En Venezuela no hay justicia y las normas legales han sido amoldadas, una y otra vez, por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) a sus intereses en estos últimos 17 años, pero el gobierno parece desconocer que los delitos de lesa humanidad no prescriben y son castigados con todo el peso de las leyes internacionales.
“El gobierno de Nicolás Maduro Moros comete un crimen de lesa humanidad al negar alimentos por motivos políticos a un sector de la población, en este caso a quienes no militan en el Psuv o no comulgan con el régimen, al asignar su distribución a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap)”.
El señalamiento lo hizo la diputada al Consejo Legislativo del estado Aragua (Clea), Betsy Bustos, a propósito de la implementación de los Clap como instrumento político para la distribución de los escasos alimentos entre una población que protesta a diario por la falta de comida.
La también dirigente regional de Primero Justicia advirtió a voceros gubernamentales como Aristóbulo Istúriz, Érika Farías y Freddy Bernal, que la justicia internacional es muy severa y que, tarde o temprano, tendrán que rendir cuentas de sus declaraciones públicas según las cuales los Clap son un instrumento político de la “revolución socialista” que no está formulado ni para los “escuálidos” ni para los “bachaqueros”.
“Estamos frente a una burda y descarada discriminación política. Este gobierno se cree con derecho a decidir quién come en Venezuela y quién no. Esos Clap lo que buscan es administrar el hambre, beneficiando sólo a los maduristas y excluyendo a los opositores”, denunció la parlamentaria aragüeña, para quien los Consejos Comunales (instrumentos de control político creados por Hugo Chávez para competir con las juntas parroquiales hasta ese entonces formalmente constituidas), no están lo suficientemente organizados para censar a las familias de sus sectores y muchos menos capacitados para disponer la entrega equitativa y sin criterios políticos de alimentos casa por casa.
Bustos también manifestó que hay miles de zonas en toda Venezuela donde no han sido constituidos Consejos Comunales. “¿Cómo le va a llegar el alimento a las familias que habitan en esos sectores?”, preguntó al insistir en el hecho de que existe una red natural de distribución y comercialización de alimentos que va desde los productores, mercados mayoristas, mercados minoristas, supermercados, mercados a cielo abierto, bodegas y abastos.
“Este gobierno no puede asumir el control de todo y mucho menos decidir quién come, qué se come, cuánto se come y cuándo se come”, acotó, al saber que los Clap están distribuyendo bolsas de comida contentivas de 4 kilos de harina de maíz precocida, 2 kilos de pasta, 1 kilo de leche, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de caraotas y 2 litros de aceite mensuales, por núcleo familiar.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) estipula que la familia promedio venezolana está constituida por cinco miembros. En este sentido, la dirigente justiciera se pregunta “¿Cómo puede una madre de familia estirar 4 kilos de harina de maíz precocida, 2 kilos de pasta, 1 kilo de leche, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de caraotas y 2 litros de aceite para cinco personas durante todo un mes? Esa bolsa de comida no contiene proteínas (salvo las caraotas) y mucho menos artículos de aseo personal ¿Cómo se alimentan esos hijos que están en edad escolar? ¿Cómo rinden en clases? ¿Por qué se excluyen la carne, el pollo y el pescado, quesos y huevos, frutas, verduras y hortalizas?”.
El ministro de Alimentación Rodolfo Marco Torres, aseguró esta semana que los Clap –que ya superan la cifra de 15 mil-, “son la solución a la escasez, por cuanto a través de este sistema se distribuirá 70% de los alimentos”. El propio Freddy Bernal, jefe nacional y de control de estos Comités Locales de Alimentación y Producción dijo que la medida es coyuntural aunque reconoció su carácter político, criterio que compartieron sin prurito alguno tanto el vicepresidente Aristóbulo Istúriz como la gobernadora de Cojedes Érika Farías, quien además soltó la perla de que “escuálidos” y “bachaqueros” no serán incluidos en el reparto.
La diputada al Clea rechazó que el gobierno de Maduro se aproveche de las miserias de los venezolanos para controlarlos. “No hay nada más aberrante que controlar a un pueblo por el hambre y la necesidad. Estos degenerados están irrespetando el derecho a la alimentación que tienen todos los seres humanos, pero además irrespetan el derecho que todo venezolano tiene de elegir qué comer y en qué cantidad y dónde adquirir los productos”.
Finalmente, Bustos insistió en la necesidad de revocar a Maduro y a este gobierno nefasto que está jugando con el hambre de una nación completa. “Con el hambre no se juega y Maduro y sus ineptos están jugando con fuego al decidir a quiénes se les vende una bolsa de comida y a quiénes no. No abuse señor Maduro, mire que no puede exterminar a más de la mitad de la población venezolana por el hecho de que no lo queremos. En vez de administrar el hambre y la escasez, busque gente que le asesore sobre cómo reactivar el aparato productivo nacional. La escasez, el desabastecimiento y la inflación se combaten con producción nacional, no con Clap”, concluyó.
El dato
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 3, 76, 78, 80, 81, 86, 91, 299 y 305, establece el Derecho a la Alimentación y la Soberanía Alimentaria.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional del 17 de julio de 1998 considera que pueden constituir crímenes de lesa humanidad 11 tipos de actos, entre ellos el exterminio, entendido éste como la “imposición intencional de condiciones de vida, entre otras la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población”, en este caso aquel sector que no está inscrito en el partido de gobierno, de conformidad con “la política de un Estado o de una organización”.
Nota de prensa