El desorden, la incertidumbre y la arbitrariedad se generan en grande parte por la inoperancia de la Fuerza Armada. De hecho, la violencia, la delincuencia organizada y el increíble número de asesinatos por habitantes son el resultado del fracaso notorio y confesado de los organismos de seguridad pública así como de la misma institución militar que ha claudicado en la defensa del territorio y la soberanía nacional. No en vano la frontera con Colombia y Brasil parecen zonas de distención donde grandes bandas paramilitares y guerrilleras actúan a sus anchas.
De ahí que no es errado afirmar que las Fuerzas Armadas han degenerado en una masa amorfa cuyo único potencial son las armas. El rasgo amoral, por demás indecente, de la élite militar sólo refleja el caos que el difunto Hugo Chávez inculcó durante su régimen y al cual Maduro sólo puede incentivar porque de eso depende su permanencia ilegítima en el poder. ¿Pero qué se podía esperar de esta gente indeseable si su carta de presentación fueron los golpes militares de 1992?
Las Fuerzas Armadas en pleno tercer milenio sólo tienen legitimidad en el marco de una sociedad democrática. Cuando ellas se alejan de los fines constitucionales del Estado de Derecho y Justicia Social se desfigura su sentido, en el sentido tradicional, y se convierten en brazos armados de los diversos proyectos o ideologías políticas. Lo cual es inaceptable. De ahí la importancia de normar constitucionalmente de manera incondicional el carácter apolítico, no deliberante y de absoluta sujeción al poder civil.
Eso fue entendido por el general Gómez cuando inauguró el 5 de julio de 1910 la Escuela Militar de La Planicie, superando así el siglo XIX en el cual Venezuela carecía de unas Fuerzas Armadas profesionales y sólo tenía los partidos armados como ejército que sólo preservaban los intereses individuales del gobernante de turno, como el Mariscal Falcón, Guzmán Blanco o Joaquín Crespo. Para entonces Gómez recibía más generales y coroneles que Ejército. El compadre andino que apartó a Cipriano Castro tiene pues el mérito de haber homogenizado, tecnificado y modernizado las patotas armadas del siglo que pasaba.
Así mismo, en la tradición constitucional se procuró la disciplina y los valores de la institución militar desde el mismo siglo XIX en el pleno fragor de la guerra por la independencia. Bolívar lo hizo en 1819 en Angostura y así se continuó en 1830 tras el cisma de la Gran Colombia, después en la Constitución de 1947 se encajó a la Fuerzas Armadas en el Estado Democrático en una doctrina inspirada principalmente por el Teniente Coronel Carlos Delgado Chalbaud. Así se continuó en la Constitución de 1961 manteniendo el carácter apolítico, no deliberante, obediente del poder civil y profesional de las Fuerzas Armadas.
Ya en pleno siglo XXI el arribo al poder de Hugo Chávez que había participado en 1992 de un gravísimo golpe militar contra el gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez significó para el inicio del desmantelamiento no sólo del Estado de Derecho y de la República misma sino también de las Fuerzas Armadas. Y es que desde 1999 inició un peligroso proceso de politización de la institución militar que al final la ha convertido en un simple ejército de ocupación cuyos oficiales mayoritariamente permanecen indiferentes a la tragedia del país y han sido contaminados por los vicios de corrupción y narcotráfico.
Por si fuera poco, la cúpula militar, que al parecer es inamovible para Maduro debido a sus propios miedos y al estado de fragilidad en el que se encuentra el régimen que heredó, insiste en repetir el galimatías del socialismo del siglo XXI como doctrina institucional de las Fuerzas Armadas. Así podemos oír los abultados discursos del pseudo filósofo Vladimir Padrino López, ministro de la defensa, y de los demás altos mandos. Esa especie de línea editorial que sólo tiene como finalidad sembrar terror y desaliento no ha contribuido nunca a la paz social, allana sí el camino para la confrontación y para la parcialización de los hombres armados a favor de un sistema que nos conducido a la peor calamidad de nuestra vida republicana y que ya se sostiene sólo sobre los fusiles.
La Fuerza Armada Nacional debe ser sometida a un proceso de “civilización” y “constitucionalización”, porque han sido situadas al margen de la ley y de la historia. Como ya se ha dicho, deben volver a sus cuarteles y someterse al poder civil, abandonando para siempre el discurso partidario. Más, deben colaborar en el restablecimiento del Estado de Democracia y Justicia Social que la Constitución “vigente” establece en su artículo 333 y que en modo alguno puede entenderse bajo el concepto del golpe de estado tradicional.
Los militares tienen la obligación de imbuirse nuevamente en los valores de la sociedad democrática que recibieron desde 1958 cuando se le había puesto fin al caudillismo militar que tanto espacio ocupó en el primer siglo de nuestra nación.
La realización de una Asamblea Constituyente que refunde a la República de Venezuela será la garantía para que los atroces paisajes que hoy desdibujan a las Fuerzas Armadas nunca más se repitan. La desarticulación de esa guerrilla que se llama la “Milicia Nacional” es imperativo para el nuevo gobierno que más temprano que tarde se establecerá.
La sociedad venezolana agobiada por una crisis humanitaria sin precedente reclama de la oficialidad militar coherencia y responsabilidad. No pueden seguir actuando como fuerzas del terror. La horda de delincuentes que secuestró a Venezuela debe ser echada para que comience a caminar el nuevo futuro y la severidad de la justicia y la historia caiga con quienes nos han causado tanto daño.
Robert Gilles Redondo