A la exclusión política característica en los años de Hugo Chávez se suma una situación de exclusión social en Venezuela. Así lo aseguró Rafael Uzcátegui, coordinador General del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), que este viernes 10 de junio del 2016 presentó en Quito el Informe Anual 2015 sobre la situación de los derechos fundamentales en Venezuela
“Lamentablemente, muchos de los avances en materia de derechos humanos que se lograron en los gobiernos de Chávez, en los últimos años han ido desapareciendo. Por ejemplo, hoy tenemos unas cifras de personas pobres en Venezuela superior a las que teníamos en el 2000, es decir que todos los esfuerzos que se hicieron para reducir la pobreza durante el gobierno de Hugo Chávez han desaparecido”, señaló Uzcátegui, en entrevista con el diario EL COMERCIO de Ecuador.
Uzcátegui resalta que no hay cifras oficiales de la pobreza desde el 2013. Pero asegura que en la medición de ese año, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas, ya se alertaba que 450 000 familias habían ingresado al lumbral de la exclusión y que la curva de crecimiento de la pobreza ha aumentado actualmente por la crisis económica. “Hay un estudio de las principales universidades de Venezuela que sugiere que 24 millones de personas, en Venezuela, están en el lumbral de la exclusión”.
Este Informe Anual es, a criterio del coordinador de Provea, “uno de los más preocupantes. Antes de este, nosotros pensábamos que los primeros informes, posterior a la situación de conmoción social que se recuerda como el ‘Caracazo’ (1989), eran los más alarmantes; pero ahora tenemos indicadores igual de preocupantes como lo de aquellos años, con mucha mayor intensidad”.
En el documento reza: “Las campañas de estigmatización promovidas desde el Gobierno y los ataques contra defensores de derechos humanos, y en particular Provea, siguieron siendo una constante. Con la puesta en marcha del enominado ‘Operativo de Liberación del Pueblo’ (OLP), las detenciones masivas e indiscriminadas se han incrementado. El juzgamiento de civiles por tribunales militares, en total violación de los estándares internacionales que prohíben esta práctica, siguieron registrándose en el 2015”. “Los procesos judiciales y condenas de opositores políticos y sociales igualmente siguieron siendo una práctica habitual. La ausencia de investigaciones serías y genuinas y de enjuiciamiento y condenas de agentes estatales por violaciones a los derechos humanos fue una constante durante el año 2015”.
El documento, de 99 páginas con datos de enero a diciembre del 2015, coteja las cifras oficiales con estudios de la academia, investigadores y organizaciones de derechos humanos
La presentación de Uzcátegui
Para conocer esta situación, tres universidades de Venezuela han realizado encuestas de condiciones de vida. La última, que se realizó en el 2015, reveló que el 75% de la población se encontraría en condiciones de pobreza, esto es 23 millones de personas, de un total de 31 millones de habitantes. “El Gobierno niega estas cifras pero no publica datos que permitan acceder a información real de la pobreza en el país”, señala Uzcátegui.
Al problema de la pobreza se suma la escasez de alimentos y el costo elevado de los productos. Según el informe, para el 80% de venezolanos su salario no es suficiente para adquirir los alimentos que necesita. A la escasez de alimentos se suma la escasez de medicinas. A manera de anécdota Uzcátegui comenta que sus compatriotas ya no piden recuerdos cuando alguien viaja al extranjero. “Tenemos una lista larga de medicina que llevar a amigos, familiares, conocidos, desde acetaminofen, paracetamol y hasta medicamentos para enfermedades más sensibles”.
Respecto a la impunidad el informe de Provea señala: “La garantía del derecho a la justicia continúa deteriorándose debido a las múltiples circunstancias que producen como resultado mayor indefensión y desconfianza hacia los operadores de justicia, generando una situación que ha sido calificada como ‘impunidad estructural’”.
Para Uzcátegui todos los componentes del sistema de administración de justicia en Venezuela están sincronizándose para que la justicia sea la excepción y no la regla tanto en los casos de delitos como en violaciones de derechos humanos, esta impunidad tiene una contraparte que es la falta de castigo y genera condiciones para que la situación de violencia e inseguridad se profundice en vez de revertirse. Un ejemplo de ello, señala Uzcátegui, es que a pesar de la retórica oficial de condenar las violaciones de derechos humanos ocurridas en el ‘Caracazo’, en 1999, de 43 víctimas denunciadas, solo una ha logrado resarcimiento y no se ha producido la condena en ninguno de los casos.
Otras cifras del Informe Anual de Derechos Humanos de Provea
Derecho a la educación 2015
-Aunque se alcanzó la mayor cifra de planteles, con 27 626, es insuficiente para incluir a todos los estudiantes.
-El aumento de inseguridad también afecta a escuelas, incrementando denuncias desde 2012 en 316.6%. -1 de cada 3 venezolanos se encuentra incluido en un proceso educativo.
Derecho a la salud 2015
-Hubo 3 719 denuncias sobre deficiencias en salud, un aumento del 40% en relación al 2014.
-Venezuela gastó en salud el equivalente del 4.7% de su PIB, siendo el menor de la región (2012). -Importaciones sumaron 70% y 85% de medicamentos y 90% de insumos y accesorios.
-A mediados del 2015, el promedio de falta de medicamentos se ubicaba en 70%.
-Salud pública perdió 12 830 médicos: 57% emigró, 27% abandonó medicina y 16% para salud privada.