En todos sus puntos y con otros añadidos, la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Bolívar declaró sin lugar la apelación de la sentencia contra el director de Correo del Caroní, David Natera Febres, a raíz de la cobertura informativa que hizo este medio en 2013 sobre el caso de corrupción en CVG Ferrominera Orinoco.
Fue el 11 de marzo cuando el Tribunal Penal Sexto de Juicio, encabezado por Beltrán Javier Lira, sentenció a Natera a cuatro años de cárcel por difamación e injuria continuada.
Tal difamación y tal injuria se remontan a 2013, cuando Correo del Caroní informó sobre un caso de corrupción en Ferrominera Orinoco en la que estuvo involucrado, entre otros, Yamal Mustafá, empresario y dueño del diario Primicia, de Puerto Ordaz. Mustafá goza de libertad plena tras el sobreseimiento de la causa en su contra por el Tribunal Noveno de Control del Área Metropolitana de Caracas, en diciembre de 2015.
Unos días antes de su detención por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Mustafá introdujo la demanda. Poco importó que su nombre volara de las altas esferas económicas locales a los listados de ese desfalco. Y que, además, no solo fuese Correo del Caroní el medio que publicara el caso.
Tampoco importó que el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, mencionara el caso y a sus implicados, o que el ministro de Industrias de entonces, Ricardo Menéndez, pidiera el saneamiento estructural de la empresa. Para nada. El empresario, una de las fichas de la red de sobornos que se tejió en el negoción de tráfico de mineral de hierro, demandó igualmente.
En la dispositiva, del 15 de julio, se añaden nuevos elementos a la sentencia, incluyendo la inhabilitación política y el sometimiento a vigilancia
En el fallo, los cuatro años de cárcel contra David Natera, la prohibición de salida del país y la presentación cada 30 días no bastaron. La dispositiva del documento detalla, además, la inhabilitación política y la sujeción a vigilancia por una quinta parte del tiempo de la condena.
“Publíquese, diarícese y regístrese” es el colofón del escrito. Los que firman: Gilda Mata Cariaco, jueza presidenta de la Corte de Apelaciones; Gilberto José López, juez superior ponente; Jorge Carlos Méndez Villalba, juez superior y Gilda Torres, secretaria.
El abogado defensor de Natera, Morris Sierraalta, tildó la ratificación de barbaridad por una razón: el tribunal declaró toda la apelación sin lugar. Por tanto, todos los motivos para cuestionar la primera sentencia siguen vigentes.
El próximo paso, entonces, es la casación, recurso que introducirá la defensa. “Como la sentencia no está firme todavía porque el proceso no ha terminado y David Natera goza de presunción de inocencia porque ninguna sentencia está firme, se abre el lapso para intentar recursos de casación”, expone.
Para ello acudirán a la Corte de Apelaciones, en Ciudad Bolívar, y “una vez que el tribunal reciba ese recurso, está obligado a enviarlo a la Sala de Casación Penal del TSJ, que 15 días lo admite o lo inadmite”.
¿Buenas expectativas? Francamente, responde Sierraalta no, debido al “tinte de esta causa, que podría atreverse a inadmitir el recurso. Además, tenemos los últimos antecedentes”.
¿Para qué hacerlo, entonces? Una vez agotados las instancias y los recursos en Venezuela, la defensa podrá acudir a instancias internacionales. Los abogados, entonces, harán su parte.
Hicieron su parte, también y en aquella oportunidad, instituciones locales, nacionales e internacionales que repudiaron la sentencia por visualizarla como un burdo intento de censura.
En ese momento, la CIDH recordó que “la prensa tiene el derecho de informar sobre asuntos estatales y de interés público”, mientras que el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) observó que la sentencia es un aval a favor de la censura.
Transparencia Venezuela cuestionó el uso de la legislación venezolana para castigar la verdad informativa y Espacio Públicoaprovechó y exigió respeto en nombre de todos los medios.
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