Organizaciones internacionales de derechos humanos ratifican el carácter violatorio del proceso judicial contra el dirigente político venezolano y Preso de Conciencia, Leopoldo López,, quien se encuentra detenido desde hace más de dos años en la cárcel militar de Ramo Verde.
Nota de prensa
Tal es el caso del Director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien asegura que el juicio contra el dirigente de Voluntad Popular, es “una aberración jurídica, que debe ser rechazada por cualquier persona decente con un mínimo entendimiento sobre qué es un Estado de Derecho” y que al mismo tiempo, “se da en un contexto de gravísimo deterioro de los derechos humanos en Venezuela”.
Vivanco, destacó que la persecución contra líderes políticos opositores es una evidencia de la debilidad de los gobiernos que hacen uso de ella y descalificó el trato vejatorio en contra de la familia López. “Cuando los gobiernos se esmeran en fabricar casos contra sus opositores políticos, le revelan al mundo cuán débiles, temerosos y corruptos son. No dejamos de horrorizarnos ante la letanía de abusos que López y su familia sufrieron y sufren desde hace más de dos años”.
Así mismo, insistió en que debe darse la libertad de todos los presos políticos venezolanos. “No es casual que ante esta seguidilla de abusos, el caso de López haya suscitado una enorme atención internacional, actores latinoamericanos y de España, observadores de derechos humanos de Naciones Unidas y del sistema interamericano, hemos solicitado la inmediata e incondicional liberación de López, está injusta y arbitrariamente detenido y debe ser puesto en libertad de inmediato”.
Para el líder de la tolda naranja, los pronunciamientos de dichos actores internacionales representan un cambio en la “percepción y posición de la región frente a los hechos antidemocráticos que ocurren en Venezuela”. En su libro “Preso pero Libre”, López asegura que “los presos políticos y nuestras familias pagamos el costo de estar encarcelados, pero Maduro y el Gobierno venezolano están pagando un alto precio al verse cuestionados en todo el mundo por sus prácticas represivas y antidemocráticas”.
Todo el proceso judicial contra López, considerado por él como “un juicio político cuyo formato se repite para todos quienes nos atrevimos a denunciar la corrupción e incompetencia de este Gobierno y reclamar la democracia y la libertad de Venezuela”, estuvo caracterizado por la violación del derecho al debido proceso, no se le permitió testigos a la defensa y se emitió una condena sin pruebas ni testigos que la sustentaran.