Las pruebas parecen no importar. Tampoco los testimonios de testigos ni ningún elemento apegado al debido proceso. Eso no ha sido tomado en cuenta y desde hace más de dos años se mantiene tras las rejas Carlos Ramos, un ex funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que se convirtió en el preso político con el que el Ministerio Público (MP) se lavó las manos.
La tarde del 12 de marzo de 2014, Ramos, quien estaba adscrito al bloque de búsqueda del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), se mantenía activo con su teléfono celular en manos, esa era su única arma. Estaba en su casa ubicada en La Isabelica, muy cerca de donde se desarrollaban las intensas protestas de la fecha. “Hay constancia que él ni siquiera usó su arma de reglamento ese día porque hasta le indicó a su superior que no llegaría a trabajar porque todo estaba trancado”, relató Eliécer Jiménez, abogado defensor del caso quien está absolutamente convencido de la inocencia de su cliente “eso está claro en el expediente”.
Ha sido un proceso lleno de vicios que hasta ahora está en la etapa de un juicio totalmente injusto. “Es público y notorio que quienes dispararon a los manifestantes fueron los colectivos del Gobierno. Uno de ellos fue quien mató a Jesús Acosta, el estudiante por el que incriminan a Carlos, quien simplemente fue a quien escogieron para atribuirle el asesinato. Por eso es un preso político”.
Jiménez aseguró que el autor material del homicidio está en libertad y plenamente identificado por testigos. Incluso, familiares de Acosta han declarado en favor de la inocencia de Ramos, pero nada de eso ha sido tomado en cuenta.
“Hay experticias que se hicieron a la bala que aparentemente causó la muerte del estudiante y no se determinó haya sido del arma de reglamento que para el momento portaba Carlos” reveló. Pero hay más irregularidades: la cadena de custodia, que es elemento probatorio que sustenta actas policiales, está viciada porque aparece firmada por una persona que ahora no reconoce esa firma; y el juez de control número 3 que manejó la etapa preparatoria dejó por fuera del pase a juicio algunos elementos importantes.
La burla
Carlos Ramos ya se conoce de memoria cada espacio del calabozo en el que permanece cada vez que tiene que acudir al Palacio de Justicia. La mañana del martes 13 de junio fue a su audiencia número 16. A la 10:00 a.m. fue trasladado desde su lugar de reclusión en el Sebin de Naguanagua y estuvo observando cada detalle que hay entre una pared y otra hasta las 2:30 p.m., cuando lo subieron a la sala 13 de juicio 1.
La celda no es tan pequeña. Mide tres metros por 10. Al menos se puede caminar en ella, pero no se puede respirar bien. No hay ventilación, solo una pequeña ventana cubierta por una lámina de hierro que tiene milimétricos huecos para que entre algo de aire y a los que hay que pegarse para poder ver el sol. Hace calor y siempre hay mal olor. El baño está compuesto por una simple letrina, solo eso. El único entretenimiento en el sitio es matar zancudos y pelear con las chiripas.
La cita estaba fijada para las 11:00 a.m. y el retraso obedeció a la tardanza en la llegada de la secretaria, y la única decisión que se tomó fue diferir la audiencia para el viernes 17 a las 11:45 a.m. El defensor considera que hasta ahora el juicio se ha celebrado en medio de una burla total.