El revocatorio es un derecho constitucional consagrado en la Carta Magna venezolana aprobada en 1999. Es parte esencial del concepto de democracia participativa en el que la voluntad mayoritaria del pueblo está por encima de cualquier autoridad derivada y de todos los poderes constituidos. De hecho fue un referéndum consultivo el que le permitió a Chávez convocar con sus propias reglas una Asamblea Nacional Constituyente con poderes originarios capaz de cerrar el Congreso, cambiarle el nombre al país, sustituir completamente la constitución y recortar el periodo en todos los cargos públicos con unas megaelecciones. Por supuesto esa constitución nacida de ese proceso rousseauniano consagró el principio de soberanía popular creando varios mecanismos de consultas, incluyendo el referéndum revocatorio que nos ocupa la atención ahora.
El concepto es muy sencillo, si luego de transcurrida la mitad de un periodo el veinte por ciento de los electores solicitan hacer la consulta revocatoria, el CNE debe convocar el referéndum en el que deben votar en contra del mandatario más personas que las que votaron a favor en la oportunidad de la elección que le dio dicho cargo. La constitución no prevé otro requisito que esos mencionados. Pero bastó que se planteara este mecanismo contra su creador, Hugo Chávez, para que ese derecho constitucional se criminalizara de una forma grotesca creándose un registro de los solicitantes del referéndum como base de dato para el apartheid y la persecución laboral y política. El CNE de entonces alegó su propia omisión legislativa, reguló el proceso de forma parcializada desconociendo firmas y retardando la activación del mecanismo. Hoy los herederos de ese legado de hipocresía dicen que Chávez era tan bueno que permitió el revocatorio y que ellos no son tan santos como el difunto. Lo cierto es que en ese entonces como ahora se criminaliza y obstaculiza el ejercicio de un derecho constitucional.
Ahora la cosa es mucho peor. Se inventaron por vía de reglamento un requisito extra constitucional referente a un firmazo previo del uno por ciento de los electores por estado. O sea, de repente somos más federalistas que los gringos, al punto que si por alguna razón no se obtiene la verificación del uno por ciento de los electores de Delta Amacuro (por ejemplo) no se podrá hacer el revocatorio así se cuente sobradamente con más del uno por ciento nacional. Ese absurdo no está ni en la constitución ni en ninguna ley. Ni hablar del uso de captahuellas durante tres días para verificar firmas en una sola oficina por estado. Súmenle a esto un lapso inventado a última hora para el arrepentimiento en el que cualquiera, coaccionado o no, podrá quitar su firma antes de la verificación, a pesar de que aquellos a los que se les desconoció su firma (Capriles por ejemplo) no podrán repararla e incluirla en el proceso de verificación. Y como si fuera poco, la presidenta del CNE hace una amenaza pública de paralizar el proceso en cualquier momento en el que se sienta ofendida o lo considere pertinente. La Constitución como letrina.
Mientras esto pasa, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez se encargan de amedrentar al pueblo con amenazadas públicas y directas de despedir funcionarios y negar créditos y contrataciones a todo aquel que pretenda ejercer su derecho constitucional de revocar a un mal presidente, al tiempo que comienzan a acusar a los solicitantes de delincuentes con el fin de estigmatizarlos y márcalos como objetivo político de la revolución, con todo y lo que eso significa. Decir que “el picure” firmó es una manera de decir que los que firman pueden terminar ajusticiados cómo dicho delincuente. Y por si fuera poco, Diosdado también dice a la ligera que hay amenazas de bombas en las sedes del poder electoral. Todo esto señores, simplemente por intentar activar un mecanismo constitucional.
Pero los delincuentes son ellos que violan garantías constitucionales, limitan un derecho democrático sagrado y persiguen a los ciudadanos. Sigamos luchando por el cambio agotando todas las vías institucionales, pero que no se nos olvide que el reto es revocar a un dictador en medio de un estado de excepción permanente. Hasta ahora el proceso ha sido fraudulento de punta a punta y debemos denunciarlo así ante la OEA, la Unasur y el mundo entero, en procura de observación internacional. No puede quedar impune la criminalización de este derecho constitucional y la obstrucción a la democracia de parte de una burocracia responsable de la peor crisis de nuestra historia. El solo hecho de que Rodriguez Zapatero sea cómplice de esta atrocidad lo descalifica para mediar en cualquier diálogo, el cual debe darse no para legitimar a una dictadura sino para rescatar la democracia. El revocatorio no se negocia.
JOSÉ IGNACIO GUEDEZ
Secretario General de La Causa R
Twitter: @chatoguedez