Las urgencias sociales asociadas a los desequilibrios económicos del país han desplazado al tema de la inseguridad como la gran preocupación de la gente. Esta inversión de jerarquía no responde a una experiencia de éxito en materia de seguridad ciudadana sino que, a perjuicio de todos, es consecuencia de los niveles críticos alcanzados en la escasez de alimentos y medicinas. En efecto, en Venezuela, y en Caracas en particular, los índicesrelacionados a la inseguridad –robos, secuestros, asesinatos y violencia despiadada convertidos en números que poco dicen de las angustias y temores corporales- no han descendido y ponen en evidencia una realidad que aunque se ha asimilado como “normal”, está lejos de los límites convencionales de la convivencia cívica.
En el caso del municipio Baruta, donde se ubican las zonas de mayor poder adquisitivo del Área Metropolitana de Caracas y una alta cantidad de locales nocturnos, la inseguridad se manifiesta especialmente en forma de secuestro. Así se demostró el pasado 23 de junio cuando alrededor de las cuatro de la tarde –a plena luz del día, como si la violencia ya no fuera un síntoma de oscuridad- cuatro antisociales se disponían a secuestrar a un habitante del sector Las Minas en el municipio Baruta. Durante el hecho, el patrullaje de la Policía municipal permitió capturar a los delincuentes involucrados después de una agitada persecución en la que resultó herida la víctima, que tiempo más tarde falleció en quirófano.
Un inocente muerto y cuatro malhechores puestos a la orden de la Fiscalía Pública y del eje oeste del CICPC es un saldo que no puede ser interpretado como una victoria: a los familiares de la víctima se les evitó un perjuicio material, pero se les infundió una pérdida irreparable; mientras que las probabilidades de que los transgresores capturados reciban un castigo proporcional al delito y una consecuente regeneración son muy bajas en un país en el que priva la impunidad, la incertidumbre institucional y el discurso conflictivo. Incluso si se sortea esto último y se consigue una penalidad justa, es poco lo que se habrá hecho por atacar las condiciones estructurales que inevitablemente bloquean cualquier esfuerzo municipal y local por hacer frente a la inseguridad.
Lo anterior no tiene como propósito desestimar la labor de POLIBARUTA ni de los planes municipales que se gesten en función de garantizar la seguridad en el territorio; al contrario, toda iniciativa es necesaria y aplaudida. Lo quesí se quiere es llamar la atención sobre la exigencia de tratar a la inseguridad como lo que realmente es: un problema complejo cuya fuente es de carácter nacional y que, en consecuencia, ha de ser tratado en todas sus dimensiones y por todos los actores involucrados –desde los actores político-institucionales de los distintos niveles de gobierno (nacional, regional y local) hasta los actores económicos, sociales y cívicos-.
La Alcaldía de Baruta no ha dejado de cumplir sus responsabilidades en materia de seguridad dentro del ámbito de sus competencias, diseñando planes como los de las Mesas de Seguridad –que promueven la organización ciudadana para prevenir y combatir el crimen-, el constante patrullaje, el fortalecimiento de la Academia de la Policía y la promoción del deporte en los niños y adolescentes de sectores populares. Estas experiencias han sido exitosas y han ayudado a mejorar la seguridad en el municipio; no obstante, se advierte que sin el debido tratamiento estructural del problema vendrán más secuestros como el ocurrido hace dos semanas atrás.