Venezuela podría perder su derecho a voz en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas si el Subcomité de Acreditación de Instituciones Nacionales para la Protección de los Derechos Humanos ratifica en octubre la recomendación que hizo ayer sobre degradar a la Defensoría del Pueblo a clase B. Además, la propia Defensoría perdería la voz y el voto ante el Subcomité, de acuerdo con los estatutos, reseña El Nacional.
El riesgo en que entraron Venezuela y la Defensoría es consecuencia de la evaluación negativa de las gestiones de la ex defensora del pueblo, Gabriela Ramírez; su sucesor, Tarek William Saab, y de la institución en sí misma, que según el Subcomité, han sido incapaces de “hablar alto y claro” en defensa de los derechos humanos. Así lo señala un informe publicado ayer por el Subcomité, que recoge un seguimiento que se le hizo a la institución desde 2013.
La institución ha estado bajo observación porque el Subcomité consideró en 2013 que había aspectos sobre su funcionamiento que no se apegaban a los estándares internacionales recogidos en los denominados Principios de París, entre ellos el procedimiento mediante el cual fue elegida Ramírez para el cargo.
Ramírez, reprobada. Al evaluar la gestión de Ramírez, el Subcomité señala que sus acciones y omisiones tuvieron un impacto en la imagen y cultura institucional del organismo: “La gravedad de tales acciones e inacciones repercute en la imparcialidad e independencia de la Defensoría. Como resultado, la capacidad de la Defensoría para llevar a cabo su mandato de protección de los derechos humanos, en conformidad con los Principios de París, se ha visto comprometida”.
Agrega que tal situación ha sido arrastrada hasta el presente: “La Defensoría como institución continúa siendo responsable de las acciones e inacciones de la antigua defensora (…) Como resultado de la conducta de la Defensoría, la institución puede no percibirse como independiente del presidente y del gobierno, y sí demasiado tolerante con asuntos de derechos humanos que preocupan al secretario general de la ONU, al Alto Comisionado para los Derechos Humanos y al Parlamento Europeo”.