La estrategia política del gobierno de Venezuela en la Organización de los Estados Americanos (OEA) se ha venido convirtiendo en una suerte de hechos cada vez más incomprensibles, prestándose a sorna por su folclórico proceder, agregándole colorido a las interminables reuniones a las que están acostumbrados a participar los representantes de los gobiernos. Cuentan miembros de algunas de las Misiones allí acreditadas, que sus superiores han llegado hasta hacer apuestas tratando de adivinar qué nueva información errónea sobre la participación de Venezuela en la OEA se atribuirá el gobierno bolivariano para las próximas semanas.
La opinión pública ha podido apreciar cómo el Gobierno de Venezuela, cada vez que realiza alguna solicitud ante dicho organismo, aun cuando el resultado de esta termine siendo contrario a sus intereses, concluye calificándolo como “todo un éxito”, o como “decisiones históricas”. Hace unas semanas hicimos alusión a la solicitud presentada por el representante de Venezuela, de suspensión de la sesión del Consejo Permanente (CP) en la cual se discutiría la situación del país. Esta solicitud no solo fue denegada, sino que dio pie a que la sesión se alargara durante prácticamente todo el día. Sin embargo, a criterio de Venezuela, el resultado fue catalogado como una victoria.
El pasado 15 de junio la Canciller venezolana, durante su participación en la recién finalizada Asamblea General (AG) de la OEA en República Dominicana, anuncio que momentos antes se había dado “una votación histórica”. Según la funcionaria, en plena AG fue sometido a consideración de los países miembros del organismo, la solicitud hecha por Venezuela para que la conducta del secretario general Almagro fuera evaluada en el CP. A fin de reforzar dicha información, la Canciller acuso al funcionario de “exhibir una posición abusiva, ilegal y fraudulenta sobre Venezuela”. Igualmente señalo que su propuesta había recibido “apoyo mayoritario” de los gobiernos asistentes a la Asamblea… y que las atribuciones de Luis Almagro…serán revisadas el próximo 21 de junio…”
A pesar de estas afirmaciones, la convocatoria oficial de la presidencia del CP para la realización de un Consejo Permanente Extraordinario el día martes 21 de junio de 2016 a las 11:00 a.m., hace referencia a la solicitud presentada por la Delegación de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 15 de junio 2016, (documento # CP/INF. 7434/16) “con el objeto de recibir a los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos”. Nada dice el organismo sobre la existencia de una solicitud para analizar la presunta gestión fraudulenta del Secretario General, ni mucho menos refiere la existencia de alguna Resolución contentiva de un proceso de votación en contra del funcionario, como mencionara la jefa de la diplomacia venezolana.
Para agregarle otro ingrediente a esta peculiar diplomacia, el embajador de Venezuela ante la OEA ha calificado ante los medios de comunicación como “ilegalidad” que el Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien ha sido incluido en la convocatoria realizada por el Secretario General para discutir el próximo 23 de junio la situación de Venezuela, llegase a tomar el derecho de palabra en la OEA.
Olvida el embajador venezolano, que a diferencia de lo que ocurre en su país, en la OEA quien decide quién puede o no puede hablar, no es Venezuela sino el conglomerado de los gobiernos representados en la Organización, bajo un régimen de respeto y sumisión a sus normas internas.
Justo es reconocer que la política de desinformación, que a nivel internacional el país suramericano ha venido aplicando, no es ninguna novedad. Lo que si resulta novedoso es la idea que la diplomática venezolana ha compartido públicamente respecto a la naturaleza y atribuciones del Secretario General, en donde señala que este “es un órgano administrativo, que debe estar al servicio de los Estados”.
A estas alturas ya no se sabe si los comentarios de estos funcionarios venezolanos obedecen a puro interés de confundir a todo el mundo, o si son producto de la más manifiesta ignorancia. El caso es que siendo la Secretaría General el órgano central y permanente de la Organización de los Estados Americanos (Artículo 107 de la Carta de la OEA), el cual puede llevar a la atención de la Asamblea General o del Consejo Permanente cualquier asunto que, en su opinión, pudiese afectar la paz y la seguridad del Continente o el desarrollo de los Estados miembros (Art. 110 COEA) resultaría mucho más beneficioso para las autoridades de Venezuela entenderse con aquel, en términos de respeto y consideración como lo hacen los otros gobiernos, que de la manera brutal en que acostumbra a hacerlo. En definitiva, ni la OEA es UNASUR, que más parece esta un ministerio del gobierno venezolano, ni Washington es Nicaragua, razón por la cual lo que sucede en la capital del mundo se refleja como un lente en aumento por todas las regiones del planeta.
Seria penoso que en vez de discutirse algún día la actuación del Secretario General de la OEA, como quisieran las autoridades venezolanas, terminaran estas evaluadas en el organismo hemisférico por irrespetar la naturaleza internacional de las responsabilidades del Secretario General, y tratar de influir en el desempeño de sus funciones, como lo prohíbe la misma Carta (Art. 119 COEA).