Escribo estas líneas al terminar mi participación sobre el tema del hacinamiento carcelario en el foro – presentación del libro “Portafolio de Propuestas Penitenciarias”, escrito por el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones que dirige el abogado Humberto Prado. Esta obra no solo describe detalladamente los horrores del sistema penitenciario de nuestro país, sino que también presenta una serie de soluciones para que las cárceles venezolanas dejen de ser escuelas de delincuentes y se conviertan en centros de rehabilitación de reclusos que puedan reinsertarse con éxito en la sociedad.
La definición de la palabra “hacinar” en el diccionario de la Real Academia Española ilustra perfectamente lo que ocurre en el sistema carcelario de Venezuela. Hacinar significa “poner los haces (conjunto de porciones atadas de leña, hierbas u otras cosas semejantes) unos sobre otros”. También “amontonar, acumular, juntar sin orden”. Hoy nuestras penitenciarias son exactamente eso: depósitos de hombres que se encuentran amontonados sin ningún orden en antros violatorios de los DDHH. Para muestra tenemos lo que sucede en Tocorón (estado Aragua), cárcel que fue construida para albergar a un máximo de 750 presos, pero hoy conviven allí más de 7.000.
El hacinamiento es la causa principal del resto de los males del sistema penitenciario. Una cárcel atiborrada no puede tener espacios idóneos para la educación o el trabajo de los reclusos. La imposibilidad de tratamiento a los detenidos genera un gigantesco índice de reincidencia que se traduce en mayor criminalidad en las calles. El hacinamiento fortalece el poder de los denominados “pranes”, que aprovechan la falta de espacios para cobrar por asignar los pocos que existen. Esta situación impide también la necesaria clasificación de los reclusos entre penados y condenados. Asimismo, el hacinamiento propicia la violencia carcelaria (en los últimos tiempos han sido asesinados cerca de 400 presos por año).
Los calabozos de las comisarías de policía de los municipios y estados no escapan al problema del hacinamiento. Recientemente el Defensor del Pueblo reconoció que las estaciones policiales albergan hoy a unos 24.000 presos, de los cuales cerca de 2.000 son penados o condenados. Por ejemplo, solo la PNB de Boleíta en Caracas tiene unos 1.500 detenidos, cuando su capacidad real es para un máximo de 300. Los calabozos policiales solo deberían albergar a los detenidos por 48 horas, mientras el juez decide sobre la ratificación o no de la detención, pero hoy se han convertido en cárceles paralelas. Esto ha generado que cerca del 30% de los policías, en vez de estar en las calles protegiendo a la ciudadanía, se encuentren hoy custodiando y trasladando detenidos. Igualmente, la precaria infraestructura hace que las fugas en estos establecimientos sean muy frecuentes.
Dos son las causas principales del hacinamiento: el retardo procesal (mal funcionamiento del sistema de justicia) y el cierre y la falta de construcción de cárceles. En efecto, cerca del 70% de los reclusos se encuentra sin sentencia definitiva. Asimismo, en los últimos años se han cerrado varias cárceles (Sabaneta, La Planta, Coro, Los Teques y la de Cumaná, entre otras) y solo se han construido 2 o 3, esto a pesar de que en 2012 la ministra Iris Varela prometió levantar 24 penitenciarias, para lo cual se le asignó un presupuesto equivalente para la época a cerca de $348 millones. En el pasado también los exministros de Interior y Justicia, Jesse Chacón y Tareck El Aissami, ofrecieron la construcción de 15 y 25 cárceles, respectivamente, y prácticamente ninguna fue culminada.
La obra de Humberto Prado marca la ruta hacia el sistema carcelario que debe tener Venezuela. Hoy seguramente no existe la voluntad política para implementar las medidas allí señaladas, pero cuando cambien las circunstancias actuales, este libro servirá de guía para emprender la necesaria transformación penitenciaria en el país.
@luisizquiel