Desde la Asamblea Nacional en Comisión Mixta Especial, entre las comisiones de Cultos y Régimen Penitenciario y Política Interior, presidida por los diputados Richard Blanco y Delsa Solórzano, con la presencia del Presidente de la Casa Uslar Pietri, Antonio Ecarri, acordaron tratar las denuncias formuladas con anterioridad sobre el Cementerio General del Sur, en relación a la profanación de tumbas de quienes allí reposan, con especial atención a lo suscitado con los ex presidentes de la República de Venezuela, Rómulo Gallegos e Isaías Medina Angarita.
Nota de prensa
En consecuencia, Sonia Gallegos, hija de Rómulo Gallegos, declaró que Freddy Ñanez, ministro de cultura, en comunicación directa con ella, negó que la tumba de su padre hubiese sido profanada y que ellos se comprometían a restaurarlo todo, “es lo único que sé. Me gustaría hablar con Jorge Rodríguez, porque no soy la única que está pasando por esto”, indicó.
El parlamentario caraqueño Richard Blanco enfatizó que el Alcalde del Municipio Libertador, Jorge Rodríguez sigue negando la profanación de tumbas, por lo que, le recomendó leer el artículo 171 y 172 del Código Penal donde específica claramente el delito de profanación, “no se trata solo de extraer el cuerpo, sino de vulnerar el camposanto de esa persona”, en ese sentido, anunció que el cementerio debe cerrarse de manera temporal, “para la realización de operativos especiales, porque puede llegar a producirse una epidemia. Esto lo vengo denunciando desde años y hasta la fecha no han hecho nada, la situación en el camposanto ha empeorado y todo bajo la mirada complaciente de Jorge Rodríguez”, acotó con propiedad.
Entorno a lo expuesto, Antonio Ecarri exigió una reivindicación de la memoria de los ex presidentes, “el 60% de las tumbas del Cementerio General del Sur están profanadas, se está profanando la historia de Venezuela. Esto no solo ocurre con personajes de la historia. Esta es una situación dañina de la moral”, sentenció.
En base a ello, se conformó una Sub-comisión destinada a cerciorarse de lo que, desde hace unos años viene ocurriendo en el Cementerio General del Sur, la cual será presidida por el parlamentario caraqueño, Richard Blanco, quien aseguró que se encargarán de exigirle respuestas al Alcalde del Municipio Libertador, “a mí no me van a caer a coba, porque me conozco las 120 hectáreas del cementerio”, por ello, el alcalde Jorge Rodríguez deberá asistir el próximo miércoles a las 02:00 pm y el ministro de cultura, Fredy Ñanez a las 04:00 pm, a los fines de ser citados a dicha Comisión dando cumplimiento a la ley de comparecencia, donde estarán presentes los diputados Richard Blanco, Juan Pablo García, Delsa Solorzano, la hija del ex presidente Sonia Gallegos, y el presidente de la Casa Uslar Pietri, Antonio Ecarri.
Durante esta reunión la presidenta de la Comisión de Política Interior, Delsa Solorzano, leyó un comunicado solidarizándose con los familiares del ex presidente Rómulo Gallegos ante los hechos acaecidos en el Camposanto sobre la profanación del autor de Doña Bárbara, ya que se sintió afectada por las palabras expresadas por la hija de Gallegos, razón por la cual afianzó su compromiso con el esclarecimiento de lo suscitado en el cementerio.
Seminaristas de Mérida
Los diputados Delsa Solorzano, William Dávila y Richard Blanco unificaron criterios respecto a lo que algunos han calificado como un hecho dantesco, registrado en el estado Mérida, en la avenida Don Tulio donde unos seminaristas atacados por un grupo de colectivos se dedicaron a golpearlos y desnudarlos en la vía pública.
Por ello, el parlamentario William Dávila, solicitó una investigación profunda “por los hechos ocurridos el pasado primero de julio contra a unos seminaristas, los amenazaron con quemarlos vivos, esto es una violación a la dignidad humana, son además menores de edad”.
Por su parte, Richard Blanco, apuntó que “debemos reunirnos con los seminaristas porque son seres humanos y merecen respeto. El gobernador de esa entidad debe explicarnos porque permite que colectivos ataquen las regiones de nuestro país”. Además resaltó que la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario se encargará de investigar este caso y formular la denuncia. El diputado Juan Pablo García figura como presidente de la Sub-Comisión que regirá la investigación en el estado Mérida.