El día anterior a que me mandaran a la cárcel política conocida como el Sebin, había colgado el teléfono con María Corina Machado y Diego Arría. Discutíamos un documento que, finalmente María Corina no suscribió, que rechazaba el trío de expresidentes escogidos por el Presidente Nicolás Maduro para servir de buenos oficiantes ante la oposición.
El documentos se publicó y lo suscribieron tres docenas de personalidades, entre los que recuerdo estaban Nitu Pérez Osuna, Diego Arría, Carlos Ortega, Milos Alcalay, Napoleón Bravo, Carloina Jaime Branger, Manuel Malaver, el hijo del general Raúl Isaias Baduel, entre otros. Y yo, por supuesto, firmé.
Al día siguiente, un policía que me vigilaba bajo mi condición de “Casa por Cárcel”, tocó el tiembre de mi apartamento y me dijo que tenía una boleta que revocaba esta medida de “Casa por Cárcel” y ordenaba un traslado a la sede de la Policía Política.
Decía la orden un disparate que intentaré explicar: Que el preso -o sea yo- se había negado a ir al Tribunal, dándose así el único caso en el planeta en que un preso puede más que sus custodios armados. Pero bueno, no ahondemos en pendejadas.
Lo cierto era que me convertía yo en el primer preso del diálogo y en el primero reo de Zapatero, Fernández y Torrijos. Nadie dudará de esto.
Sin duda nadie, y menos un editor de medios como es mi caso, se opone al diálogo. Yo en cambio, me oponía -y me opongo- en que hagamos el papel de “gafos”, que es una cosa muy vergonzosa. Si el presidente Maduro escogía a sus representantes, que de facto son estos tres ex presidentes, nadie entiende por qué en esa mesa no están también el presidente Óscar Arias, Pastrana o Chinchilla.
El diálogo no puede esconder lo obvio, que es que todos queremos una solución electoral. En cualquier parte del mundo, unos gobernantes con gente aullando por hambre, con una inflación que alcanzará el 2000% el próximo año y donde se ha tenido que recurrir a la FANB para entregar la responsabilidad de administrar alimentos -que no existen- hubieran abandonado el gobierno y se hubieran instalado en una esquina con una pandereta y una guitarra a pedir limosna. Pero no es el caso aquí.
El tema electoral no puede negociarse porque eso es constitucional. El referendo no pertenece ni a Capriles ni a Maduro, sino al país. Está en la Constitución de 1999.
Lo que salvaría al país sería un gobierno transitorio de Unidad Nacional entre opositores, chavistas y sociedad civil que lleve al país a una Constituyente que purifique el Estado.
Pero como lo que tenemos es lo que tenemos, si los dialogantes logran que se hagan unas elecciones generales donde todo el mundo (gobierno, diputados, presidentes) se midan, ni siquiera haría falta el referendo.
Ahora bien, si los tres presidentes elegidos por Maduro, los representantes de la OEA y el Vaticano logran que el referendo esté entre el punto principal de la agenda, se habrá ganado.
Después olvídense si el referendo es este año o en enero de 2017. Porque aun siendo en enero de 2017, olvídense de ese cuento que asumirá Aristóbulo, porque el propio chavismo hará dimitir al gobierno en pleno y como decía Poleo “se murió el ahijado por el que eramos compadres”.
Escribo estas líneas a mano desde el calabozo que se me impone por haberme opuesto a Zapatero y sus acompañantes, así que alguna autoridad deben tener estas líneas.
Cuando Leocadio Guzmán fue expulsado de Venezuela por una decisión política, cuenta el hábil escritor Herrera Luque, que su hijo Guzmán Blanco le miró llorando ante lo que Leocadio le gritó amarrado en medio de sus carceleros: “Hijo no llores, pronto nos vemos. Estos hijos de putas políticos son muy cambiantes”.