Solo en el mes de junio de este año podemos contar protestas y saqueos de magnitud en Barinas, Táchira, Caracas, Carabobo, Nueva Esparta, Trujillo, Yaracuy, Anzoátegui y Aragua, todos ellos con saldos lamentables.
Ha destacado en la palestra pública la grave situación de Cumaná, en el estado Sucre, en la que se reportan más de 70 comercios destrozados, al menos 420 detenciones, decenas de heridos y 4 personas fallecidas; pero eso no es lo único grave que allí ha pasado. A los detenidos, entre los que hay justos y pecadores, se les mantiene incomunicados, se les niega su derecho a elegir su defensa, imponiéndoles defensores públicos, y para ellos, contra cualquier previsión legal, se habilitaron cuatro tribunales de control para que, en esas condiciones precarias, “sean escuchados”. Llama esto particularmente la atención porque una vez que una persona es detenida, lo que corresponde es presentarlo formalmente ante los tribunales, para que allí se decida si cabe precalificarles algún delito o no, qué tipo de procedimiento se le seguirá y si permanecerá privado de su libertad o bajo medidas cautelares. En esas audiencias de presentación, que así se llaman, también se les escucha, si es que los detenidos quieren hacer uso de su derecho de palabra, pero no existe tal cosa como un procedimiento judicial que solo sirva para “escuchar” a nadie.
Estas irregularidades deberían ponernos ya en guardia, pero para mal mayor, debemos sumarles otras situaciones que nos permitan tener una visión más amplia sobre qué es lo que puede estarse “cocinando” tras todo esto.
Justo esta semana Maduro, al referirse a estos acontecimientos, ya impartía la “orden” de que a los involucrados en estos eventos se les aplicara “la mayor pena que se pueda”. Cierto es que en muchos casos la violencia contra propiedades ajenas y contra nuestros semejantes, incluso la motivada (más no justificada) por la grave desesperación que se respira en el ambiente, ha sido la regla, y también es cierto que no pueden tolerarse tales excesos, pero de allí a aceptar que un presidente, sin atribuciones constitucionales o legales para ello, ya esté prejuzgando y adelantándole la línea al Poder Judicial, hay mucho trecho.
Además, ya comenzó la construcción de la “verdad oficial” sobre todos estos sucesos, y es por ello que el caso de Cumaná, con las irregularidades que antes denunciamos, nos llama tanto la atención. Hace unos días Maduro responsabilizó, no faltaba más, de los saqueos y de las protestas generalizadas a Voluntad Popular y a Primero Justicia, y en este caso, la cosa irá más allá de la simple retórica ¿Por qué? Porque solo en Cumaná (y hay muchos otros detenidos a nivel nacional) tiene el poder virtualmente secuestradas a más de 420 personas, privadas de su libertad y sin posibilidad alguna de aceptar una defensa que no le sea impuesta por el mismo gobierno. Todas están expuestas a abusos graves y pueden ser obligadas, en consecuencia, a decir cualquier cosa que al poder le convenga para apuntalar sus acusaciones. Más allá de que nadie puede juzgar al que, para recuperar su libertad en oprobios como el nuestro, se juega hasta la verdad, lo cierto también es que más de uno en estos acontecimientos la debe, y la teme, pues fue detenido saqueando no por hambre, sino por viveza criminal, así que todo apunta a que en los próximos días veremos a algunos, seguramente bajo coacción o ansiando su libertad, saldrán a “confesar” que participaron en las protestas o en los saqueos porque se los ordenó o se los “pagó” tal o cual opositor.
De estas “sumas” el resultado ya lo conocemos. Varios detenidos han relatado cómo se les exige, a cambio de “perdón”, que digan contra líderes opositores lo que es y, las más de las de las veces, lo que no es. Es una de las aviesas maneras en las que el poder en Venezuela busca deslastrarse de sus cargas, culpas y responsabilidades para ponerlas, cual es su costumbre, sobre los hombros de quien más le convenga.
@HimiobSantome