidad de acceso físico, social y económico a alimentos suficientes y nutritivos que satisfagan sus necesidades y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana.
Esta política de emergencia representada por los CLAP viola abiertamente el artículo 117 de la Constitución, que en teoría garantiza el derecho de las personas a comprar en condiciones de igualdad los productos que desee, y también la libertad de acceder a los alimentos.
Lo más grave es que los CLAP se han convertido (presumiendo que no se trata de su propósito original) en una herramienta de control político, sobre todo contra los grupos vulnerables. Su funcionamiento está subordinado a la lógica perversa de la lealtad al oficialismo que se exige a todos los integrantes de los consejos comunales, pues de lo contrario nunca se beneficiarán de los programas sociales del gobierno.
Los CLAP son instancias de organización social totalmente dependientes del gobierno, y tienen como primera tarea levantar un censo de población de la localidad, en el que se registra quién vive dónde, cuántas personas hay y cuáles son las necesidades.
Constituyen una alcabala que hace más engorrosa la adquisición de los alimentos. En ningún caso el ciudadano puede decidir cuándo, cuánto y qué ha de recibir. El gobierno se nos metió en la cocina y en la mesa.
La formulación y aplicación de la política de los CLAP es artificiosa y para que sea legítima se deben ajustar a principios de derechos humanos, como la responsabilidad, la transparencia y la participación. Además, deben existir suficientes garantías para prevenir y eliminar mecanismos de discriminación.
Los derechos humanos son inherentes a la persona, independientemente de su filiación política. Todos necesitamos comer y es inaceptable que un programa social del Estado (como suele suceder con la mayoría de las llamadas misiones) esté exclusivamente destinado a los partidarios del gobierno y excluya a quienes son sus adversarios.
El gobierno también tiene la obligación de proteger a quienes viven en su jurisdicción contra los abusos de los actores no estatales, incluidos los bachaqueros y las empresas de producción, distribución y comercialización de alimentos.
Muchos ciudadanos no saben cómo ni dónde funcionan los CLAP, con lo cual se viola la garantía de acceso al derecho a la alimentación. Tampoco se dispone en la práctica del acceso a recursos judiciales efectivos para reclamar justicia. En teoría, todas las víctimas de ese tipo de violaciones tienen derecho a una reparación adecuada, que puede asumir la forma de restitución, compensación, satisfacción y garantías de que no se repetirán.
El derecho a la alimentación debe ser bien entendido. No se trata del derecho a ser alimentado, sino principalmente el derecho a alimentarse en condiciones de dignidad. Se trata de que las personas satisfagan sus necesidades con su propio esfuerzo y utilizando sus propios recursos, sin depender de las dádivas o caprichos del gobierno.
Una persona debe vivir en condiciones que le permitan producir alimentos o comprarlos. Para producir alimentos se necesita tierra, semillas, agua y otros recursos, y para comprarlos se necesita dinero y acceso al mercado. El derecho a la alimentación requiere que el gobierno provea un ambiente propicio, de manera que los ciudadanos puedan utilizar su plena potencialidad para producir o adquirir alimentación adecuada para ellos y sus familias.