Es difícil encontrar comida. Muchas veces es imposible, pues luego de hacer largas y agotadoras colas para comprar alimentos el ciudadano se encuentra con la frase más repetida en los expendios de productos de primera necesidad: “no hay”. La escasez ya forma parte de nuestra cotidianidad, pero al tratarse de un derecho no podemos acostumbrarnos ni asumirlo como normal. La norma, de rango constitucional, apunta hacia la obligación (insistimos, obligación) del estado de garantizar la seguridad agroalimentaria.
Los padecimientos de los venezolanos por falta de alimentos son inocultables. No porque a diario percibamos a las personas más flacas. Los efectos del hambre y la malnutrición son extremadamente graves: el subdesarrollo de las células cerebrales, la mayor vulnerabilidad a las enfermedades, incluido (VIH/SIDA), las deformidades físicas y la ceguera no son sino algunos de esos terribles efectos.
Es tan grave la situación que el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, afirmó su preocupación por la violación a los derechos económicos, sociales y culturales. “Estoy muy preocupado por la situación actual, en la que las necesidades básicas no pueden ser cubiertas, como la comida, el agua, la sanidad, la ropa, no están disponibles. Eso crea una crisis humanitaria en Venezuela.”
A pesar del hambre que se está padeciendo en Venezuela y los señalamientos del Secretario General de la ONU, el cinismo gubernamental no se hizo esperar. El embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Rafael Ramírez, calificó de extrañas las declaraciones de Ban Ki Moon, y alegó que Venezuela mantiene muy buenas relaciones con él. “Nosotros lo hemos apoyado muchísimo. No sé de dónde saca Ban Ki Moon esas cifras y esas aseveraciones, las oficinas de las Naciones Unidas en Venezuela, los que están en el territorio, nos han dicho que eso no es verdad, que aquí no hay una crisis de esa magnitud.”
Por lo visto, a Rafael Ramírez se le olvidó que el Secretario General de la ONU no debe ser tratado como un camarada o un funcionario más adscrito al Poder Ejecutivo o al PSUV. El artículo 100 de la Carta de la ONU describe la conducta que debe preservar el Secretario General: “En el ejercicio de sus funciones, el Secretario General y el personal no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organización.”
El hecho que Venezuela, en teoría, mantenga buenas relaciones con la ONU, no le permite a su Secretario General hacerse cómplice, ni por acción ni por omisión, de las violaciones de derechos humanos que estamos sufriendo los venezolanos por falta de alimentos suficientes en términos de oportunidad, cantidad y calidad.
Al parecer, el embajador Ramírez también olvidó el compromiso del Secretario General expuesto en su Programa de Acción Quinquenal, el 25 de enero de 2012, en el cual promueve un enfoque de prevención para los derechos humanos mediante la elaboración de un marco normativo que determine los elementos básicos necesarios para prevenir violaciones de los derechos humanos; el establecimiento de una matriz de prevención que registre los progresos y las deficiencias en el uso de una gama de instrumentos de derechos humanos y la promoción del programa sobre la responsabilidad de proteger.
El derecho a la alimentación debe ser garantizado mediante la ejecución de políticas públicas coherentes, encaminadas a erradicar el hambre y la malnutrición. Y tales políticas deben ajustarse a los principios de participación, rendición de cuentas, no discriminación, transparencia, dignidad humana, empoderamiento y el Estado de Derecho.
El gobierno venezolano no cumple con la obligación de respetar. El gobierno no debe privar arbitrariamente a las personas del derecho a la alimentación, ni dificultar su acceso a los alimentos. La obligación de respetar el derecho a la alimentación es una obligación negativa, puesto que supone un límite del ejercicio del poder por el Estado que pudiera amenazar el acceso de la población a los alimentos.
Venezuela tampoco cumple con la obligación de proteger. El gobierno debe promulgar y aplicar leyes para evitar que personas u organizaciones poderosas conculquen el derecho a la alimentación. En otras palabras, acabar con el “bachaqueo” y garantizar el acceso a los alimentos.
El decreto presidencial que activó la Gran Misión Abastecimiento Soberano, publicado en Gaceta Oficial el 12 de julio, es un fracaso. El decreto viola la obligación de proteger que exige la regulación a los agentes no estatales, especialmente las empresas o las personas que, como los colectivos, puedan amenazar el derecho de otras personas a la alimentación. El decreto señala que esta actividad será coordinada por un Comando Nacional, que le permite la participación de los colectivos. Por una parte, los ya conocidos Comités Locales de Abastecimiento y Producción, y por el llamado Frente Francisco de Miranda.
El gobierno debe cumplir, sin cortapisas, la obligación de satisfacer el derecho a la alimentación. Tiene la obligación de realizar (hacer efectivo) ese derecho directamente, cuando un individuo o un grupo sea incapaz, por razones que escapen a su control, de disfrutar del derecho a una alimentación adecuada por los medios a su alcance.
Como corolario de esa obligación, el gobierno debe apartarse de la arrogancia expresada por algunos voceros gubernamentales, que niegan la posibilidad de ayuda humanitaria procedente del exterior.
En su obsesión por mantenerse en el poder, el gobierno de Nicolás Maduro se olvidó de garantizar a cada persona, a título individual o como parte de un grupo, el acceso permanente y seguro a dietas que sean adecuadas desde el punto de vista nutricional, producidas de forma sostenible y culturalmente aceptables.
Es una vergüenza que en Venezuela muera gente de enfermedades relacionadas con el hambre y la malnutrición, que las personas estén enfermándose de la vista como consecuencia de una carencia de vitamina A, y no se consigan alimentos suficientes para llevar una vida normal.
Presidente Maduro, no siga el ejemplo de Mengistu Haile Mariam, (el Negus Rojo), aquel dictador etíope cuya gestión interna estuvo marcada por una colectivización de inspiración soviética, hambrunas masivas que provocaron cerca de un millón de muertos, de las que se le responsabilizó directamente, y una constante represión de la disidencia.
El Estado venezolano está obligado por los tratados de derechos humanos y podría ser declarado jurídicamente responsable por la obstrucción deliberada de ayuda humanitaria internacional o el bloqueo intencional del acceso a los alimentos.
@jesusollarves