“La emergencia humanitaria en alimentación y salud en Venezuela, es la causa del incremento de la protesta por parte de una población que exige soluciones ante las difíciles condiciones de vida y de trabajo a que está sometida. La determinación del gobierno nacional de optar por la represión a la justa protesta popular, es una confesión de su incapacidad y su indisposición a resolver los graves problemas sociales. Más grave aún resulta que el gobierno cuente para este despropósito, con los Tribunales responsables de impartir justicia”.
Así lo manifestó la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) en su cartelera informativa dirigida a la comunidad universitaria y a la opinión pública nacional e internacional, este lunes 8 de agosto de 2016.
“Rechazamos la sentencia 00840 del 27 de julio de 2016 de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la cual declara improcedente la suspensión de la Resolución 008610 del Ministerio de la Defensa (Gaceta Oficial N° 40.589del 27-01-15) solicitada por la diputada a la Asamblea Nacional Delsa Solórzano, en virtud de que dicha Resolución autoriza el “uso de la fuerza potencialmente mortal bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal” para “evitar desórdenes”.
“La mencionada Resolución es anticonstitucional. La CRBV, en su Artículo 68, prohíbe expresamente el uso de armas de fuego y gases tóxicos para reprimir protestas; en su Artículo 329 excluye al Ejército, la Armada y la Aviación de funciones de control de orden público, para las cuales solamente permite la actuación de la GNB; y en su Artículo 332 establece que “los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos sin discriminación alguna”.
“Mal puede el TSJ ratificar una Resolución que viola tan flagrantemente la Constitución al dejar a criterio de militares en funciones represivas la decisión acerca de la pertinencia del uso de armas mortales para reprimir el justo descontento del pueblo venezolano”.
“Rechazamos igualmente, la judicialización del ejercicio del derecho político y ciudadano a la protesta y denunciamos que el pasado 02 de agosto la Policía Estadal de Guayana visitó la sede de la UNEG-Villa Asia, para entregarle al Profesor RAÚL BRITO, Presidente de APUNEG y miembro de la Junta Directiva de FAPUV, una citación de la Fiscalía por la actividad de protesta profesoral realizada el 01-07-2016.
“Dicha protesta consistió –explican- en un acto simbólico en el cual se representó a la cuarteta rectoral en un juicio popular y académico de desagravio, ante tres años de silencio cómplice respecto a los actos vandálicos del 01-07-2013, en los cuales profesores universitarios que realizaban un ayuno de protesta, fueron atacados con objetos contundentes, con grave riesgo de su vida, por parte de un grupo de violentos que además quemaron oficinas de la Asociación y un vehículo del Profesor Raúl Brito”.
“Que el gobierno tome el camino de la represión física o judicial sólo tendrá el efecto de aumentar el descontento de la población y no va a resolver ningún problema. Desde FAPUV, una vez más:
Reivindicamos el derecho legítimo a la protesta pacífica, rechazamos el uso tanto de las armas de fuego como de los tribunales para impedir la expresión del malestar del pueblo venezolano y nos solidarizamos con la Asociación de Profesores de la UNEG y con su Presidente
Por último, “llamamos a todas las organizaciones no gubernamentales, gremiales, sindicales, vecinales y de derechos humanos a defender en las calles y en unidad nuestros derechos constitucionales a la protesta, la alimentación, la salud, el trabajo decente y la vida”