A casi tres meses de haber sido aprobada la Ley de Bono para Alimentación y Medicinas a Pensionados y Jubilados en la Asamblea Nacional (AN) su implementación sigue “en espera” por la definición de la fuente para su financiamiento, publica Panorama.
Hasta la fecha, alrededor de 3 millones de venezolanos reciben el beneficio de pensión otorgado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss). Las mujeres a partir de los 55 años y los hombres desde los 60 años.
Lo que parecía el primer encuentro de opiniones entre el chavismo y la oposición en el Parlamento, tras haber sido aprobada en primera discusión, el pasado 11 de febrero, con el apoyo “unánime” de los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y del Bloque de la Patria del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), se desmoronó al llegar al tocar el punto de la disposición de los recursos económicos.
El 30 de marzo, cuando volvió a la plenaria de la AN para su segundo debate terminó aprobándose, pero con el respaldo de la mayoría de la fracción de la Unidad, pues el chavismo alegó, en voz de su jefe de bancada, el diputado Héctor Rodríguez que esta propuesta de ley “no se atrevió a buscar el dinero” y que habían presentado tres planteamientos que al final no fueron tomados en cuenta.
El primero era incluir un artículo para que todas las clínicas privadas aceptarán a pensionados y pensionadas; el segundo, es que todas las instituciones privadas jubilaran igual que las públicas y el último que se incluyera un impuesto para los contribuyentes especiales así recoger los 500 mil millones de bolívares que se necesitan para cubrir este beneficio para los 3 millones de abuelos que hoy gozan de la pensión del Seguro Social.
Ahora bien, a pesar del rechazo de la representación oficialista, el Tribunal Supremo de Justicia, el 28 de abril, a través de la sentencia N° 327, le dio el visto bueno a este marco jurídico al declararlo “constitucional” y pidió que se presentara un plan financiero para su cumplimiento.
El economista y diputado por la MUD, José Guerra, fue quien explicó ante el hemiciclo que con esta propuesta no haría falta aumentar los impuestos, ni reducir gastos, pues con un bono de 12 mil bolívares durante siete meses de 2016, solo se le estaría restando al PIB (Producto Interno Bruto) el 0,58%.
Además planteó vender el 4,2% de las exportaciones petroleras en el Dicom y recortar a Petrocaribe 30 mil barriles de petróleo, de los 100 mil barriles que se entregan a diario, y venderlos en el mercado petrolero en 37 dólares por barril, ya que está claro que no se deben incrementar los tributos en una economía en recesión.
“Bajo este esquema el financiamiento sería el siguiente 81,9 % correspondería a la venta de divisas y el 18,1% correspondería al recorte de los recortes de Pdvsa y Petrocaribe, esto equivale al 100% del mes de junio hasta el mes de diciembre”, expuso Guerra en aquella oportunidad.
Ramón Lobo, parlamentario del Psuv por el estado Mérida, sostiene que el Bloque de la Patria “no está en desacuerdo con esa ley. Nosotros más bien buscamos la progresividad de los derechos que se van adquiriendo como el salario mínimo, los tres meses de aguinaldos, pero es un monto importante que supera el 25% del actual presupuesto y no se puede asumir un compromiso, sino se tiene cómo cubrirlo, como lo expresa la Constitución”.
Dijo que aún se está a la “espera” de que el Ejecutivo y la Asamblea definan la fuente de financiamiento.
Recordó la propuesta de crear un impuesto para los contribuyentes especiales “porque es una erogación bastante importante”.
“Habría que estudiarlo con el Seniat para evitar los efectos de las dobles tributaciones o recargar de impuestos a determinados sectores. No se puede generar leyes de alto impacto económico sin discutirlo con el Ejecutivo”, dijo.
En contraparte, el diputado Juan Pablo Guanipa señaló que la ley fue entregada con su estudio de impacto económico al Gobierno nacional.
“Éste lo envió al TSJ para que declarara su inconstitucionalidad, pero la respuesta que recibió fue que era constitucional, pero inviable por lo que le pidió a la Asamblea que revisara de dónde saldrían los recursos para poder pagarlo. Se volvió a hacer el estudio con distintas fuentes de financiamiento hasta que el Presidente de la República lo engavetó”, recordó Guanipa.
Sostiene que esa ley “ya debería estar promulgada por la AN, por su presidente y los dos vicepresidentes según lo contemplado por la Constitución”.
Cree que la nueva piedra de tranca sería su publicación en Gaceta Oficial.
“Ya sabemos como puede actuar el Presidente al decir que se le están usurpando funciones y no va a querer que el Parlamento lo obligue a sacar ese dinero para los jubilados y pensionados”, acotó.