A dos años de la injusta detención del periodista y dirigente juvenil de Alianza Bravo Pueblo, Ronny Navarro, la juventud de la tolda vinotinto exigió celeridad en el caso del preso político ya que el mismo presenta retardo procesal desde su injusto encarcelamiento.
Nota de prensa
Para mayores señas, Ronny Navarro se encontraba protestando pacíficamente en el campamento de la Plaza Alfredo Sadel, en el mes de mayo del año 2014. Navarro cuenta con dos causas abiertas, una de ellas, por obstrucción de la vía pública durante su permanencia en el referido campamento y la otra vinculada a la misma que se le sigue al alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, agavillamiento y conspiración para la rebelión.
El defensor del pueblo, Tarek William Saab, anunció que a Navarro se le concedería una medida humanitaria, debido a una fractura en su mano izquierda. Desde eso, han transcurrido 7 meses y aun no obtienen respuestas. Su esposa, Noelia Pérez, contó “nosotros queremos que el Sebin acate la orden, porque mi esposo tiene que ser operado cuanto antes. Es uno de los tantos presos políticos que tiene el gobierno”.
Por su parte, Adolfo Flores, Coordinador Nacional de Alianza Juvenil, expresó “está preso por pensar distinto, y eso en este país es un delito para el régimen abusivo que desgraciadamente nos gobierna. Queremos advertirle al sistema de justicia venezolana que Ronny Navarro ha recibido el apoyo y solidaridad de jóvenes de toda la región que se agrupa en la red latinoamericana de jóvenes por la democracia, quienes están al pendiente de la situación de injusticia a la cual ha sido sometido”, sentenció.
Asimismo, su esposa narró que cada 15 días, Ronny Navarro es sometido a una requisa donde le sustraen todas sus pertenencias, llegando en ocasiones a la agresión, por lo que deben llevarle ropa nueva. “Esto no debería ser, porque nosotros, sus familiares, tenemos derecho a verlo”.
Cabe destacar, que la causa supeditada a los campamentos se encuentra paralizada puesto que el juez a cargo renuncio y aún no designan uno nuevo. Hasta la fecha se han contabilizado 20 audiencias diferidas. En consecuencia, el Poder Judicial venezolano mantiene en pausa el caso.