Turquía promulgó el miércoles un decreto por el que abre la puerta a conceder la libertad condicional a 38.000 reos, según anunció el ministro de Justicia, en un aparente intento de reducir la población penal para hacer sitio a las miles de personas detenidas durante la investigación del fallido golpe de Estado de julio. AP
El decreto permite la liberación de presos con condenas de dos años o menores y hace que aquellos que hayan cumplido la mitad de sus penas puedan optar a la libertad condicional. Pero no todos pueden acogerse a esta medida, personas culpables de asesinato, violencia doméstica, abusos sexuales, terrorismo u otros delitos contra el Estado están excluidos.
La medida no se aplicará a los delitos cometidos después del 1 de julio, lo que incluye a cualquier condenado más tarde por su participación en el alzamiento.
El ministro de Justicia, Bekir Bozdag, dijo en su cuenta de Twitter que esta medida supondrá la liberación de unas 38.000 personas. Insistió en que no se trata de un indulto o una amnistía sino de una liberación condicionada de reos.
Según el gobierno, el golpe, que causó al menos 270 muertes, fue perpetrado por seguidores del movimiento del clérigo musulmán Fethullah Gulen, autoexiliado en Estados Unidos, que habría penetrado en el ejército y en otras instituciones estatales. Gulen negó haber tenido conocimiento de los planes golpistas o su participación en él, pero Ankara solicita a Washington su extradición.
Turquía declaró el estado de emergencia y lanzó una gran ofensiva contra los seguidores de Gulen tras la rebelión. Unas 35.000 personas fueron detenidas para ser interrogadas, de las que más de 17.000 — entre las que hay soldados, policías, jueces y periodistas — están arrestadas formalmente a la espera de juicio.
Decenas de miles más, supuestamente vinculadas al movimiento de Gulen, perdieron sus empleos como funcionarios en sectores como la judicatura, medios de comunicación, educación, sanitad, ejército y gobierno local.
En otro decreto, también publicado el miércoles, el gobierno cesó a 2.300 funcionarios más de la policía, además de otros 136 militares y 196 empleados en su agencia de tecnologías de la información.
El gobierno dio además luz verde a la fuerza aérea para contratar a nuevos pilotos o readmitir a los que renunciaron o fueron expulsados tras el alzamiento para sustituir a los detenidos o cesados por su supuesta participación en el golpe o por vínculos con Gulen.
La represión lanzada por Ankara despertó preocupaciones entre los países europeos y organizaciones de derechos humanos, que han pedido moderación al gobierno turco.