Este jueves 23 de junio se llevará a cabo la reunión de esa organización para conocer el informe que, sobre la situación de Venezuela, presentó el Secretario General de la OEA.
Sin entrar a evaluar el contenido del mismo, consideramos pertinente hacer de su conocimiento la posición de nuestro organismo gremial.
En todas nuestras declaraciones sobre la situación país, hemos sostenido dos principios que son esenciales para los universitarios: el diálogo como instrumento para la solución de conflictos y el respeto al texto constitucional.
Por tales razones recibimos con beneplácito la resolución del Consejo Permanente de la OEA, adoptada por consenso, pues la misma promueve ambos aspectos al señalar:
“…identificar, de común acuerdo, algún curso de acción que coadyuve a la búsqueda de soluciones a su situación mediante un dialogo abierto e incluyente entre el Gobierno, otras autoridades constitucionales y todos los actores políticos y sociales de esa nación para preservar la paz y la seguridad en Venezuela, con pleno respeto a su soberanía.”
“… respaldo a las diferentes iniciativas de diálogo nacional que conduzcan, con apego a la Constitución y el pleno respeto de los derechos humanos, de manera oportuna, pronta y efectiva a la solución de las diferencias y la consolidación de la democracia representativa.”
Aunque la solución a la crisis que vive la nación depende de los venezolanos, no es menos cierto que contribuir a una solución pacífica y constitucional es de vital importancia para Venezuela y todos los países del continente.
Luego de esa resolución hemos constatado los siguientes hechos que contradicen los principios antes señalados.
1) Amenazas reiteradas hacia uno de los poderes del Estado, la Asamblea Nacional y miembros de su directiva.
2) Agresión física a diputados de la misma al dirigirse al Consejo Nacional Electoral.
3) Discurso agresivo, irrespetuoso e intolerante por parte del ciudadano Nicolas Maduro Moros hacia los opositores y su propia disidencia, que en nada favorece el diálogo.
4) Intimidación hacia las personas por ejercer un derecho constitucional, al avalar con su firma la convocatoria a un referéndum revocatorio. (Ej. Amenazas de Diosdado Cabello)
5) Despido de ciudadanos por haber firmado.
6) Actuación parcializada del organismo electoral dificultando, de diversas maneras, el ejercicio de dicho derecho:
· El retardo en la verificación de las firmas.
· Colocación insuficiente de capta huellas para la validación de las firmas y colocación de algunas en sitios de alto riesgo para los ciudadanos.
· Ausencia de centros de verificación en Municipios con alto volumen de firmantes ( Ejemplo Chacao y Baruta)
7) La represión de la fuerza pública contra todo tipo de protesta ciudadana con un saldo, hasta ahora, de 5 personas asesinadas por reclamar el derecho humano a la alimentación.
8) Fallecimiento de ciudadanos por carencia de medicamentos para la atención médica, en particular de ancianos y recién nacidos y negativa del gobierno nacional a aceptar la ayuda humanitaria.
Los exhortamos a evaluar la situación venezolana bajo el principio universitario de la búsqueda de la verdad y en particular tomar debida nota de los hechos antes mencionados que en nada contribuyen con la paz y la reconciliación nacional. Menos aún el tono del discurso de la canciller Delcy Rodríguez.
VENEZUELA REQUIERE UNA SALIDA CONSTITUCIONAL PACIFICA Y ELECTORAL